Diputados acelera restricciones a los DNU

La oposición en la Cámara de Diputados pusó en marcha una nueva ofensiva contra el gobierno al iniciar el tratamiento de la media sanción otorgada por el Senado al proyecto que restringe la capacidad del Poder Ejecutivo para dictar medidas mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Tras aprobarse un emplazamiento en la última sesión, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, y Peticiones, Poderes y Reglamento, se reunió ayer para tratar las modificaciones al régimen de DNU, y el martes que viene pasarán a la firma el dictamen para que la iniciativa pueda ser votada en el recinto.
La aceleración en este este tema puso en guardia a la Casa Rosada, que echa mano diariamente a los DNU para ejecutar políticas en lugar de enviar proyectos de ley al Congreso, algo explícitamente prohibido por el artículo 99 de la Contitución (inciso 3). El instituto especial de DNU fue incluido en la reforma constitucional de 1994 para que los gobiernos de turno pudieran dar respuestas excepcionales en circunstancias extraordinarias, y cuando no pueden esperar los tiempos institucionales del Congreso.
El problema es que todos los gobiernos, algunos más y otros menos, hicieron un uso discrecional y abusivo de esta herramienta, sin razones de emergencia que lo justificaran.

Blindaje.
En 2006, a instancias de un proyecto de Cristina Fernández, el Senado aprobó la ley 26.122 que blindó los DNU presidenciales y dejó a la oposición prácticamente sin capacidad para derogarlos. La diputada de Unión por la Patria Mónica Litza recordó que “la ley que introdujo la entonces senadora Cristina Kirchner fue un avance importantísimo en el tratamiento de estos DNU: primero porque introduce un control legislativo de forma regular ya que, hasta ese momento, cuando se discutían los DNU, tanto su aceptación como su rechazo, no había plazos. Además se creó la comisión bicameral”, completó. Y aclaró que la ex presidenta “fue quien menos usó esta herramienta”.
“A casi 20 años de la ley 26.122 lo que debía ser una excepción y un control del presidencialismo se convirtió lamentablemente en la regla, sobre todo para este gobierno”, añadió . 
La ley vigente establece que con la aprobación de una sola cámara de Congreso el decreto queda en pie y quedan vigentes sus efectos jurídicos. Por el contrario, se requiere el rechazo de ambas cámaras para poder voltear decretos, lo cual ocurrió en muy contadas ocasiones.
En el gobierno actual esto empezó a ocurrir un poco más, pero continúa siendo muy difícil para la oposición juntar mayorías en ambas cámaras para tumbar decretos. “Es muy difícil decirle que no al presidente y al Poder Ejecutivo de turno, que cuenta con muchas herramienta de persuasión y negociación sobre los diputados y sus gobernadores. Por lo tanto, es muy difícil construir esos consensos y hay una desproporcionalidad entre el procedimiento de creación de leyes y los DNU”, enfatizó Litza.

Un camino más fácil.
La ley propuesta por el Senado perm,ite que con el rechazo de una sola cámara sea anulado un decreto, pero aero además todo DNU tiene 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial para lograr su convalidación en el Congreso, caso contrario pierde validez y efecto jurídico.
Además, la iniciativa dispone que “rechazado un DNU o de delegación legislativa el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario”.
El diputado nacional del Frente de Izquierda Christian “Chipi” Castillo cuestionó la existencia misma de los DNU y los definió como “atributos bonapartistas semejantes a los de un rey sin corona”. “La ley que formuló Cristina Fernández en 2006 hace más fácil la aprobación de un DNU que una ley”, recordó, con el agravante de “un gobierno actualmnte en funciones que hizo una reforma constitucional de hecho mediante un DNU a todas luces anticonstitucional: el 70/23”.
“A mi entender, la ley que rige actualmente es anticonstitucional porque reduce al Congreso prácticamente a la nada. Es necesario el tratamiento de este proyecto, independientemente de que nuestra posición es en contra de la existencia misma de los DNU”, concluyó.
(NA y Página 12)