Genocidio por goteo contra los jubilados

En Córdoba culminó el Juicio Ético de Opinión contra el presidente Javier Milei y su gobierno, por la situación que padecen las personas adultas mayores con las políticas de ajuste, calificadas como “genocidio por goteo”. 
IRINA SANTESTEBAN  
Los Tribunales Éticos de Opinión se inspiran en las iniciativas de los pueblos para visibilizar y denunciar violaciones graves a los derechos humanos. Tienen origen en el Tribunal Russell, constituido en 1966 para denunciar y condenar los crímenes cometidos por Estados Unidos en Vietnam. También en el Tribunal Permanente de los Pueblos, fundado en Bolonia en 1979, que juzgó y condenó las violaciones a los derechos humanos de las dictaduras latinoamericanas bajo patrocinio norteamericano. 
Son instancias de carácter no gubernamental, para identificar y difundir casos de violación sistemática de los derechos fundamentales del pueblo, que no encuentran reconocimiento ni respuesta en los ámbitos oficiales. 
Sus resoluciones no tienen carácter estatal vinculante legal, sino ético, pues su constitución, legitimidad social y funcionamiento no se originan en el Poder Judicial sino en la sociedad organizada. 

Genocidio.
En este caso, se juzgaba al gobierno de Javier Milei, por el delito de “genocidio por goteo”, tipificación derivada de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por Naciones Unidas en 1948 y que Argentina suscribiera en 1956. Está incorporado a nuestra legislación penal, es imprescriptible y se lo define como “cualquier acto cometido con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”; incluyendo matanzas de miembros del grupo, lesiones graves a su integridad física o mental, sometimiento a condiciones de existencia que conlleven a su destrucción física, o medidas para impedir nacimientos dentro del grupo. 
El ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, acuñó la expresión “genocidio por goteo”, explicando que es la evolución del genocidio, donde no hace falta una fuerza armada ni un golpe de estado, pues el Estado utiliza herramientas de la propia democracia, para castigar y asesinar, de manera lenta pero sistemática, a un grupo de personas en condición de vulnerabilidad.

Testimonios.
Lo más sustancioso de un Juicio Ético son los testimonios que van conformando la prueba que luego dará fundamento a la Sentencia, que aunque no tiene carácter obligatorio, es una condena moral que pesa sobre los acusados. 
Aunque la situación del colectivo de la tercera edad no ha sido nunca una maravilla, pues durante gobiernos anteriores también sufrieron recortes -un 22 por ciento en la gestión de Mauricio Macri y un 9 por ciento en la de Alberto Fernández -, la pérdida de ingresos y la eliminación de programas que beneficiaban a las personas adultas mayores (como la quita de medicamentos gratuitos por parte de la obra social PAMI) ha generado una situación que para los jueces del Tribunal configura el delito de “Genocidio por Goteo”. 
La acusación fiscal hizo referencia, y fue ratificado por el testimonio del médico gerontólogo Carlos Presman, a datos estadísticos que muestran que en Córdoba hubo, durante 2024, un aumento de la mortalidad del 10,9 por ciento (34.877 muertes frente a las 30.784 registradas en 2023). Ese incremento se concentró en personas de más de 65 años, en cuya franja etaria el aumento de la mortalidad fue del 13,1 por ciento. Las cifras son comparables a los picos de mortalidad de 2020 y 2021, marcados por la pandemia de Covid-19. 
La periodista Cecilia Lorenzo hizo un crudo relato sobre su trabajo en el programa “Palabras Mayores” que se emite desde hace años en Radio Universidad de Córdoba. En una entrevista que le hiciera a una jubilada, esta le confió que “ahora me acuesto más temprano, así no siento hambre y puedo saltearme una comida”. 
Los testimonios analizaron diversos aspectos que explican la situación de las personas adultas mayores en Argentina: la situación económica, el marco ético, daño psicológico causado por estrés económicos, todo lo cual configura lo que el sanitarista Oscar Atienza calificó como “tragedia sanitaria” aún más grave que la producida por el Covid-19. 
Incluso, algunos testigos cuestionaron el término “por goteo”, y afirmaron no sin ironía que, dada la intensidad de los daños que se están produciendo, estaríamos en presencia de un “genocidio a chorro”. Es que la destrucción lenta de vidas humanas, como consecuencia de políticas deliberadamente crueles, orientadas por una lógica de mercado que descarta a quienes ya no son “productivos”, aunque hayan trabajado toda una vida, implica una política de gobierno que decide, en definitiva, quién vive y quién muere.

Sentencia condenatoria.
La sentencia, luego de analizar los testimonios, consideró acreditado el grave  impacto de las políticas económicas implementadas por el gobierno nacional encabezado por el presidente Milei, en perjuicio de la población adulta mayor. Las mismas han producido un deterioro sistemático en los haberes jubilatorios, el acceso a medicamentos esenciales, la atención médica y la calidad de vida en general, afectando derechos humanos básicos como la salud, la alimentación, la vivienda y la dignidad. 
Aunque el Juicio Ético no tiene carácter jurisdiccional ni competencia estatal, el presidente del Tribunal, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, reivindicó su legitimidad porque “se funda en la soberanía ética de los pueblos, en la Constitución Nacional y en los principios de justicia social, solidaridad y defensa de los DDHH”.
La condena fue así dictada contra Milei, sus ministros, legisladores afines, funcionarios, sectores sociales que apoyan sus políticas y las fuerzas de seguridad, por ser ejecutores y/o cómplices de las políticas económicas y represivas que han causado y causan daño directo y sistemático, en una destrucción planificada, a las personas mayores en Argentina.
De la sentencia se mandará copia al Poder Ejecutivo Nacional, al Congreso de la Nación, (Cámara de Diputados y de Senadores) y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Seguramente caerá en saco roto, pero la valiente lucha en las calles de jubilados y jubiladas, es la prueba más contundente de la legitimidad de las conclusiones de la sentencia.