"No les tengo miedo"

El juez federal Gustavo Villanueva resolverá el próximo martes 1° de agosto si concede la extradición de Facundo Jones Huala solicitada por Chile, mientras que ayer fue rechazado un planteo de nulidad presentado por la defensa, en la primera jornada del juicio celebrado en el Escuadrón 36 de Gendarmería, en la ciudad neuquina de Esquel.

 

Durante la audiencia, Huala se definió como un "combatiente" de la causa mapuche, se reivindicó como "revolucionario" y acusó a los poderes económicos, políticos, judiciales y mediáticos de "perseguir y asesinar" a los miembros de ese pueblo originario.

 

Por la mañana, la defensa de Jones Huala criticó que el juez rechazara la presentación de pruebas porque esa decisión, sostuvieron sus abogados, impidió "probar los argumentos que veníamos a plantear" para sostener jurídicamente el rechazo a la extradición.

 

"Hemos asistido a un proceso en el que la defensa comparece atada de pies y manos, amordazada", se quejó uno de los abogados defensores, Eduardo Soares.

 

En las audiencias preliminares, el juez Villanueva había justificado su decisión de no avalar las pruebas de la defensa por tratarse, según determinó, de una reiteración de planteos en relación al juicio de extradición previo, realizado en 2018.

 

Así, la actividad se inició con un pedido de nulidad de los letrados de la defensa del 'lonko' (jefe de una comunidad o grupo de familias) -Soares y Gustavo Franquet-, que fue rechazada por el magistrado que subroga el Juzgado Federal de Bariloche, donde tramita el expediente.

 

La audiencia comenzó a las 10.04 y finalizó pasadas las 14.15, y durante ese lapso Jones Huala estuvo acompañado por una veintena de personas entre miembros de diversas comunidades mapuche-tehuelches y representantes de organismos de derechos humanos.

 

Condena.

 

El imputado es requerido por el Estado chileno para que complete la pena de 9 años de prisión a la que fue sentenciado en 2018 por la Sala de Juicio Oral de la ciudad de Valdivia, que lo condenó por los delitos de incendio de un fundo en 2013 y tenencia ilegal de arma.

 

Según se informó desde la Justicia de Chile, le resta cumplir un año y cuatro meses de pena.

 

En febrero de 2022, el dirigente mapuche se fugó de Chile durante la prisión domiciliaria que le había otorgado un Tribunal intermedio del país trasandino -aunque esa medida fue revocada luego por la Corte Suprema de Justicia chilena- y permaneció casi un año prófugo.

 

El 30 de enero pasado fue detenido en la localidad rionegrina de El Bolsón, y unos días más tarde lo trasladaron a la Unidad Penitenciaria de Esquel.

 

Pedido de nulidad.

 

En el inicio del juicio, Soares reclamó la nulidad del proceso porque no se aceptaron las pruebas presentadas por la representación legal del dirigente mapuche.

 

El letrado le pidió al juez que acepte las pruebas de la defensa y advirtió que si eso no se produce se estaría generando un "peligroso antecedente" que pone en "situación de minusvalidez" a su cliente.

 

Pero la solicitud de nulidad fue desechada, y tras el rechazo se dio lectura a las pruebas aportadas por el Ministerio Público ejercido por el fiscal general Rafael Vehils Ruiz, a cargo de manera interina de la Fiscalía Federal de Bariloche.

 

El material probatorio consistía en documentación remitida desde Chile para pedir la extradición: se trata del pedido formal del Ministerio de Relaciones Exteriores y las actas judiciales que acreditan la pena de 9 años de prisión como también que su cumplimiento está pendiente.

 

A su turno, los abogados de Jones Huala insistieron en que no podían estructurar una defensa acorde al juicio por la negativa del magistrado a que presenten pruebas.

 

Jones Huala.

 

Tras los alegatos, Jones Huala hizo uso de su derecho a la palabra y durante más de 40 minutos defendió las acciones más radicales llevadas a cabo en Argentina y Chile y atribuidas a la lucha por la tierra del pueblo mapuche.

 

El detenido dijo ser un "combatiente y revolucionario" y anticipó nuevos y mayores conflictos hasta tanto "el Estado no dé una solución política" a los reclamos.

 

Además, Jones Huala lamentó no tener armas para ejercer las "acciones de autodefensa" y acusó al juez Villanueva de "tener en sus manos la sangre de Rafael Nahuel", ya que fue ese magistrado quien ordenó el operativo policial para el desalojo de la comunidad de Villa Mascardi en el que fue asesinado Nahuel por parte de un escuadrón del Grupo Albatros de la Prefectura, en noviembre de 2017.

 

"No les tengo miedo, no tengo miedo de ir preso ni de morir", desafió Jones Huala, integrante de la comunidad en Resistencia Cushamen.(Télam)