Actitud improcedente

¿Hasta dónde puede llegar la audacia –el atrevimiento bien podría decirse— de un poderoso grupo económico de comunicaciones lanzado a un nuevo objetivo que le permita incrementar sus ganancias? La pregunta se ajusta al proceder de la empresa Telefónica Móviles Argentina SA (Movistar) que, con vistas a una futura instalación de TV por cable, no se dignó, como era lógico, a aguardar la necesaria e imprescindible autorización municipal y empezó a colocar los postes que sostendrían un futuro cableado. Y más todavía: ni siquiera se ha dignado a contestar en tiempo y forma las notas que le hiciera llegar el municipio señalando la irregularidad.

Pero a poco que se hurgue en el tema, el caso se vuelve más desconcertante: la empresa no solamente no aguardó la pertinente autorización comunal sino que tampoco completó los requisitos técnicos y administrativos que marca la ley en forma taxativa, según se advierte en la lectura del expediente respectivo ¿Qué pudo ocurrir para que se diera esta situación tan anómala? Algunas lenguas, no precisamente malas, hablan de entrevistas y asados cordiales donde los directivos de la empresa sobrentendieron una autorización verbal que las autoridades municipales dicen que nunca existió, pero que al menos habría estado activa por un tiempo.

Es “vox pópuli” que esta acción oculta un ataque a la Cooperativa Popular de Electricidad, que desde hace muchos años presta servicios múltiples y de calidad al área santarroseña, entre ellas la televisión por cable. El proceder de los foráneos consistiría en brindar un servicio similar a precios más bajos que eliminen cualquier competencia, para resarcirse después con el dominio del mercado. La pregunta que se desprende de esa interpretación es si un grupo de semejante poder económico (poder basado en el direccionamiento de la información y la colusión política) puede tener interés para con un mercado relativamente reducido como el que conforman Santa Rosa-Toay.

El análisis se inclina a una respuesta negativa y a pensar en la ambición de un manejo pleno de la opinión pública en el interior del país. Al margen de lo empresarial, el plan se encuadra perfectamente en los procederes del neoliberalismo extremo que vive la Argentina. De hecho, ya hubo intentos similares en otras provincias. De cualquier manera, todo parece indicar que semejante tema, y la autorización correspondiente, debería haber sido objeto de un análisis técnico más profundo y con múltiples enfoques públicos.

Que la CPE ha sido siempre una entidad de raíz popular lo ratificó más de un centenar de personas que se hicieron presentes en la sesión del Concejo Deliberante del pasado jueves, que fueron capaces de soportar una maratónica sesión plena de formalismos hasta llegar al punto clave en el orden del día: el pase a archivo de las gestiones en cuanto a la colocación y eventual retiro de los postes en cuestión. Aunque no parecieron detenerse demasiado en los graves defectos de forma del expediente que inició la gestión, los ediles -hasta los de extrema derecha- coincidieron en que la actitud de la empresa foránea es absolutamente improcedente e ignora y agrede –podría decirse que desprecia—las facultades del municipio. Y que es imprescindible proceder en consecuencia.

El pase al archivo convierte el tema en un presente griego para el intendente quien, para revalidar su promocionada gestión, deberá proceder con la rapidez que el caso exige. Es decir: detener el emplazamiento de postes, extraer los que se han colocado sin autorización y exigir que las evidentes irregularidades del expediente sean corregidas, so pena de anular el análisis de la posible autorización. No es un chiste y el lord mayor santarroseño debe comprender que un proceder dubitativo o poco claro en el caso lo afectará no poco en sus futuras ambiciones políticas.