Iniciativa para escuchar

Ayer se realizó en la Ciudad Judicial de Santa Rosa un simulacro de juicio por jurados. Se trata de una iniciativa del Colegio de Magistrados y Funcionarios pampeano por difundir públicamente un mecanismo de enjuiciamiento que está previsto en la Constitución Nacional. Si bien los constituyentes de 1994 no le dieron un carácter imperativo, promovieron su establecimiento a partir de una reforma de la legislación.
El sistema -que bien podría incorporarse a lo que el oficialismo llama "la democratización del Poder Judicial"- es similar al que suele verse en las películas norteamericanas, donde un grupo de personas comunes, y sin conocimientos en derecho, se pronuncia por la culpabilidad o absolución de los acusados.
En el país el juicio por jurados solamente se ha implementado, y de manera específica para ciertas causas, en Córdoba. La propuesta de los colegiados locales busca que la sociedad toda conozca de qué se trata para, eventualmente, en una segunda o tercera etapa, promover su implementación en la provincia.
Este procedimiento tiene sus pros y sus contras, ya que por un lado permite acercar a los ciudadanos a la administración de la justicia, más en una época donde la judicialización ha crecido exponencialmente, pero su puesta en marcha se dificulta en localidades o ciudades relativamente pequeñas por el conocimiento y las relaciones que tienen sus habitantes entre sí.
Los críticos de esta práctica remarcan, entre otros fundamentos, que es peligroso para el resguardo de las garantías individuales porque un jurado, más allá de los conocimientos técnicos y legales, es más influenciable emocionalmente que un juez. No obstante, la iniciativa es bienvenida al menos para poner en debate la calidad y confiabilidad actual de la Justicia.

De lo mucho a lo poco
En un país donde muchas veces se exacerban las diferencias y se minimizan las coincidencias, algunas cosas sorprenden ya poco. Aún más, hay sectores de la prensa en los que, por no comulgar con el gobierno nacional, sus páginas por momentos traen reminiscencias golpistas.
Esta idea viene a colación por la manera en cómo se informó periodísticamente sobre el fallo de la Corte Suprema de Ghana que calificó de injusta la retención de la fragata Libertad durante 77 días en el puerto de Tema y la posterior condena a pagar ocho millones de dólares, en concepto de gastos, al "fondo buitre" NML por el embargo ilegal de la nave argentina.
Cuando el buque escuela fue retenido a principios de octubre del año pasado en el país africano, los medios nacionales le dieron una difusión constante y profusa al tema durante dos meses y dispusieron de enviados especiales a Ghana para contar en detalle lo que ocurría, remarcando especialmente la supuesta impericia de la Cancillería en tratar esta problemática.
Ahora, cuando el máximo tribunal de la nación africana revirtió la situación, esos mismos medios apenas hicieron alguna mención de la cuestión como si el asunto hubiera perdido interés informativo porque la resolución favoreció al gobierno.
Esta tendencia no es caprichosa. Esta inserta en las maniobras por minimizar la información que favorece al oficialismo y a magnificar e insistir en las acciones emprendidas por esos "fondos buitres" contra el país, los que han lucrado y especulado con el dinero de los argentinos aprovechándose de los momentos de debilidad de la economía nacional.