Represores son buscados en el país

Las cuatro fuerzas de seguridad buscaban ayer dentro del país a los represores Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón de Marchi, quienes se fugaron del Hospital Militar Central el jueves por la noche, en tanto que también se libró un pedido de captura internacional.
Fuentes del Gobierno revelaron a Noticias Argentinas que apenas se conoció el escape de ambos, se alertó a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para llevar a cabo un plan de custodia en todo el país, sobre todo en las fronteras y aeropuertos.
"Los medios se enteraron después, pero apenas se fugaron se implementó un gran operativo de seguridad para custodiar las fronteras. Por eso es imposible que se hayan podido escapar. Están en algún lugar de la Argentina, creemos que no muy lejos de donde se escaparon", advirtieron las fuentes consultadas por NA.

Captura internacional.
De todas maneras, Interpol emitió el pedido de captura internacional para los dos represores.
A la vez, continúan las averiguaciones para determinar quiénes fueron los responsables de haber facilitado la fuga y una de las personas que estaría siendo investigada es la esposa de Olivera, Marta Ravassi, quien se desempeña como psicóloga del Hospital Militar Central, al tiempo que la mira está puesta en la anuencia de uno de los jueces intervinientes.
Ravassi fue pasada a disponibilidad junto a otros siete militares por el Ministerio de Defensa, que encabeza Agustín Rossi, al tiempo que la cartera de Justicia y Derechos Humanos, cuyo titular es Julio Alak, tomó idéntica decisión con ocho agentes penitenciarios encargados del traslado de los prófugos.

Recompensa.
En tanto, el Ministerio de Justicia también dispuso una recompensa de dos millones de pesos por cada uno de los represores, para quien aporte datos sobre sus respectivos paraderos.
La Justicia allanó este viernes el Hospital Militar para secuestrar las historias clínicas de los prófugos y las filmaciones de seguridad con el fin de reconstruir los hechos.
Intervienen en la investigación de la fuga el juez federal Claudio Bonadío, por una denuncia del Gobierno, y el juez correccional Raúl García.

Congelaron los bienes.
La Unidad de Información Financiera procedió al congelamiento administrativo de todos los bienes de los represores Antonio Olivera y Gustavo De Marchi, luego de su fuga del Hospital Militar de Capital Federal.
La orden del ente, a cargo de José Sbattella, fue dada en el marco de la Ley antiterrorista a partir de que los recientemente condenados por delitos de lesa humanidad se fugaran el jueves por la noche.

Juzgados.
Los represores habían sido juzgados y condenados, en el marco del primer juicio por el secuestro y desaparición de la modelo francoargentina Marie Anne Erize Tiseau en octubre de 1976.
Ambos habían recibido altas penas por delitos como violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravado por su estado de cargo público.
Debido a la necesidad de recibir tratamiento médico, el Juzgado Federal 2 de San Juan había autorizado el traslado de ambos hacia el Hospital Militar "Cosme Argerich" de la Ciudad de Buenos Aires, de donde se fugaron durante la madrugada del jueves 25 de julio.
Frente a tales circunstancias, la UIF dictó una resolución de congelamiento administrativo de bienes y dinero que pertenezcan a los prófugos, con el objetivo de lograr la inmovilización financiera de los terroristas de estado y facilitar, de esa forma, su inmediata detención.
Este congelamiento abarca todas las propiedades muebles e inmuebles y las empresas que pudieran estar a sus nombres o de las que fueran cotitulares, así como también los servicios bancarios. (NA y Télam)