Una nueva cruzada medieval de la Iglesia

La presión que la Iglesia Católica de La Pampa está ejerciendo sobre los senadores para que voten en contra del proyecto de ley que busca autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en el país merece, por lo menos, un espacio de reflexión, además de su rechazo. Hay un par de frases en el documento que el obispo local y una veintena de sacerdotes firmaron -y que fue publicado en Internet- que provocan preocupación e indignación pues no parecen producto de mentes del siglo XXI sino del medioevo. Una expresa que si los legisladores votaran a favor de la norma afectarían "seriamente el futuro de la provincia". La otra remarca que "reconocemos que (los homosexuales) tienen derecho a reclamar que se los considere como ciudadanos".
Esa presión ya parece haber tenido efecto en la Cámara Baja, porque más allá de que la ley obtuvo media sanción, dos de los cinco diputados pampeanos se pronunciaron en contra. Ahora, la indefinición y el silencio público de los senadores ayuda a que el lobby adquiera más fuerza. A propósito, ¿puede pensarse seriamente que los senadores no tengan una postura tomada, en un tema tan profundo, a dos días de su tratamiento? ¿Nunca antes reflexionaron o se plantearon si están a favor o en contra de que dos seres humanos del mismo sexo puedan casarse?
En cuanto a las expresiones de la Iglesia, debe decirse que una cosa es el derecho de cualquier sector de la sociedad a opinar y reclamar ante los representantes del pueblo, y otra muy diferente es colocarse en una situación de superioridad frente al resto -cuando la propia Constitución Nacional expresa que todos los argentinos son iguales ante la ley- y querer determinar quién puede o no asumir plenamente la condición de ciudadano.
Contrariamente a la preocupación que muestra por esta votación, la jerarquía eclesiástica pampeana no se ha mostrado tan inquieta, en las últimas décadas, por cuestiones mucho más trascendentes para el "futuro de la provincia". No se la ha escuchado hablar de manera tan contundente sobre los funcionarios corruptos, la extranjerización de la tierra, los altos índices de incumplimiento en el pago de las cuotas alimentarias, la explotación laboral que ejercen muchos de sus feligreses, las necesidades básicas insatisfechas de parte de la población... por no hablar de otros temas, como las denuncias que se multiplican en el mundo sobre sacerdotes pedófilos o las investigaciones de la justicia italiana sobre el Instituto para las Obras Religiosas -conocido popularmente como el Banco del Vaticano- por presunto lavado de dinero ilícito.
Aunque la grey católica sea mayoría en la Argentina, y la propia Carta Magna prevea que el gobierno federal debe sostenerla económicamente -lo que a todas luces resulta discutible e inequitativo-, no puede arrogarse la potestad de decidir por todos. Puede exigirle a sus fieles determinadas conductas o comportamientos, pero no a toda la sociedad en donde hay judíos, ateos, protestantes, musulmanes y muchos otros credos o filosofías.
El documento agrega, en otro párrafo, que "constatar una diferencia real no es discriminar". Una diferencia real también es que un discapacitado no camina y que los hijos de una familia numerosa y desempleada muchas veces no come. Porque, aún con infinitas objeciones, los gobiernos aún mínimamente buscan incluir a los lisiados con la construcción de rampas en lugares públicos y privados, y acercarles un plato caliente a los pobres e indigentes a través de planes sociales.
El Obispado, en cambio, apuesta a que su dogma prevalezca sin objeciones sobre todo el cuerpo social y que todo el que no comulgue con él se resigne a ser un ciudadano de segunda con sus derechos vulnerados y sometidos a la "ley" de una religión que no profesa.