Aprueban tres préstamos más de organismos internacionales

Mediante tres decretos (488, 489 y 490/2025), publicados ayer en el Boletín Oficial, el gobierno nacional aprobó nuevos préstamos de organismos internacionales, por un total de 1.500 millones de dólares. Estas medidas autorizaron formalmente dos contratos entre Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por 1.200 millones, y otro con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por 300 millones.

Según los decretos, los préstamos del BID financiarán el “Programa de Fortalecimiento de la Política Fiscal II”, con 800 millones, y el “Programa de Apoyo a Reformas Regulatorias para la Competitividad”, por 400 millones. El crédito del BIRF, en tanto, coestará el

“Programa de Modernización de los Servicios de Administración Tributaria”.

En los tres casos, la financiación quedó sujeta a que los programas de destino sean aprobados por los directorios ejecutivos de sus organismos. De igual manera, se estipuló que “la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del Préstamo serán llevadas a cabo por el Ministerio de Economía”.

Simultáneamente, el ministro Luis Caputo, y los funcionarios que él designe, quedan autorizados a introducir modificaciones a los programas “siempre y cuando no constituyan cambios sustanciales al objeto y destino de los fondos, ni deriven en un incremento de su monto o una alteración en el procedimiento arbitral pactado”.

Plata para la macro.

Los decretos argumentan que el Banco Central analizó el efecto de las operaciones acordadas en la Balanza de Pagos y cada una “implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales”, por lo cual ese impacto “será acotado y consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas”.

Con ese pronóstico coincidió la Oficina Nacional de Crédito Público al comunicar que no tiene objeciones sobre los financiamientos, porque el costo financiero “basado en la información disponible y los supuestos realizados, es inferior al que la República podría obtener en el mercado”.

De los decretos se desprende también que el Programa de Apoyo a Reformas Regulatorias para la Competitividad, tiene la misión de “mejorar el ambiente de negocios para contribuir al incremento de la competitividad del país”, y el Programa de Fortalecimiento de la Política Fiscal II debe “contribuir a la sostenibilidad fiscal de la República Argentina”.