La destrucción de leyes radicales

La relación de la Unión Cívica Radical y el mundo del trabajo estuvo atravesada históricamente por tensiones y contradicciones típicas de una corriente política que nació como oposición a los gobiernos oligárquicos pero sin pretensiones de reforma social ni económicas.

Así como la instauración del voto masculino secreto y obligatorio que le dio el triunfo al primer presidente radical fue el primer paso hacia la construcción de una representación popular más acorde a las pretensiones de las nacientes clases medias, la sanción de la ley 11.544 de instauración de la jornada laboral de 8 horas también lo fue de una comprensión de la necesidad de una protección estatal a las clases obreras.

Si bien tardía, porque se sancionó en 1929, 17 años después de asumir el primer gobierno radical y casi en las vísperas del golpe de restauración oligárquica de 1930, fue de alguna forma, un avance en la dirección que había marcado, tempranamente, el socialista Alfredo Palacios desde el Congreso, al lograr la sanción de la primera ley laboral del país, la ley 4661, de descanso dominical obligatorio.

Esa ley de jornada laboral de 8 horas había sido impulsada por los movimientos sindicales de todo el mundo y cada 1º de mayo se reclamaba activamente en todo el mundo en el día del Trabajador, desde 1889.
La sanción de la ley radical de la jornada de 8 horas fue un avance que, no obstante, atrasó décadas en sumar a la Argentina a la corriente mundial de defensa de los trabajadores. Uruguay, nuestro vecino, lo había hecho en 1915.

Cuando Irigoyen la sancionó, hacía una década que se habían producido en el país las masacres obreras de los talleres Vasena, conocidas como la Semana Trágica, y las de la Patagonia, recogidas en el libro de Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde. Miles de obreros fusilados o masacrados por fuerzas militares, policiales, y para policiales habían dejado una imborrable marca en los movimientos sindicales contra el radicalismo, que aquélla ley de 1929 intentó suavizar.

Así, la relación del radicalismo con las organizaciones sindicales nació marcada por la desconfianza mutua, pese a los intentos de sucesivos gobiernos radicales de dotar de leyes protectoras de la actividad laboral.

Algo similar le ocurrió a Arturo Illia, autor de la ley de salario mínimo vital y móvil y de su mecanismo de actualización que le valió una recuperación el 25% durante su mandato interrumpido por el golpe militar-sindical de 1966. La presencia sindical entre los golpistas que lo derrocaron, estuvo motivada por la sanción del decreto 969 de 1963 en el que intentó limitar el poder económico de los sindicatos estableciendo un sistema de control estatal a los presupuestos de las entidades gremiales.

Algo similar le pasó a su correligionario Raúl Alfonsín que, veinte años después intentó con la ley Mucci democratizar las estructuras gremiales ganándose así la oposición gremial que contribuyó a su caída seis meses antes de concluir su mandato.

Hoy, la UCR, licuada de doctrina, parece finalmente dispuesta a dejar de lado sus veleidades de apoyo al trabajador y se suma a la reforma laboral libertaria, que va a terminar de un plumazo con los aportes de Irigoyen y de Illia a la protección de los trabajadores. El banco de horas y el concepto de “salario dinámico” de la ley libertaria, arrasa con los aportes del partido de Alem a la protección laboral en su pendular historia de defensas y ataques al mundo del trabajo.