Indagan a los detenidos tras la marcha por Santiago Maldonado

Las 30 personas que quedaron detenidas luego de la marcha a Plaza de Mayo para reclamar por la aparición del joven Santiago Maldonado comenzaron a ser indagadas esta mañana por los disturbios que se produjeron durante la movilización.
Los acusados fueron trasladados hasta el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 5 para prestar declaración ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
Los manifestantes, que estaban alojados en cuatro dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires, están acusados de haber cometido los delitos de "intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad", según informaron a NA fuentes judiciales.
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, denunció que las personas demoradas estaban incomunicadas en sus celdas.
Una docena de ellos habían sido derivados a la Comisaría 12, del barrio porteño de Caballito; siete a la Comisaría 15, de Retiro; y 14 a la Comisaría 30, de Barracas.
Varios incidentes se generaron durante la marcha por Santiago Maldonado, luego de que algunos pocos de los presentes comenzaran a quemar contenedores de basura, pintaran paredes y rompieran vidrios de comercios y edificios públicos.
Un total de quince efectivos de la Policía de la Ciudad resultaron lesionados durante la protesta, según lo que informaron a NA fuentes de la fuerza de seguridad.
De acuerdo a lo establecido en el Código Penal sobre el delito de intimidación pública, pueden ser penados "con prisión de dos a seis años" aquellos que "para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hicieren señales, dieren voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos".
"Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años", agrega el artículo 211.
En lo que respecta al delito de atentado y resistencia contra la autoridad, la normativa establece que "será reprimido con prisión de un mes a un año, el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones".
Al tiempo que el artículo 238 precisa que "si el hecho se cometiere por una reunión de más de tres personas" la pena podrá ser "de seis meses a dos años".