Un esquema de tensiones

Redaccion Avances 09/01/2022 - 11.49.hs
El río Atuel desde la ruta 40. Foto: María Laura Langhoff (noviembre 2021).

En el contexto actual de avance del extractivismo, entendido este como explotación intensiva de los bienes comunes con pasivos socioambientales irreversibles, lleva a pensar la situación del río Atuel en su cuenca alta y cómo repercute en el conflicto hidrosocial.

 

 

María Laura Langhoff *
 

El conflicto hidrosocial atuelino es un hecho por demás conocido en La Pampa. No obstante, en el actual contexto de avance de actividades extractivistas de alto impacto como la megaminería y la extracción de hidrocarburos convencionales y no convencionales, conviene comprender el esquema complejo en que se inserta. El río atraviesa territorios, sobre todo en su cuenca alta, en los que se disputan diversos intereses privados apoyados por el Estado mendocino y avalados por el Estado nacional. Dentro de los intereses privados, hay que considerar empresas multinacionales que buscan instalarse en el territorio para llevar adelante proyectos como megaminería y fracking. Otras ya están instaladas y explotan la actividad turística como el caso del complejo invernal Las Leñas.

 

Las características físicas de esta parte de la cuenca situada sobre la diagonal árida sudamericana, hacen que se produzcan más tensiones. Por ejemplo, la cuenca alta coincide con la cuenca hidrocarburífera neuquina, la cual contiene las formaciones Vaca Muerta y Los Molles, en las que se utiliza la técnica del fracking para la extracción de estas materias primas. Esta práctica es ampliamente cuestionada en diversos lugares (Pérez Castellón, 2016; Urresti y Marcellesi, 2012), incluso la Unión Europea en un informe del año 2011, resalta los impactos negativos en la salud y el medio ambiente y, sobre todo, los elevados usos de agua dulce como así también la adición de diversos químicos que comprometen el posterior tratamiento de esas aguas (Lechtenböhmer, 2011). En el caso de Estados Unidos también se han realizado trabajos (Committee on Energy and Comerce, 2011), orientados principalmente a la salud (Concerned Health Professionals of NY, 2015), donde se exponen los impactos en las personas y donde se resaltan los cambios negativos producidos en el medio ambiente como contaminación de aguas subterráneas y aumento de sismicidad.

 

 

Actividad minera.

 

Otra característica física de la cuenca alta atuelina es la presencia en la cordillera de minerales metalíferos que ya han sido explotados como el caso del hierro y otros que vienen siendo prospectados desde la década del setenta como el caso de Cerro Amarillo, donde se encuentran abundantes reservas de cobre y oro. Este se localiza sobre la subcuenca del río Salado, tributaria del Atuel. Como detalle, a la misma latitud en Chile está bajo explotación una de las minas más grandes de cobre, “El General”. Este es un dato por demás relevante que debe considerarse, puesto que mineras multinacionales han realizado diversos estudios allí.

 

Estos proyectos no han prosperado debido a la ley provincial 7722, que prohíbe el uso de químicos en la actividad minera. Esta ley se creó como producto de la movilización del sur mendocino, principalmente, luego acompañado por el resto de la provincia, ante el avance en la zona de Cerro Nevado, de compañías mineras que buscaban explotar cobre. De haber resultado ese proyecto extractivo, se hubieran visto seriamente afectadas fuentes y cursos de agua como Punta de Agua, lugar desde donde el acueducto lleva este bien común a Santa Isabel. Desde 2019 esa ley intenta ser reformada o vetada por el gobierno mendocino, a lo que contribuyen los dos partidos políticos mayoritarios de dicha provincia. En cierta forma fue “salteada” por el decreto 248 promulgado por el ex gobernador Cornejo, para habilitar el fracking, justamente en la cuenca alta del Atuel, con la intervención de petrolera El Trébol (Vila-Manzano) en el área de Puesto Rojas y Cerro Pencal, donde se produjeron eventos de contaminación que afectaron cauces tributarios del Atuel.

 

En Mendoza existe una especie de “cepo” informativo sobre la actividad, por lo cual se hace difícil a los habitantes y organizaciones socioambientales, ejercer un control, obtener información y realizar demás acciones para frenar este avance. Por lo pronto se sabe que, en el mes de enero de 2022, se comenzará a realizar fracking en el departamento de San Rafael. Allí, según una nota periodística, ya un par de empresas como Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A., Crown Point Energy S.A., entre otras, se mostraron interesadas.

 

 

Reflexión.

 

Ahora es necesario contrastar esta realidad de la cuenca alta atuelina, con los últimos dos eventos socioambientales de profundo impacto y que debieran estar en debate real, como son la rotura del oleoducto en cercanías de Catriel y el río Colorado y la aprobación de zonificación minera en Chubut. En el primer caso, se hace evidente la falla de todos los supuestos controles, seguridad y confianza que intenta vender las empresas y el gobierno (nacional y provinciales), en torno a la producción petrolera. Ante este tipo de eventos no hay una respuesta certera, los controles y remediación posterior son un interrogante, más ante lo que muestran las fotos del lugar. En cuanto a la megaminería, está comprobado que estos enclaves de alto impacto, no traen trabajo genuino, aumentan los desequilibrios ambientales y, literal, trituran roca para obtener minerales valiosos que no se procesan aquí, solo se extraen al exterior. Para ejemplo está el mineraloducto que parte de Catamarca al Paraná y los problemas que ocasiona por los lugares donde está construido. En estos territorios solo dejan pasivos ambientales, igual que el petróleo, los que se visibilizan aún más cuando se recorren los campos petroleros.

 

Es necesario que los habitantes de la cuenca baja atuelina pregunten y cuestionen sobre el avance de estas actividades extractivistas en la cuenca alta. El agua llega esporádicamente al oeste pampeano, ¿queremos que llegue contaminada, con petróleo, químicos? El avance megaminero y del fracking ¿no supone un obstáculo más para que se cumpla lo que estipuló la corte en el 2017? Es necesario apoyar las luchas que se están dando en otros territorios, es necesario abrir el diálogo con los asambleístas y organizaciones por el agua en Mendoza, que no son el gobierno, es necesario comprender que el conflicto por el Atuel no está inserto en el mismo contexto que a mediados de los cuarenta. Hay que empezar a observar cómo los intereses internacionales buscan bienes estratégicos, cómo los gobiernos ofician como garantes de ellos y entender que nuestros territorios, los espacios de reproducción de la vida, para ellos son negociables. Y La Pampa no es una isla, si el Atuel es pampeano, también importa, y mucho, lo que suceda en la cordillera.

 

 

* Licenciada en historia y doctoranda en geografía (UNS, Bahía Blanca)

 

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