Cuando la derecha festeja, los laburantes no tienen motivos para alegrarse

El retroceso brutal en materia de derechos laborales y sociales es responsabilidad del gobierno de Milei, pero también de una dirigencia política y gremial “opositora” que es capaz de negociar cualquier cosa con tal de mantener sus cargos y privilegios.

SERGIO SANTESTEBAN

La semana que pasó fue generosa en noticias que muestran con absoluta claridad cuál es el rumbo predominante de los vientos políticos en Argentina. El Senado de la Nación dio media sanción, con holgura de manos levantadas, a la reforma laboral; en Diputados sucedió lo mismo con el nuevo régimen penal juvenil; en nuestra provincia se confirmó el despido de casi 200 trabajadores en el Frigorífico Pico y que la empresa no pagó las indemnizaciones a los cesanteados; los informes sobre la caída del poder de compra de los salarios y las pérdidas de puestos de trabajo durante 2025 son lapidarios para el mundo del trabajo; la inflación de enero siguió creciendo y llegó a los 3 puntos a pesar del maquillaje a los números del Indec; se conoció que la inminente reducción -o eliminación- de subsidios a las tarifas de los servicios públicos será otro mazazo para las economías familiares...

El combo no solo habla de la ofensiva del gobierno de extrema derecha de Javier Milei tras sus objetivos, envalentonado por su triunfo en las elecciones de octubre, sino de las defecciones del lado de la “oposición” política y sindical en cuya dirigencia se destacan figuras que, con tal de mantener las asentaderas en sus cómodos sillones, han mostrado ser capaces de negociar cualquier cosa.

El tratamiento de la reforma laboral en la Cámara Alta del Congreso mostró en toda su magnitud esa degradación. El radicalismo se plegó en su totalidad a favor de la reforma laboral, y entre ellos el pampeano Daniel Kroneberger alzó su mano. Pero peor fue la actuación de los senadores peronistas de provincias como Salta, Córdoba, Misiones, Corrientes y Tucumán que, obedeciendo órdenes de sus gobernadores, no tuvieron ningún problema en apoyar el descuartizamiento de la legislación laboral argentina que su propio espacio político supo construir durante varias décadas del siglo pasado. Que la senadora Victoria Huala se alineara con su bloque del PRO no puede generar sorpresa, el macrismo ha quedado en la práctica subsumido dentro del mileísmo. Tampoco sorprendió la oposición de Daniel Bensusán quien ya se había posicionado, en sintonía con el gobernador pampeano, en forma crítica al proyecto impulsado por las huestes libertarias.

Un siglo para atrás.

Desde hace tiempo se conoce que el texto que presentó el oficialismo en el Senado fue escrito por los abogados de los grupos empresarios más poderosos del país. También es bien sabido que este ataque a los derechos laborales de los trabajadores argentinos, que son tomados como ejemplo en todo el mundo, obedece a un antiguo anhelo del capital concentrado, aunque en los últimos tiempos, mediante el uso y abuso de un enorme aparato de propaganda, fue permeando también entre las Pymes e incluso, aunque cueste creerlo, en sectores de los trabajadores informales a quienes les han hecho creer que tales derechos son en verdad “privilegios” que conspiran contra la generación de nuevas fuentes de empleo.

Para desmentir semejante falsificación ahí está lo que acaba de publicar Infobae este domingo. El medio, insospechado de tener simpatías con el peronismo o el progresismo, informó que “no hay empresario que hoy no esté festejando la media sanción de la reforma de la legislación laboral en el Senado. No tanto porque crean que, de esa manera, está garantizada la creación de empleo, sino porque cuando aparezcan las condiciones para que las empresas necesiten contratar más personal, el marco regulatorio será más amigable para el sector privado y habrá más límites para la litigiosidad. La situación actual, desde mediados del año pasado, es de pérdida de puestos de trabajo y en el sector industrial no se espera que ese escenario se revierta. Es más, seguirá mermando”.

O sea, un categórico rechazo al argumento más fuerte del gobierno, quien defendió su engendro diciendo que servirá para generar más empleo. Argentina es pródiga en ejemplos de que la creación de fuentes laborales está íntimamente vinculada al crecimiento de la actividad económica. Ocurrió durante el siglo XX, y también en el XXI después del colapso de la convertibilidad de Menem y De la Rúa y con el arribo del kirchnerismo. Es dato, no relato.

Cobardía civil.

Este jueves será el turno de Diputados para tratar la reforma laboral que viene del Senado con media sanción. El punto que más atención consigue es el de las ausencias por enfermedad que habilitan a las empresas a practicar un hachazo del 50 por ciento a los salarios. Pero la brutalidad de ese retroceso no debería impedir ver el resto. Toda la reforma es, en sí misma, un ataque feroz contra los trabajadores, al punto de que convalida un fondo para despidos a expensas de los aportes patronales a la Anses, entre muchas otras salvajadas.

Ayer la CGT decidió convocar a un paro para ese día pero, faltaba más, sin movilización. El hecho de que las CTA y otros gremios sí hayan convocado a marchar al Congreso, no exime de su responsabilidad a los “gordos” de la cúpula cegetista; al contrario, los expone aún más. Cuando se escriba la historia de estos días, esa dirigencia gremial sumisa hasta la complicidad ante este ataque impiadoso que están sufriendo los trabajadores argentinos, figurarán al lado de los gobernadores y legisladores peronistas que negociaron dineros y favores del gobierno de Milei para entregar a los trabajadores a la hoguera de la explotación. Si viviera, Osvaldo Bayer hablaría de “cobardía civil”.