Un gesto hacia el campo mientras los jubilados esperan

El presidente Javier Milei tiene en la mesa los vetos al aumento del 7,2 % en las jubilaciones y al incremento del bono, que pasaría de 70 mil a 110 mil pesos. El argumento para la antipática medida del Ejecutivo será la defensa irrestricta del “superávit fiscal” del que se jacta el ministro de Economía, Luis Caputo.

El sábado, sin embargo, el fiscalismo a ultranza sufrió una derrota, cuando el propio titular de la Casa Rosada anunció una rebaja de unos pocos puntos en las retenciones a los productos que el campo exporta. Distintos analistas de la economía, relevados ayer por el diario Perfil, coinciden en que el impacto en la recaudación irá desde el 0,1 al 0,3 % del PBI anualizado.

El aumento de los jubilados que definió el Congreso se calcula en el 0,4 % anualizado, de acuerdo a una proyección realizada por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), mismo organismo que estimó en 0,38% del PBI anualizado el impacto de la suba del bono.

“Para el director del CEPA, Hernán Letcher, el costo de las medidas estaría cerca del 0,2% del PBI. Coincide con este análisis el economista jefe de Invecq, Matías Surt, quien en Twitter (“X”) planteó que se ubicaría entre el 0,2% y 0,3% del producto, mientras que para Fernando Marull, el guarismo sería del 0,1%”, sostiene el artículo.

“Un informe de Invecq del mes pasado estimaba la reinstauración de la moratoria previsional en un esfuerzo del 0,2% del PBI y las iniciativas vinculadas a discapacidad implicarían un gasto de 0,3% del PBI. La OPC la había proyectado las nuevas altas por la emergencia nacional en discapacidad entre el 0,22% y 0,42% del producto”, añade.

Liquidaciones.

“Lo que se intenta, si esto se pone en marcha brevemente, que sea un estímulo para aquellos que todavía tienen algo para liquidar y sobre todo de cara a la cosecha fina, es de alguna manera asegurarse dólares en momentos donde la dinámica cambiaria se recalentó”, le dijo a Perfil Leo Anzalone, economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec).

“Vemos complicado el objetivo que se puso el Gobierno (1,6%), pero no pone en peligro el superávit fiscal, que va a ser del 1,3%”, expresó Matías Rajnerman, director del Centro de Estudios Económicos del Banco Provincia. Este último, aclaró que los efectos de mayores ingresos de dólares podrían verse con mayor fortaleza el año próximo, ya que para este año ya se adelantaron liquidaciones por la rebaja temporal que las retenciones habían tendio antes de julio.

Desde el sector agrícola, el ex secretario de Agricultura y productor agropecuario Néstor Roulet sostuvo que para el sojero que alquila campo, que es el 66 %, pasaría de perder US$ 90 por hectárea a US$ 50. “Incluso, hay quienes dentro del campo sostienen que prefieren “mantener cautela” frente a lo anunciado por Milei”, sostuvieron ayer desde Perfil.

“Esa diferencia de US$ 40 por hectárea de alivio que recibe el campo, multiplicada por los 17 millones de hectáreas donde se siembra soja, ronda los US$ 700 millones, un 9% del equivalente de la deuda que la provincia de Buenos Aires le reclama a Nación, que asciende a US$ 7.700 millones. A la vez, es casi la totalidad de lo que exigen La Rioja y Santa Fe y supera lo que piden en conjunto Santiago del Estero, La Pampa y Formosa”, concluyó el artículo del medio porteño.