Piden la renuncia de Dina Boluarte

La crisis peruana va en espiral ascendente, con miles de manifestantes que marchan desde el interior hacia la capital, Lima. El gobierno de Boluarte responde con represión, que ya se cobró la vida de más de 60 personas.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

La destitución del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, fue el inicio de una crisis que puede llevarse puesta a quien lo reemplazó, su vicepresidenta. Aunque el gobierno de Castillo se presentaba como “progresista”, pues en su programa de gobierno planteó aumentar el presupuesto para Educación, recuperar la minería para el Estado nacional y cobrar mayores impuestos a las multinacionales del sector, convocar a elecciones para una Asamblea Constituyente y nueva Constitución, y otros cambios positivos, en los 17 meses que gobernó fue una desilusión para las masas empobrecidas que lo habían votado para presidente.

 

Una derecha implacable.

 

A su favor, hay que decir que a Castillo no lo dejaron gobernar. Le ganó en balotaje a la derechista Keiko Fujimori (la hija del ex presidente y golpista, preso por delitos de lesa humanidad), por exiguos 44.000 votos. La perdidosa y todas las clases dominantes, que no soportaron ver en la primera magistratura a un humilde maestro de orientación de izquierda, denunciaron un inexistente fraude electoral. Fue el primer intento, cuando aún no había asumido. Luego hubo otros tres conatos de golpe parlamentario, por parte de la oposición de derecha y ultraderecha que controla el Congreso. El  tercero iba a ser el 7 de diciembre, bajo el argumento de “vacancia” o incapacidad moral de Castillo. La vacancia se originaba en la falta de aprobación de los gabinetes que designaba el presidente, por lo que tuvo que cambiar durante su mandato a 80 ministros.

 

Cuando Castillo anunció la disolución del Congreso, aprovechó la derecha para proceder a su destitución, cuando ya había perdido gran parte de apoyo popular, de su propia alianza y hasta de su vicepresidenta, Dina Boluarte, quien lo traicionó y juró como presidenta.

 

Rebelión popular.

 

La oligarquía peruana y su patrón estadounidense no contaban con la reacción del pueblo peruano, que luego de unos días, comenzó a manifestarse en las calles, en la zona andina, en el sur del país, de donde es oriundo Castillo.

 

En los primeros días de enero, enormes multitudes fueron hacia la capital y confluyeron en la gran marcha del jueves 19 de enero. El reclamo: la renuncia de la presidenta Boluarte, adelantamiento de las elecciones y una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución Nacional, que sustituya a la de 1993, de corte neoliberal, surgida durante el gobierno de Fujimori. También reclaman la libertad de Pedro Castillo, quien está injustamente detenido en la cárcel acusado de conspiración y rebelión.

 

La reacción de Boluarte y las fuerzas de seguridad fue de una salvaje represión, que ya lleva más de 60 víctimas fatales y centenares de detenidos.

 

La policía no respetó la autonomía universitaria e ingresó con una tanqueta a la Universidad de San Marcos, en Lima, la más grande y antigua del país. Allí se alojaban personas que habían marchado desde sus territorios hacia la capital. Detuvieron a 200 manifestantes, que fueron dejados en libertad al día siguiente por la Fiscalía.

 

Celac.

 

Durante la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se está realizando en Buenos Aires, se desarrolla en paralelo una reunión de la Celac Social. Esta entidad, conformada por organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos, elaboró un documento sobre la situación actual de la región latinoamericana y condena de pasada el golpe perpetrado en Perú. Empero, no tomó posición respecto a las demandas del pueblo respecto a la renuncia de Boluarte, la convocatoria anticipada de elecciones y una Asamblea Constituyente. Tampoco exige una sanción a Perú por los crímenes cometidos por el régimen.

 

El abogado de Castillo, Wilfredo Robles Rivera, se encuentra en Argentina y participa de la reunión de la Celac Social, donde denunció la situación que está atravesando su país.

 

“Pedro Castillo está sometido a una prisión preventiva ilegal e inconstitucional. Ilegal porque los jueces lo han decidido sin que el hecho que se le imputa sea considerado delito. Inconstitucional porque un presidente no puede ser sometido a la justicia común sin que se realice un antejuicio político por parte del Congreso”, dice Robles.

 

El letrado defiende la disolución del Congreso que ordenó Castillo el 7 de diciembre, por ser una “facultad que le otorga la Constitución Nacional” y en consecuencia, no se configura el delito de rebelión que se le imputa y por el cual está detenido.

 

Para Robles la reacción popular se basa en el derecho a la insurgencia frente a la usurpación del poder por Boluarte y la derecha. Rescata la combatividad del pueblo andino, de la Sierra Sur del Perú. Y denuncia al Poder Judicial, que ha sido “capturado” por la dictadura. Por ello, confía más en la presión popular para provocar la renuncia de Boluarte, que en los recursos judiciales presentados, en manos de jueces que están cooptados por la oligarquía limeña y la derecha.

 

Una salida popular.

 

Es verdad que la salida a la crisis peruana pasa por la presión que pueda ejercer la enorme movilización popular puesta en marcha desde las zonas rurales.

 

Es que si Boluarte renuncia (ya ha afirmado que no lo hará), quien debe asumir es el presidente del Congreso, el general retirado José Williams, acusado de graves violaciones a los derechos humanos durante la represión a la guerrilla de Sendero Luminoso, en la llamada Masacre de Accomarca (1985), donde fueron asesinados 69 personas.

 

El Congreso aprobó el adelantamiento de elecciones para abril de 2024, pero los manifestantes exigen que se realicen “en 4 meses”, y que sean no solo comicios presidenciales, sino también para elegir un nuevo Congreso y una Asamblea Constituyente.

 

Ni Boluarte, ni la derecha parlamentaria ni las clases dominantes están dispuestos a aceptar esos reclamos. La embajadora de Estados Unidos en Lima, Lisa Kenna, ya el 13 de diciembre pasado se reunió con Boluarte y le dio todo su apoyo.

 

La persistencia de la movilización popular, su fortaleza y unidad, serán decisivas para ver quién gana esta pulseada en el Perú, clave para ese país y para la región latinoamericana.