Milei avanza sobre la Justicia: quiere poner 150 jueces
El Gobierno de Javier Milei mantiene negociaciones cruzadas contrarreloj con el peronismo y los gobernadores por las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla a la Corte Suprema y además por los pliegos de 150 jueces.
El 30 de noviembre es el plazo final para que el Senado trate los pliegos para el máximo tribunal. La Casa Rosada no descarta meterlos por decreto y hasta se abrió la posibilidad de darlo de baja a García Mansilla.
Mientras tanto, la mesa chica de Javier Milei negocia con el peronismo y los mandatarios provinciales la lista de 150 jueces, donde dejaron afuera de la negociación a Mauricio Macri.
Estrategia.
En el círculo íntimo del Presidente ya se animan a decir que si no hay acuerdo en la Cámara Alta, un juez de la Corte podría ser nombrado por DNU en comisión.
En el triángulo de hierro de Milei descartan de plano la posibilidad de que el cordobés Juan Carlos Maqueda -próximo a jubilarse porque superará los 75 años- pueda extender su permanencia en la Corte.
Mauricio Macri utilizó esa estrategia al principio de su mandato para nombrar a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti. Finalmente, la presión política obligó a que el ex presidente tuviera que pasar por el filtro del Senado. En el ministerio de Justicia confían en que no será necesario, porque al pliego de Lijo solo le faltaría un voto para obtener dictamen.
Cruces con Macri.
Los aliados del PRO reclaman tener injerencia para opinar sobre los candidatos que el Senado deberá aprobar. Los interlocutores de LLA sugieren que el partido amarillo no tiene peso específico en la Cámara Alta, donde solo tiene seis senadores.
No es el único foco de conflicto entre Macri y el Presidente. El ex presidente pide acelerar los nombramientos en el directorio de la Auditoría General de la Nación y de la defensoría del Pueblo. Para el primer lugar postula a Jorge Triaca. El oficialismo sugiere a Santiago Viola, apoderado de LLA .
Anuncio.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de anunciar que el Gobierno enviará al Congreso los pliegos de 150 jueces, Fiscales y Defensores del Pueblo. Lo hizo junto al secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quién dio detalles de la iniciativa.
“Este Gobierno recibió una pesada herencia, con una vacancia del 30% de jueces y del 50% de fiscales, lo cual hacía imposible que el sistema funcionara correctamente. Es como jugar un partido de fútbol con tres jugadores menos”, detalló Amerio durante la habitual conferencia de prensa de Adorni.
En un comunicado posterior, el Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, resaltó que “esto se logró con un solo representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Sebastián Amerio, quien está realizando un excelente trabajo”.
Durante la conferencia de prensa, Amerio explicó que todos los candidatos a jueces que enviarán al Senado "pasaron previamente por una selección que realiza el Consejo de la Magistratura en la que se juzga su idoneidad para ocupar el cargo”.
Negociación.
Según informaron a Ámbito fuentes del Gobierno, los senadores pretendía elegir a la mayoría de los 150 jueces, fiscales y defensores, a cambio de aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los candidatos propuestos por el Ejecutivo para la Corte Suprema. Pero el Gobierno no lo aceptó.
En el Gabinete de Milei destacan que la cifra de vacantes que el Gobierno quiere llenar supera a la cantidad de jueces que se nombraron durante el primer año de los mandatos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.
La intención del oficialismo es enviar todos los días al Senado entre 20 y 25 pliegos de jueces. De esta manera, en ocho días hábiles lograrían remitir la mayoría.
El inconveniente burocrático tiene que ver con los requisitos de documentación para armar las postulaciones. Para remitir los pliegos se les debe pedir a los candidatos la declaración jurada y actualización del currículum, pero algunos todavía no lo hicieron.
En Cartera judicial señalan que las demoras en las negociaciones se estiraron por un Senado atomizado e interlocutores que no pueden garantizar los votos de sus pares. "Falta un (Miguel) Pichetto", se lamentó un funcionario.
Procedimiento.
El nombramiento de jueces, fiscales y defensores del Pueblo anunciado por el Poder Ejecutivo se realiza a partir de una terna remitida por el Consejo de la Magistratura, el órgano que tiene “a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial”, creado a partir de la reforma constitucional de 1994.
Una vez elaborada la terna, ésta es enviada al Senado de la Nación, el órgano que tendrá la palabra final del nombramiento. Para efectivizarse, se necesita el acuerdo de dos tercios de sus miembros presentes en la sesión donde se vote. (Clarin/Ambito/Eldestape)
Artículos relacionados