Cuando los pobres son y no son noticia

Como si no fuera suficiente castigo la dura vida que llevan, los habitantes de los barrios populares argentinos viven, en promedio, once años menos que el resto de la población.

 

SERGIO SANTESTEBAN

 

Con muy pocos días de diferencia se publicaron dos informaciones de relevancia: los números del Indec, que pretenden hacernos creer que la pobreza ha disminuido en todo el país, y un estudio de Centro para la Integración Sociourbana (Cisur) que aportó una estadística escalofriante: las personas que habitan en los barrios populares viven, en promedio, once años menos que el resto de los argentinos. La primera noticia recibió amplísima divulgación, fue tapa celebratoria de Clarín y La Nación y mereció gran cobertura en la televisión porteña; la segunda, en cambio, pasó poco menos que desapercibida a nivel nacional pues solo fue publicada por unos pocos medios, LA ARENA entre ellos.

 

El trabajo del Cisur, una organización dedicada al análisis, evaluación y diseño de políticas sociourbanas, se basó en datos demográficos del Censo Nacional 2022, del registro de defunciones del Ministerio de Salud y de estudios del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

 

Vidas robadas.

 

Las conclusiones del trabajo son tan dramáticas que deberían haber figurado en la agenda de los grandes medios y de la dirigencia política, sindical y social, pero eso no ocurrió. Estamos tan atravesados por la aceptación resignada de la desigualdad que un hecho como el que puso de relieve este estudio pasó prácticamente desapercibido.

 

Este dato duro de la realidad social argentina expuso con toda crudeza cómo, además de los recursos económicos, también se les roba la vida a los sectores más frágiles de la sociedad. Nacer o vivir en una villa de emergencia argentina reduce en más de una década la esperanza de vida. Algunos ejemplos hablan por sí solos: las personas de más de 80 años constituyen el 2,64% del total del país, pero en los barrios populares apenas llegan al 0,31%. Lo mismo ocurre con la franja que va entre los 65 y 79 años, que son el 9,1% a nivel general pero en los sectores más humildes apenas el 2,6%.

 

Los argentinos condenados a vivir en condiciones paupérrimas de vivienda y servicios, especialmente en las zonas marginales de las grandes ciudades, son casi siempre invisibilizados cuando se trata de sus derechos. Pero sí son noticia cuando ocurre algún hecho policial conmocionante, como el reciente asesinato brutal de tres jovencitas, víctimas del submundo narco en el AMBA. En esos casos el despliegue mediático, con enorme carga de prejuicios y de sobreactuada indignación moral, alcanza niveles de náusea.

 

Ciencia ficción.

 

La otra noticia vinculada al mundo de los postergados sí tuvo, en cambio, una gran repercusión mediática. La última medición “científica” del Indec sobre la pobreza ofreció números que favorecen al gobierno de Javier Milei aunque fue cuestionada por voceros autorizados en la materia. Desde la Universidad Católica Argentina, que lleva sus propias estadísticas, salieron a confrontar con el organismo, hoy a cargo del ubicuo Marco Lavagna, señalando, entre otras observaciones, la metodología “desactualizada” que aplica. También los propios trabajadores del Indec nucleados en ATE calificaron a la medición de “incorrecta” y puntualizaron que omitió la comparación con diciembre de 2023, el mes de la megadevaluación inaugural del actual gobierno nacional.

 

Otros cuestionamientos se conocieron en varias provincias del interior: “si baja la pobreza, debería bajar la gente que va a los comedores, pero eso no ocurre”, es el señalamiento general que comparten funcionarios de provincias del norte y de sacerdotes de Cáritas. También estudios de las consultoras Moiguer, Casa Tres y ExQuanti, entre otras, revelan datos que confrontan con la estadística creativa del organismo oficial.

 

Pero, desde otro punto de vista, hay factores que inciden en las mediciones y que no puede ignorarse. En La Pampa, así como en otras jurisdicciones, se han implementado programas de atención alimentaria que atemperan las mediciones de pobreza e indigencia al aportar ingresos adicionales a las familias vulnerables. ¿Deja de ser pobre o indigente una familia por aumentar sus haberes de esta forma? Sí, si solo se mide pobreza e indigencia por ingresos, tal como lo hace el Indec.

 

La motosierra.

 

La abrupta caída de los niveles salariales es reconocida hasta por la prensa oficialista, lo mismo que los números del consumo masivo que se derrumban mes a mes tanto en supermercados como en los negocios de cercanía. La actividad industrial está cayendo en picada con miles de empresas que han cerrado y más de 200 mil trabajadores que han sido despedidos. Compañías multinacionales abandonan el país o venden sus activos; las automotrices han reducido sus plantas de personal por el derrumbe de la producción. Un fenómeno nuevo en Argentina: el endeudamiento de las familias con las tarjetas de crédito para la compra de alimentos habla del deterioro en las condiciones de vida de millones de argentinos que caen masivamente en la escala social aunque no para el Indec.

 

El cepo del 1 por ciento mensual a las paritarias con una inflación que casi duplica ese guarismo es otro aporte por goteo que empuja a los trabajadores a la pobreza, lo mismo que el crecimiento del trabajo informal a expensas del registrado, con pérdida de ingresos y de derechos laborales.

 

La motosierra de Milei se ensañó con la clase media y los más humildes, aunque el Indec nos quiera hacer creer otra cosa.