Los buitres no quieren acciones

Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF informaron a la Corte de Apelaciones de Nueva York que no desean quedarse con las acciones de la petrolera en caso de obtenerlas como parte del cobro, aunque reclaman que Argentina deposite una garantía para tramitar la apelación.

 

Esta presentación coincidió con la decisión del gobierno de Estados Unidos de presentarse en favor de la Argentina en el litigio.

 

El viernes a la madrugada se conoció que los fondos buitres que fueron beneficiados por la sentencia de la jueza Loretta Preska que obliga a la Argentina a pagar U$S 16.000 millones con acciones de la petrolera, presentaron un escrito donde indicaron que buscarán la forma de devolverlas porque no tienen intención de administrar la compañía.

 

Así lo informó el especialista Sebastián Maril, quien además precisó que los demandantes también manifestaron su oposición a que Argentina apele sin presentar una garantía financiera.

 

De acuerdo a la interpretación de Maril, este planteo, presentado en las últimas horas ante la justicia estadounidense, modifica el escenario procesal del caso.

 

FALLO.

 

En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra de Argentina por la expropiación de YPF en 2012 y determinó que el Estado debía pagar U$S 16.000 millones por no haber realizado una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios, como indicaba el estatuto de la empresa.

 

Argentina apeló y el caso está en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Para continuar con la apelación y evitar una ejecución inmediata del fallo, el país debe ofrecer una garantía financiera.

 

Los beneficiarios del fallo expresaron que no aceptarán una apelación sin garantía. Consideran que, si Argentina pierde la apelación sin haber dejado una garantía suficiente, será difícil ejecutar el fallo.

 

Indicaron que, si reciben acciones de YPF como parte de un eventual cobro, no buscarán conservarlas y tratarán de restituirlas por un mecanismo adecuado.

 

La Corte de Apelaciones debe resolver si Argentina puede continuar con la apelación sin garantía. Si no lo autoriza, quedará abierta la posibilidad de iniciar la ejecución del fallo y buscar activos argentinos en el exterior.

 

AMICUS CURIAE.

 

Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos se presentó como “amicus curiae” de la Argentina y pidió la suspensión del fallo hasta tanto se resuelva la apelación.

 

La principal argumentación que expresó el Departamento de Justicia estadounidense en un escrito de doce páginas es que la medida judicial viola el principio de inmunidad soberana de los países.

 

En el documento, el gobierno de Donald Trump basa su postura en principios de política exterior y relaciones internacionales. En ese sentido, la administración americana muestra interés en la aplicación de los principios de inmunidad soberana extranjera bajo la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera de 1976 ("FSIA") y el derecho consuetudinario federal.

 

En ese marco, el documento explica que la inmunidad soberana extranjera históricamente protegía la propiedad de estados extranjeros de la ejecución. La FSIA creó excepciones limitadas para "propiedad en los Estados Unidos de un estado extranjero", pero no eliminó la inmunidad para la propiedad extranjera ubicada fuera de Estados Unidos.

 

En consecuencia, concluyó que la orden del tribunal de distrito es inconsistente con estos principios. Recordó además que “otras decisiones de tribunales de apelaciones han requerido que la propiedad de un estado extranjero esté en Estados Unidos para que pueda ser ejecutada”.

 

“La aplicación de un estatuto de ejecución estatal de Nueva York para ordenar el traslado de propiedad extranjera al país no puede anular los requisitos de la FSIA o los principios de inmunidad soberana”, señaló el gobierno de Estados Unidos. (NA)