Una crisis inédita

Un nuevo “verdurazo” realizado por pequeños productores nucleados en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) volvió a poner de relieve la grave situación que atraviesa el sector. La medida realizada frente a la Secretaría de Agricultura de la Nación tuvo como objetivo denunciar, entre otras consecuencias de las políticas del gobierno nacional, la eliminación de todo acompañamiento técnico y económico por parte del Estado a las familias que producen alimentos.

 

La desregulación de las importaciones fue una de las primeras medidas del gobierno de Milei. Las frutas y hortalizas están entre los alimentos que más se importaron. Un informe del Mercado Central muestra la gran diferencia que hay en variedad y volumen de importaciones, comparando enero de 2024 y el mismo mes de 2025: la batata, la ciruela, el limón y el melón muestran el mayor incremento interanual. Le siguen la papa, la manzana, el durazno y las naranjas, con porcentajes de importación realmente significativos.

 

En todos estos rubros nuestro país siempre se autoabasteció, sin necesidad de importar. Si la intención era bajar el precio, en ninguno de esos casos se logró: los precios de importación terminaron siendo mayores que los de producción local. También es significativo que, en consecuencia, dejaron de exportarse frutas y hortalizas.

 

Por otro lado, la baja de la venta de alimentos, como es el caso de la horticultura, se siente fuertemente. Esto se explica por la disminución del consumo de productos de primera necesidad por parte de una población afectada por la crisis. Esa baja no se recupera: la retracción es del 5,4% según el último dato publicado, lo que afecta directamente al consumo de alimentos.

 

Sumado a eso, la desintegración de las políticas públicas debilita aún más al sector de los pequeños productores. Todos los organismos, secretarías, institutos y programas que se cerraron son los que daban respuesta –o al menos lo intentaban– al sector cooperativo.

 

El Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci), a pocos meses del comienzo del gobierno de Milei, sufrió el despido de 900 trabajadores; el organismo quedó totalmente paralizado. Programas históricos como el ProHuerta y Cambio Rural han quedado inactivos.

 

Se desfinanciaron y desmembraron las secretarías y direcciones del ex Ministerio de Desarrollo que trabajaban con el sector rural más pobre. De igual forma, la Secretaría de Agricultura dejó de garantizar el acompañamiento técnico y financiero del sector. El INTA está siendo objeto de un intento de vaciamiento que implica el cierre de toda la estructura histórica de extensión, que es justamente la que trabajaba con el pequeño y mediano productor.

 

Otra de las políticas claves para el sector eran las de emergencia: un recurso de última instancia. Las emergencias climáticas son un fenómeno recurrente que afectan a gran parte del país y a sus zonas productivas. El último fenómeno de gran relevancia fue el de Bahía Blanca, donde su zona rural todavía sigue buscando recomponerse. Gobiernos anteriores han tenido el fondo de emergencia nacional para estos casos. Hoy, ese es otro de los recursos del Estado con que no se cuenta.

 

Son muchas las variables que desde hace un año y medio presionan sobre el sector cooperativo y de los pequeños productores: importaciones, caída del consumo de alimentos y un estado totalmente ausente que interrumpió sus políticas de acompañamiento. Todo esto empuja al “campo que alimenta” a una crisis inédita, que podría llevarlo a desaparecer. (Por Agustín Suárez, integrante del Centro de Estudios de la Tierra).