El silencio es la peor respuesta

El silencio del Superior Tribunal de Justicia ante el planteo del Colegio de Abogados presentado hace cuatro meses no tiene justificación alguna. Están en discusión temas y problemas de importancia para la administración de justicia, temas y problemas que deberían desvelar a los señores jueces de todas las instancias del fuero penal.

Lo más llamativo es que al momento de salir públicamente seis abogados penalistas pampeanos que plantearon irregularidades en el desarrollo de las causas que se tramitan por violencia de género, el Colegio de Magistrados los objetó enérgicamente y los desafió a canalizar la queja a través de los "mecanismos formales". La entidad que nuclea a los jueces no ocultó su ofuscación por el pronunciamiento de los abogados al punto de considerarlo "agraviante", pero cuando llegó al Poder Judicial la nota que fue elaborada por el Colegio de Abogados, luego de la realización de un plenario que contó con profesionales del derecho llegados de toda la provincia, sus señorías no mostraron la misma diligencia. Pasaron cuatro meses, como se dijo, y los ofendidos jueces ni siquiera se dignaron a brindar una respuesta ante el cumplimiento del "mecanismo formal" que ellos mismos exigieron.

A esta altura no debería sorprender tal conducta. El Judicial es el único poder del Estado que puede esquivar todo control popular o institucional y manejarse con tiempos que en otros estamentos de la administración pública serían intolerables. Y tan es así que ahora, a los abogados penalistas se sumaron sus colegas civilistas con reclamos que tienen que ver, precisamente, con las excesivas demoras en resolver expedientes en donde hay menores involucrados. Los profesionales especializados en el derecho de familia manifestaron su preocupación porque los juzgados civiles delegan funciones y resoluciones en organismos administrativos que suelen tardar demasiado en expedirse. Muchas de las causas tienen carácter de urgente pues conciernen a situaciones conflictivas de grupos familiares con presencia de niños y niñas que ven vulnerados sus derechos por la indolencia de la burocracia tribunalicia.

Como se puede ver, se trata de problemáticas de gran importancia. Si se pone en cuestión nada menos que el derecho constitucional a la defensa en juicio, si se habla de que estamos frente a evaluaciones defectuosas de pruebas o ante ausencia de certezas que buscan remediarse con consideraciones subjetivas, si se cuestiona la imparcialidad de los tribunales por causa de presiones sociales estamos ante un cuadro que requiere urgente tratamiento.

Los abogados, desde un comienzo, se encargaron de aclarar que no estaba en discusión el principio de la perspectiva de género sino el funcionamiento de los tribunales por causa de no pocas deficiencias en los procedimientos. Los representantes del Poder Judicial deberían estar agradecidos por esta colaboración del Colegio destinada a identificar algunos problemas que afectan la administración de justicia, como paso previo para analizar e implementar las soluciones. La falta de respuesta preocupa y a la vez deja en evidencia cuan certeras son las críticas que apuntan a este poder del Estado por su inalterable hermeticidad.