Absurdos argumentos
A fines del pasado mes de junio, durante la reunión celebrada entre autoridades nacionales y funcionarios de las provincias condóminas, la Secretaría de Políticas Hídricas de Nación elaboró y distribuyó el borrador con la propuesta destinada a integrar un organismo interjurisdiccional para la cuenca del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó.
No se necesitaba demasiada sutileza política para prever los pasos iniciales al respecto a dar por la provincia de Mendoza en cuanto a la posible creación de un comité de cuenca para el río. Fiel a su política tradicional, el gobierno cuyano anunció que no concurriría a las reuniones constitutivas. El Superintendente General de Irrigación, responsable de la política hídrica de la provincia, avisó que no lo esperaran, porque “hay razones técnicas y políticas para no hacerlo. Mi rol es técnico y la constitución de un organismo de autoridad de cuenca excede mis facultades”, dijo. Lo mismo hubiera sido decir que padecía de dolores abdominales: la cuestión era evitar la concurrencia a una reunión de visión integradora para un recurso natural manejado inadecuadamente desde hace más de un siglo.
Para reforzar esa postura negacionista habló de una supuesta urgencia de La Pampa en el tema debida a razones políticas y especulaciones electorales en cuanto a un cambio de gobierno en el orden nacional. Entre otros argumentos, se diría que hasta aparece como levemente irónico al decir que el posible organismo "sería similar al que existe en el río Colorado, denominado Coirco", entidad efectiva y eficiente que Mendoza integra desde sus mismos comienzos y cuyo sentido de integralidad ha boicoteado repetidas veces apelando a su ubicación de aguas arriba en la cuenca.
Semejantes argumentos se orientan por el lado del absurdo, ya que hace años que nuestra provincia reclama por un ordenamiento de la cuenca, previo, incluso, a las represas que se planificaron o están en marcha. Incluso se desdeña el significativo hecho de que la convocatoria para el posible organismo fue realizada por Nación en base a una evaluación integral de este y otros problemas semejantes.
Existe hasta ahora un comité técnico sobre el Desaguadero, en el que Mendoza participa y ya evidencia su anticipable política: dejar que pase el tiempo sin hacer nada en concreto, hasta que los hechos impidan o desnaturalicen la posibilidad. Recordar si no la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior, de triste memoria.
Finalmente, en la primera reunión para la creación del nuevo comité, realizada el último miércoles, Mendoza estuvo presente, pero a través de un representante que se limitó a explicar que no tenía “mandato” para pronunciarse sobre el convenio.
Ante la necedad evidente de semejante postura, con años de vigencia, ¿no sería hora de que el gobierno provincial cambie una política tan conciliadora como la que mantiene desde hace décadas y se afirme en el sentido regional y nacional del reclamo? Un argumento que ahora esgrimen los cuyanos es que La Pampa apura el trámite ante el posible cambio de autoridades que, según ellos, han favorecido siempre a La Pampa…
Semejante criterio estaría muy cercano a la amenaza formulada tiempo atrás por un estamento mendocino respecto a escindirse del cuerpo de la Nación por un presunto perjuicio de la provincia. Un criterio alejado del espíritu necesario a la concreción de un comité de cuenca.
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