Sobreprecios: la FIA insistirá para que el BLP dé explicaciones

El fiscal de investigaciones administrativas, Juan Carlos Carola, confirmó ayer a LA ARENA que el Banco de La Pampa se negó a responder los informes que le solicitó sobre aportes económicos para costear los recitales en el Anfiteatro por entender que sus directores por el capital estatal no son funcionarios públicos. "En este momento estamos analizando la respuesta", informó el fiscal.
Mientras el BLP argumenta que no tiene por qué responder a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el ministerio de Cultura y Educación ya lo hizo y en breve también lo hará la Secretaría General de la Gobernación, órgano que días atrás recibió un pedido de Carola en relación a la organización de esos espectáculos. "El Poder Ejecutivo siempre responde", aclaró Carola. "A veces antes, a veces tarda un poco más, pero siempre me manda lo que le pido", acotó.
El pedido a la Secretaría General apunta a acumular más información sobre cómo se organizaron esos recitales, quién estuvo a cargo, cómo se pagaron y cuál fue el destino del dinero. El objeto final es determinar si, como se sospecha, hubo sobreprecios en el pago a los artistas, la iluminación, el sonido o algún servicio relacionado.

Funcionarios.
El fiscal Carola confirmó ayer a LA ARENA que la negativa a responder el escrito se fundó en que, desde la óptica de los directivos del Banco de La Pampa, no los alcanza la jurisdicción de la FIA porque no son "funcionarios públicos" del Estado pampeano. "Sabíamos que esta era una posible respuesta", indicó el fiscal, recordando que desde un primer momento vislumbró que este sería un caso que generaría una controversia con esa entidad.
"En este momento estamos analizando la respuesta que nos dieron y los argumentos en que se fundamenta. Todavía no decidimos los pasos a seguir", comentó.
La respuesta al pedido de informes de Carola lleva la firma de la presidenta del Directorio del BLP, Laura Galluccio. Fue ella quien en declaraciones periodística admitió que esa entidad había aportado fondos para la organización de los recitales.
El fiscal reiteró que tanto la Constitución Provincial como la Ley Orgánica de la FIA le otorgan competencia para investigar al Banco de La Pampa. A ello se suman fallos judiciales, leyes nacionales y convenciones internacionales. Este conjunto de elementos permiten anticipar que, con mucha probabilidad, el fiscal refutará la argumentación del BLP e insistirá con su pedido de informes.

Definiciones.
El tema de quién es funcionario público y quién no, es una definición que genera controversia cada vez que un órgano de control pretende indagar en algún organismo que no está bajo la órbita directa del Estado, como es el caso del Banco de La Pampa. Las convenciones internacionales a las que ha adherido nuestro país -y por lo tanto revisten el carácter de ley- dan una definición amplia y abarcativa de la condición de "funcionario público".
La Convención Interamericana contra la Corrupción dice en su artículo 1 que se entiende por "funcionario público", "oficial gubernamental" o "servidor público" a "cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos".
La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción es aún más precisa. En su artículo 2 establece que se entiende por "funcionario público" a "toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público".

Cañete a un paso de ser despedido
Luciano Martín Cañete está a un paso de perder su trabajo en la Administración Pública Provincial. El resultado de la investigación que hizo la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) ya está en la Secretaría General de la Gobernación, donde se descuenta que decidirán su cesantía del Estado.
Ayer, LA ARENA consultó al fiscal Juan Carlos Carola sobre el desarrollo del sumario iniciado a pedido de esa Secretaría a raíz del abandono de su puesto de trabajo que hizo el empleado. Carola no brindó detalle alguno sobre su declaración. Se limitó a decir que Cañete no negó los cargos que pesan sobre él sino que justificó su accionar.
El castigo por la acumulación de faltas injustificadas que contempla la ley 643 es el despido del empleado. En el caso de Cañete, su ausentismo data de un par de meses atrás, fecha desde la cual se encuentra radicado en la ciudad de Lincoln, provincia de Buenos Aires.
Su alejamiento de la provincia parece tener directa relación con el poco claro manejo de los fondos públicos que se destinaron al pago de los recitales en el Anfiteatro. Cañete tuvo un rápido ascenso en Casa de Gobierno, hecho que muchos relacionan con su amistad con uno de los hijos del gobernador Oscar Jorge.