La delincuencia y el prejuicio de clase

El interés del Estado por la situación socioeconómica de la población no solo es deseable, es obligatorio. Detectar personas, familias, grupos humanos en entornos de riesgo a fin de intervenir y mejorar las condiciones de vida, planificar estrategias, establecer medidas de gobierno es una de los deberes ineludibles de la administración pública.
Para cumplir ese objetivo se han creado no pocos organismos gubernamentales que están en condiciones de realizar relevamientos, confeccionar informes, proponer medidas de intervención, etc. También hay oficinas de planificación y de estímulo a la producción económica para prever el mejoramiento social, laboral y ambiental de la población en general y de los grupos vulnerables en particular. A través de la instrumentación de políticas de inclusión social, de educación, de capacitación, de fomento del empleo el Estado interviene para lograr el "bienestar general", tal como lo ordenan las constituciones Nacional y Provincial.
Por tal motivo, que la Policía se aboque a realizar encuestas o informes para identificar presuntas situaciones de vulnerabilidad y extraer conclusiones sobre el potencial riesgo delictivo que se deriva de ellas aparece como una invasión a un campo ajeno a su competencia.
Que la marginalidad, la pobreza, el desamparo genera condiciones para que germine la delincuencia, no es ninguna novedad. Que menores en situación de abandono vean deteriorada su salud psicofísica y que la droga irrumpe para agravar esos cuadros, tampoco. Ahora bien, ¿se trata de casos policiales; alimento para la estadística de la "peligrosidad social"?
Del relevamiento policial efectuado, muy selectivamente, en algunos barrios de General Pico se desprende esa mirada prejuiciosa y de desconfianza que baja desde el Estado. Porque el delito tiene un campo de acción mucho más amplio que el que se manifiesta en los sectores vulnerables. En esos segmentos sociales se desarrolla un tipo de delincuencia bien definido, pero que de ninguna manera agota el repertorio de las ilegalidades.
Hay otra delincuencia, que prospera en clases sociales más favorecidas, y que ocasiona a la sociedad daños mucho más onerosos. Sus representantes logran incrustarse en el Estado desde donde, utilizando los privilegios del poder, llegan a apropiarse de sumas millonarias, muy superiores a las que pueden rapiñar los chicos pobres en sus incursiones nocturnas.
Pero no se sabe que el mismo celo haya empleado la Policía provincial para detectar posibles nidos de corrupción en las altas esferas públicas o privadas. Se desconoce si existe un informe que -a la manera del que se confeccionó husmeando en los barrios humildes de General Pico- haya reportado sobre potenciales peligros a la sociedad producto de eventuales delincuentes de guante blanco que, como se dijo, le cuestan mucho más a la sociedad en términos económicos.
La Policía es un cuerpo civil armado que actúa como auxiliar de la Justicia para combatir el delito. Sería mucho más productivo que se dedicara a tiempo completo a su tarea específica en lugar de aventurarse en terrenos que son propios de otros organismos mucho más capacitados para detectar y atender los problemas sociales.