El rol del Estado

El revuelo armado por los dirigentes de la Mesa de Enlace en medio de la discusión sobre el mercado del trigo argentino reavivó el debate sobre el papel que debe jugar el Estado como regulador de las actividades económicas nacionales. Una vez más, grandes y pequeños productores pusieron en blanco sobre negro los intereses que defiende cada uno, mientras desde el gobierno se dejó en claro que se puede y que se debe intervenir toda vez que sea necesario para equilibrar fuerzas entre los más poderosos y los más débiles, con el objetivo final de que los poderosos no sean más poderosos aún y que los débiles sean menos débiles de lo que son.
Esta particular forma de hacer política, trasladada hacia otros ámbitos, ha demostrado afectar los mismos intereses, es decir, los de los que más tienen. Sin ir más lejos, vale como ejemplo lo ocurrido con la Ley de Medios, en donde el gobierno nacional no hizo más que tratar de dar más y mejores posibilidades a los que menos acceso tienen. En este caso, desde aún antes de que saliera a la luz el proyecto surgieron de inmediato las otras voces, las de los grandes grupos, temerosos de no poder seguir siendo tan poderosos como lo siguen siendo hasta este momento.
Si se profundiza un poco, se terminará por ver que en realidad es toda una misma y única batalla, donde los que baten el parche de los cuestionamientos terminan siendo parte un mismo monstruo con muchas cabezas. No es casualidad que unos y otros sean socios, los grandes grupos económicos de los medios y los grandes grupos económicos del campo, que se retroalimentan unos a otros. Son los que hacen de punta de lanza en la oposición al gobierno y los que dan aire en radio y televisión, y tapas en los diarios, para multiplicar la defensa de sus intereses sectoriales. Esos mismos medios son los que no disponen casi de espacio y tiempo para mostrar las realidades que les interesa ocultar porque con frecuencia ponen al descubierto las propias contradicciones de estos grandes grupos.
Pero, más allá de este debate en particular por el manejo del mercado del trigo, queda en claro que es necesario recuperar aquellos entes reguladores y participativos, como los que años atrás se encargara de desmantelar el menemismo para favorecer, como nunca antes, las políticas neoliberales y el capitalismo más salvaje con la excusa de una prometida "teoría del derrame" que nunca llegó.
Cabría preguntarse también si no es hora de profundizar aún más este nuevo modelo y terminar de desenmascarar a toda la telaraña de intermediación que se queda con la gran tajada. Hace unos días, un funcionario boliviano amenazó con prohibir la venta de una de las más famosas gaseosas del mundo, luego de un aumento en el precio que no tenía justificación y que por ende generaba una inflación ficticia. Con datos en la mano, el hombre pudo demostrar que la embotelladora había comprado sus insumos hacía tiempo y en cantidad suficiente para la producción de los próximos tres meses. También demostró que no se había registrado aumento en otros costos, como el gas y el combustible. Algo de esto mismo se vio en los últimos días en Argentina con los casos de los aumentos de Shell, Techint y Cablevisión, ejemplos que muestran que en Argentina también hay aumentos ficticios, generados por las mismas poderosas corporaciones que después salen a criticar al gobierno "porque con esta inflación no se puede trabajar, invertir ni planificar a futuro". ¿No será al revés, que no pueden planificar porque no se acostumbran a buscar una eficiencia que les asegure rentabilidad sin necesidad de remarcar para que los números "cierren" tal y como les plazca?
Es una razón más para que el Estado intervenga y para volver a acostumbrarse a pensar que esa intervención del Estado no es para nada una mala palabra tal como quieren hacernos creer, justamente, los que se oponen a esa intervención porque afecta sus grandes intereses.