Habilitan cortes de agua potable

Al reformar el marco regulatorio para la prestación del servicio de agua potable y cloacas, que permitirá avanzar con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa), el gobierno nacional autorizó los cortes domiciliarios de agua potable a usuarios en mora. Entre las nuevas atribuciones de la empresa, incorporadas por decreto, figuran también amplias facultades para revisar y auditar, desde el punto de vista técnico, todas las obras que se ejecuten dentro del área regulada, y facultades para constituir como garantías los fondos provenientes de la explotación del Contrato de Concesión para garantizar el repago del financiamiento destinado a la prestación del servicio público. Además, “el Estado Nacional podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria”.

De esta manera, el gobierno avanza con el proceso de privatización habilitando la venta de acciones, la entrada de capital privado en la empresa y permitiendo los cortes del servicio por falta de pago. El avance de la Casa Rosada para desprenderse de la compañía incluye profundas modificaciones al marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales, establecidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, publicado ayer en el Boletín Oficial.

Profunda crisis.

La nueva normativa modifica el artículo 2° del Decreto N°304/06, por el cual estaba e establecido que el 90% del capital de Aysa pertenece al Estado y determinaba que dichas acciones “serían intransferibles y esa proporción no podrá ser disminuida como consecuencia de operación social alguna”. Mediante el cambio regulatorio quedó determinado que “el Estado Nacional podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria”, lo que en la práctica significará la privatización de la firma prestadora del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En el texto, el gobierno argumentó los cambios asegurando que “el diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere, al haber sido concebido para un modelo de gestión estatal que no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura”.

De todos modos, aclaró que “la presente medida se dicta en un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”. Según el decreto, esa situación crítica “se evidencia en el creciente deterioro operativo y financiero de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., cuya estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”.

Plan Director.

Además, el decreto establece la creación de un Plan Director de Mejora Estratégica, destinado a definir “los lineamientos y estrategias técnicas para el desarrollo de las obras básicas de infraestructura que posibiliten la ampliación y extensión del servicio público”. Este documento, sin carácter vinculante, será elaborado por la Agencia de Planificación (APLA) y revisado cada cinco años.

“El Contrato de Concesión podrá prever un régimen de transición a los efectos de permitir una implementación ordenada y progresiva de las disposiciones de este Marco Regulatorio en lo pertinente, por un período no mayor de cinco años, una vez formalizada la privatización, y con el propósito de mantener en todo momento el equilibrio de la ecuación económico financiero del Contrato de Concesión”, expresa el texto.