Ambicioso plan en Venezuela

Humberto Márquez*
La población de Venezuela se encamina a vivir con valores regulados para los artículos y servicios básicos de consumo, fijados ya no por el mercado sino en una mesa de discusión entre el gobierno y empresarios a partir de una ley que entrará en vigor en octubre.
La norma de Costos y Precios Justos dejará así a un lado la ley de la oferta y la demanda, en busca de "controlar las ganancias desproporcionadas de las empresas, mediante la aplicación de parámetros no discrecionales", según el vicepresidente ejecutivo de Venezuela (cargo no elegido), Elías Jaua.
"No es para atacar al sector privado sino para confrontar a los sectores especulativos y garantizar la transición al socialismo", puntualizó Jaua al presentar el nuevo texto legal.
Se trata de un decreto-ley dictado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, apelando a los poderes especiales aprobados en diciembre por la Asamblea Nacional legislativa, entonces con más de 90 por ciento de los escaños a su favor, que lo habilitan a legislar a fin de atender emergencias generadas por las lluvias.
Esos poderes, otorgados según lo previsto en el ordenamiento institucional, regirán hasta mediados de 2012 sobre decenas de asuntos de gobierno, entre ellas el manejo de la economía, sin necesidad de consultar de nuevo con la Asamblea, que en enero renovó su conformación al ingresar los representantes elegidos en septiembre y que le dan una mayoría más acotada del 60 por ciento.
Jaua sostuvo que sólo se regularán bienes y servicios considerados esenciales, como alimentos, medicinas y servicios de salud, materiales de construcción y vivienda, textiles y calzados, enseres y útiles escolares.
"El Estado no está interesado en controlar rubros como licores, cigarrillos o autos de lujo", dijo el vicepresidente.
Los fundamentos de la ley son la escasez y el constante aumento de precios. Venezuela tiene desde hace seis años la inflación más alta de América y una de las mayores del mundo, al oscilar entre 20 y 30 por ciento anual, y aún más alta en rubros como alimentos, pese a que están regulados los valores de la canasta básica y rige un férreo control cambiario.
La nueva ley entrará en vigor a mediados de octubre, cuando los empresarios que producen, importan o distribuyen bienes o servicios, inscritos en un registro especial, deberán acudir a mesas de discusión con las autoridades sobre costos y precios, los que finalmente establecerá una Superintendencia.
El ministro de Alimentación, Carlos Osorio, adelantó que en ramos como hortalizas y legumbres se establecerán bandas de precios en lugar de valores únicos.
La Superintendencia inspeccionará las cuentas de las empresas, y a las que falseen o nieguen información, o vendan por encima de los precios fijados, las sancionará con severas multas, cierre u ocupación de las existencias de productos y otros activos.