Evidencia irrefutable

Es posible que el lector de esta columna se sienta un tanto saturado por una noticia repetida: los reclamos de nuestra provincia por el río Atuel y las excusas mendocinas al respecto, que ya superaron la línea del ridículo y ponen de manifiesto una mala fe total. La evidencia está en los tres años transcurridos sin que haya atisbos de cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia y, en estos días, la evidencia irrefutable de la naturaleza que, por la abundancia de agua, obliga a las autoridades de la provincia cuyana a dejar que escurra un mínimo de agua. Por supuesto, sin aviso alguno a los abajeños, tal cual lo hace siempre.

La Pampa ha seguido su política de siempre -que en lo concreto no le ha dado demasiados resultados- pero que recientemente ha puesto en evidencia una incongruencia mendocina más. El 14 del corriente mes, la presentación del gobernador ante las altas autoridades judiciales demostraba que “el incumplimiento a la sentencia judicial por parte de Mendoza obedece a una mera conducta de apropiación del agua y al manejo absoluto, unilateral e ineficiente que realiza, y no a una imposibilidad fáctica”. El documento tiene solidez, ya que, al margen de su elaboración por la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior pampeana, está basado en informaciones públicas del gobierno de Mendoza. El párrafo es terminante y la Corte, que debe conocer sus motivaciones al dedillo desde hace mucho tiempo, dio traslado del escrito pampeano a la Nación y a la provincia, pero con un detalle de interés: otorgó un plazo de diez días para que respondan –expliquen- la indiferencia y el desinterés mendocinos en cuanto a la cesión del mínimo de agua, de 3,2 m3/s, que determina el fallo incumplido.

De lo expuesto surge un elemento que refrenda aún más los argumentos de La Pampa en cuanto a la mala fe de la provincia arribeña: el plazo de diez días estipulados por la Corte para la contestación ya ha sido superado en al menos cinco. Que se sepa, no ha habido respuesta alguna. ¿La habrá?

Los antecedentes no dan para pensar en forma positiva. Agotados e invalidados sus argumentos técnicos y legales, la provincia mendocina ha optado por encerrarse en una suerte de indiferencia despectiva para con todo aquello que no convenga a los intereses de sus sectores con más fuerza política y económica, llegando en esa postura hasta amagar con la ridícula postura de abandonar el cuerpo político de la Nación. Semejante actitud es lo que permite comprender la irracional derivación de caudales hacia parcelas abandonadas o la red de drenaje y ahora el incumplimiento del plazo otorgado por la Corte. Tampoco la actitud es nueva, ya que algunos años atrás se comprobó que caudales excedentes del río Atuel eran desviados de su cauce original hacia cañadones que disminuían o directamente eliminaban los escurrimientos.

No por reiterada deja de ser válida la expresión que emitiera tiempo atrás un técnico pampeano respecto a que “llevamos más de setenta años poniendo la otra mejilla” sin resultado alguno. Con una clase política como la que maneja las aguas en Mendoza, ¿cómo promover concepciones y acciones más actuales, efectivas y armónicas como un Comité de Cuenca?