Se necesita una nueva ley de servicios audiovisuales

Si el juez Ramos Padilla procesa a Daniel Santoro por asociación ilícita, eso es presión contra la prensa, dice Clarín. Clarín miente. Hace falta una nueva ley de medios.
SERGIO ORTIZ
Si la Argentina tiene un parate de su economía, es culpa de la cuarentena del presidente, propagandiza Clarín. Si algunos miles de desaforados salen a la calle a putear a los Fernández, para el medio monopólico es en defensa de la República. Si ese gobierno quiere crear más juzgados y cámaras federales, para la oposición macrista y su house organ es una «reforma judicial K» para salvar a Cristina en causas por corrupción.
Si el Consejo de la Magistratura y el órgano competente, el Senado, quieren que diez jueces ascendidos a dedo por el PRO-Cambiemos vuelvan a sus tribunales de origen, eso también sería parte de la «reforma judicial K» para salvar a la ex presidente de la cárcel.
Si el presidente dispone que la cuota de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires sea la que debe ser y no la que aumentó desproporcionadamente Mauricio Macri, eso es un robo a los porteños a favor de la provincia de Buenos Aires gobernada por un K.
Si el juez Alejo Ramos Padilla procesa al periodista Daniel Santoro como miembro de una banda comandada por Marcelo D’Alessio, entonces Clarín titula «Presión a los medios» y lo presenta así: «Sin ampliar la declaración indagatoria para que se defienda, el juez de Dolores y miembro de «Justicia Legítima» amplió el procesamiento del periodista en base a datos falsos y conjeturas».
Si el gobierno pensó en expropiar a Vicentín, vaciada por sus propietarios que afectaron al Banco Nación en 18.000 millones de pesos durante el macrismo, Clarín lo calificó de violación a la propiedad privada. Esa causa tan poco noble alentó banderazos y agitación mayúscula hasta que Alberto Fernández, que no se caracteriza por su decisión política, decidió retroceder en chancletas.
Frente al justificado impuesto a las grandes fortunas, que gravaría con 2 por ciento a quienes tengan más de 200 millones de pesos, el conglomerado de medios hegemónicos dijo que es inconstitucional y confiscatorio. Fruto de esas campañas y de la poca decisión gubernamental, tal proyecto aún no tiene fecha de tratamiento en Diputados.
Se podrían seguir enumerando casos de intoxicación y deformación de los hechos con una mirada pro-monopolios y al servicio de la oposición de derecha. Los realiza a diario el grupo de Héctor Magnetto y también La Nación, Desinfobae, América, Telefé, Perfil, etc.

Una nueva ley.
Una de las grandes victorias políticas de Clarín fue haber decapitado la ley de servicios de comunicación audiovisuales, ley 26.522, del año 2009. Su difamatoria campaña contra «la ley de medios K» contó con la ayuda de algunos jueces y la propia Corte Suprema y la derecha parlamentaria. Finalmente pudo concretarla con la llegada de Macri a Balcarce 50.
Esa ley no vino de los K sino desde abajo, desde comunicadores, medios alternativos y gremios del rubro, que plantearon los 21 puntos para una radiodifusión democrática. Hubo miles de consultas y reuniones, y tras numerosas audiencias el proyecto fue al Congreso y se aprobó cuando CFK era presidenta. Era pluralista y, fomentaba la comunicación audiovisual. También limitaba a los monopolios: una misma persona jurídica no podría tener más de diez licencias de televisión abierta o radio en todo el país, ni más de tres en una misma zona de cobertura.
El objetivo era fomentar otras voces, con más frecuencias y licencias para universidades públicas, cooperativas, FM del interior, sindicatos y pueblos indígenas. Un tercio del espectro sería para entidades sin fines de lucro. Eso fue visto como una declaración de guerra por Magnetto, Mitre, Vila-Manzano, Hadad y otros zares del negocio.
La Afsca de entonces, a cargo de Martín Sabbatella, le dio tiempo suficiente a Clarinete para acomodarse a los límites de licencias previstos. Sólo obtuvo la burla de una subdivisión entre empresarios pertenecientes al mismo holding. La norma legal disponía entonces una adecuación a cargo de la Afsca, pero los abogados de Magnetto presentaron una cautelar para impedirla.
Esos letrados tuvieron éxito, porque la Corte Suprema de Injusticia aprobó la cautelar del grupo en noviembre de 2015 y sólo faltaba un mes para el bailecito del ingeniero en el balcón de la Casa Rosada. Clarín danzaba allí también, embriagado de alegría. Era la salvación para el grupo en cuanto a la conservación de sus 237 licencias de servicios audiovisuales, con sus emblemas de Canal 13, Todo Noticias, Radio Mitre y el resto de la escudería: más de diez veces el tope máximo previsto por la 26.522. Después llegarían la fusión de Cablevisión y Fibertel, y la compra de Telecom, para el cuádruple play.

¿Ser o no ser?
Estar 24 horas picoteando la cabeza de los mortales, que no siempre tienen conciencia de cómo son las cosas por el déficit cultural, político y mediático del capitalismo dependiente, no sólo favorece que los monopolios influyan y lleven al gobierno a proyectos como el amarillo de 2015-2019.
También perjudica a los trabajadores. El 13 de agosto pasado los gremios de prensa Sipreba y Fatpren, denunciaban que sus salarios estaban congelados hacía 15 meses. En septiembre la Federación informó de un acuerdo con los diarios del interior (Adira) del 18 por ciento, en tres cuotas (agosto, octubre y noviembre). Faltaba que pusieran las firmas los diarios porteños, entre ellos Clarín y La Nación.
Peor es la situación de quienes perdieron sus empleos. Durante los cuatro años de macrismo hubo 4.500 periodistas cesantes, entre ellos 354 de la agencia Télam. Hernán Lombardi los despidió en 2018 bajo la consigna de que así «ganó el periodismo».
El dilema hamletiano parece no tenerlo Alberto Fernández, al reiterar que no es necesaria una nueva ley de medios. Quizás esté convencido que la ley del 2009 fue un error o que también quiera congraciarse con Clarín y suavizar las críticas a su gestión. A la luz de las campañas de ese periodismo de guerra contra todo lo que suene a progresismo, incluso sin dar el pinet de tal, se advierte que Clarinete sigue tocando a degüello.
Pese a esa negativa presidencial, una nueva ley de medios es una necesidad, así como otros cambios: en la Televisión Pública no existe ningún programa político. Enterraron a 678 y no pusieron ningún otro, ni mejor ni peor, nada.
La Secretaría de Medios y Comunicación Pública informó la pauta publicitaria oficial pagada entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020 y veamos quién fue el más favorecido: Clarín $78.450.418 pesos; Canal 13 $183.678.961; TN $72.896.148; Radio Mitre $44.436.113; Portal Clarín $ 24.125.550; Red portales Artear $8.804.323; FM 100 $29.176.977; La Voz del Interior $21.235.685 y Los Andes $17.376.819. Total del Grupo Clarín: $480.180.994.
El dinero público financia mentiras destituyentes de un monopolio privado. Si no fuera trágico sería cuasicómico.