Un sello fundacional que aparece comprometido

Tradicionalmente se criticó al radicalismo cierta morosidad en la acción pero no era común que se pusiera en duda el compromiso democrático o la honestidad intelectual de sus dirigentes. La actual dirigencia está comprometiendo este sello fundacional.

 

JOSÉ ALBARRACÍN

 

A lo largo de más de 130 años, con sus idas y venidas, la Unión Cívica Radical ha hecho contribuciones significativas al progreso nacional. Cuando nació, en la última década del Siglo XIX, lo hizo para combatir (incluso con las armas) a un gobierno ilegítimo, autoritario y oligárquico que había sumido al país en una grave crisis económica. A partir de allí, con su actitud de abstenerse de participar en el proceso electoral amañado por la oligarquía, sentó las bases para el establecimiento del voto universal, con lo que necesariamente se produjo la inclusión de amplios sectores sociales postergados en la vida política.

 

Instituciones.

 

La defensa de la institucionalidad democrática ha sido, quizá, la más constante de sus virtudes. Lamentablemente no puede decirse lo mismo de la defensa del patrimonio y la soberanía nacionales, que si bien tuvo buenos exponentes con la creacíón de YPF de Yrigoyen o la Ley de Medicamentos de Illia, también hubo defecciones como la de Frondizi y sus contratos petroleros.

 

La UCR estuvo a la cabeza de la lucha contra el fraude electoral en la llamada Década Infame que sobrevino tras el golpe de 1930. Y también fue un contrapeso institucional a las pulsiones autoritarias -que las hubo- durante los primeros gobiernos peronistas.

 

Es a un gobierno radical -el asumido en 1983- que le debemos el inicio de la lucha por la protección integral de los derechos humanos, el Juicio a las Juntas Militares genocidas y, en definitiva, la consolidación de la democracia que hoy rige, cuarenta años después, tras un período de más de medio siglo en que los gobiernos populares eran depuestos por golpes militares.

 

Ahora.

 

Horas antes de escribir esta columna, el radicalismo pampeano publicó una declaración repudiando las declaraciones del presidente de la Nación con relación al llamado "juicio de Vialidad" -que involucra a la vicepresidenta- por considerar que con éstas se vulneraba la división de poderes. A nivel nacional, y por el mismo motivo, ese partido ha planteado incluso un pedido de juicio político contra el primer mandatario nacional.

 

Lo que cabe preguntarse aquí, es si en este caso, y con la invocación de un principio institucional clave como la división de poderes, ese partido está realmente actuando conforme a sus estándares históricos.

 

La lista de ejemplos es demasiado extensa para ser cubierta en una columna periodística, por lo que, por ejemplo, no nos extenderemos aquí sobre cuestiones de política internacional, como el silencio de la UCR ante la falta de condena del gobierno argentino al golpe de Estado en Bolivia en 2019, para no hablar del posterior contrabando de armas en favor de ese gobierno ilegítimo (el radicalismo, con toda justicia, había repudiado otro contrabando de armas, hacia Ecuador, en la década de los '90).

 

Justicia.

 

Cualquier observador honesto de la realidad argentina, deberá coincidir en que buena parte del deterioro institucional del país está relacionado con la situación del Poder Judicial, en particular, con el que tiene asiento en la ciudad de Buenos Aires. Y no sólo por el prolongado deterioro de su imagen pública, que promueve la anomia y puede servir de caldo de cultivo para episodios de justicia por mano propia.

 

Es insostenible una Corte Suprema con su constitución menguada en número -y mucho más en prestigio- en la cual la mitad de sus miembros ingresaron por un procedimiento (DNU) manifiestamente inconstitucional. Es insostenible que haga seis años se mantenga, al frente de los fiscales de la Nación, un funcionario designado por decreto, que reemplazó a la legítima titular de ese organismo, designada con amplio acuerdo del Senado, y cuya renuncia fue obtenida mediante extorsión.

 

Es insostenible que los más altos tribunales hayan instaurado una doctrina inconstitucional destinada a facilitar la prisión preventiva de ex funcionarios, la cual se aplicó selectivamente a los provenientes de un sólo color político (cuando los abogados radicales defendían a presos políticos durante la dictadura, poniendo en riesgo su propia vida, jamás les preguntaban a qué partido pertenecían).

 

Y es insostenible que se invoque la división de poderes para acallar las críticas al accionar judicial, en particular, cuando éste violenta en forma grosera el derecho constitucional a la defensa en juicio, con actos tales como la denegatoria arbitraria de pruebas sustanciales, o cuando se le deniega al imputado su derecho al uso de la palabra.

 

Tradicionalmente se criticó al radicalismo cierta morosidad en la acción, producto de un temperamento más dado al debate y la retórica que a la acción concreta. No era común, en cambio, que se pusiera en duda el compromiso democrático o la honestidad intelectual de sus dirigentes. Lamentablemente, la actual dirigencia está comprometiendo este sello fundacional de ese partido.