"Los asesinos siguen en libertad"

El Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca condenó ayer al prefecto Sergio Cavia a cinco años de prisión por el delito de "homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa", en perjuicio del joven mapuche Rafael Nahuel, en tanto que otros cuatro prefectos -Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García- fueron condenados a 4 años y medio como "partícipes necesarios" por el mismo delito.

 

Así lo informó el tribunal rionegrino al leer ayer a la mañana el veredicto en el juicio por el asesinato del joven mapuche, cometido el 25 de noviembre de 2017 durante un operativo del Grupo Albatros en un predio en disputa entre la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y la Dirección de Parques Nacionales en Villa Mascardi, Bariloche.

 

Luego de más de tres meses de audiencias en la instancia oral y pública del juicio, el tribunal integrado por Alejandro Silva (presidente), Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava dió su veredicto en una audiencia que comenzó a las 9 con las palabras finales de los procesados. Los jueces darán a conocer los fundamentos de su sentencia en los próximos días.

 

Los condenados no serán detenidos hasta que el fallo quede firme, luego de las previsibles apelaciones de las defensas y también de las querellas.

 

Cuestionamiento.

 

El fallo fue cuestionado por la familia del joven asesinado y por las tres querellas que en sus alegatos habían solicitado prisión perpetua para los implicados. Según los abogados de la familia, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la APDH Bariloche, no existió un enfrentamiento con armas de fuego que justifique el atenuante del exceso en legítima defensa.

 

Según habían planteado oportunamente, los Albatros persiguieron y dispararon en más de 150 oportunidades contra los integrantes de la comunidad, quienes se defendieron arrojando piedras.

 

Pero el tribunal dio por cierto el relato del enfrentamiento, sostenido por las dos defensas de los uniformados. Los jueces tampoco adhirieron al pedido de las querellas de condenas por coautoría funcional de los cinco implicados, y en cambio condenó por el homicidio a Cavia y como partícipes necesarios a los otros cuatro Albatros.

 

Participaron de la audiencia el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, cuya cartera es querellante en la causa, y familiares de víctimas de violencia institucional, como Alberto Santillán, papa de Darío, uno de los militantes sociales asesinados en el 2002 en las inmediaciones del Puente Pueyrredón junto a Maximiliano Kosteki.

 

Familiares.

 

Por su parte, Santillán aseguró que "me nace acompañar a la familia de Rafael Nahuel porque hoy, sin lugar a dudas, mi hijo Darío estaría acá. Me parece que es el lugar correcto, donde hay que estar".

 

En las inmediaciones de los tribunales, que presentaron un refuerzo de su seguridad con un vallado levantado a 40 metros del ingreso a Tribunales, se manifestaron militantes de agrupaciones de izquierda, movimientos sociales y de comunidades mapuches.

 

"Es una burla", dijo Graciela Salvo, mamá de Rafael, y explicó que esperaban "prisión perpetua y que vayan ya a la cárcel". Alejandro Nahuel, padre de Rafael, señaló que la familia "se siente desilusionada" porque "los asesinos de nuestro hijo siguen en libertad".

 

Por su parte, el abogado querellante Rubén Marigo anticipó que apelará la resolución y llevará el caso a los organismos internacionales de derechos humanos. (Télam)