Quiebra del club Santa Rosa: abogados cobrarán medio millón

A más de seis años de dictada la quiebra de Atlético Santa Rosa, el órgano fiduciario que administra al club desde abril de 2006 está a punto de pagarle a los acreedores, y al grupo de profesionales que participó del proceso judicial, para luego llamar a elecciones y normalizar a la institución. Para ello cuenta con el aval de la justicia y la liberación de los fondos que estaban a plazo fijo.
El esquema de pagos que figura en el expediente ofrece un detalle singular: solamente los ¡¡doce!! abogados intervinientes percibirán algo más de 500.000 pesos y, entre ellos, paradójicamente uno de los que menos cobrará será Mirtha Martín, la que inició y ganó la demanda original. Esa suma es levemente inferior a la que les tocará a todos los acreedores comunes o quirografarios (604.440 pesos).
El órgano fiduciario, integrado por el abogado José Luis Moslares, el contador Leopoldo Bonaveri y el experto en gestión deportiva Hugo Zorzi, presentó el 31 de junio un proyecto de distribución de 1.808.108,84 pesos que tiene el okey de la jueza de la quiebra, Susana Ethel Fernández, y la Cámara de Apelaciones en lo Civil.
A esa cifra se llegó sumando 1.472.500 pesos por las ventas de dos inmuebles (una valuado en 1.290.500 y otro en 40.000 dólares o 182.000 pesos), 330.997 pesos por un plazo fijo en pesos y 3.610 por otro plazo fijo de 793,46 dólares.
¿Adónde irá ese dinero? Por créditos con privilegios especiales de la etapa concursal se abonarán 4.731 pesos (Dirección General de Rentas 1.935 y Municipalidad 2.796). Ocurre que antes de dictarse la quiebra hace seis años y medio, Santa Rosa había entrado en concurso de acreedores durante la presidencia de Roberto Paz (2001-2005).
Del sobrante de 1.803.377 pesos, se pagarán 40.427pesos por reservas y gastos de la etapa concursal y 1.101.416 pesos por reservas y gastos de la etapa del fideicomiso. En la propuesta del propio órgano fiduciario, que aparece en las fojas finales del octavo cuerpo del expediente, no se especifica a qué se debieron esos gastos. Simplemente aparecen los números finales, aunque ese millón de pesos irá a los bolsillos de los abogados, de cuatro martilleros, un perito tasador, dos contadores y los propios Moslares, Bonaveri y Zorzi.
De los 661.533 pesos restantes, 57.092 serán para cubrir créditos privilegiados comunes de la etapa concursal (AFIP 54.857, Osecac, la obra social de los mercantiles 2.204 y Rentas ¡¡0,30 centavos!!). Recién después de todos esos pagos quedarán 604.440 pesos que se usarán para pagarle a los diez acreedores quirografarios o comunes.
¿Quiénes son? Sergio Montero recibirá 136.793 pesos. El tiene desde 2003 una sentencia firme a su favor por esa suma -iniciada cuatro años antes- porque demostró que el club le extrajo una capa de tierra fértil de un terreno propio para nivelar la cancha de fútbol ubicada sobre la ruta 5. Su abogada Mirtha Martín percibirá 39.901 pesos.
Paradójicamente, un abogado del club cobrará más que ella. A Sergio Sánchez Alustiza le corresponderán 44.431 pesos. El es el hermano del ex prosecretario Jorge Sánchez, quien junto al ex presidente Miguel Angel Gómez y al protesorero Raúl Talmón fueron condenados a tres años de prisión por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del club.
El triunvirato no fue a prisión ni debió restituir un peso a pesar de que durante su gestión se vendieron bienes por 2.380.000 dólares (la sede social de la calle Yrigoyen y una parte del estadio Mateo Calderón). La pena fue negociada con el fiscal Jorge Amado y avalada por la Cámara en lo Criminal 1.
El resto de los acreedores son la Administración Federal de Ingresos Públicos (345.498 pesos), la obra social Osecac (14.955), la Cooperativa Popular de Electricidad (12.306), el agrimensor Carlos Migoni (4.162), la Dirección General de Rentas (2.733), la Municipalidad (2.140) y el abogado Roberto Alba (1.517).

La gran torta.
Pero la porción principal del menú de pagos quedará en manos de los abogados. Hubo doce que intervinieron en este proceso que está cerca de concluir. La tajada mayor será para el estudio jurídico de los hermanos Román y Marcelo Molín, que se llevará 86.826 pesos. Ellos actuaron como asesores legales del club.
Después aparecen las abogadas de uno de los estafadores. O sea, el propio Atlético Santa Rosa pagará los honorarios de los abogados que defendieron a los ex dirigentes condenados y que, además, perdieron el juicio. Anahí Brarda y María Cecilia Martiní (hoy fiscal y ex defensora de funcionarios condenados por corrupción), defensoras de Gómez, se llevarán 64.252 cada una. Cada 130.000 pesos entre las dos. ¡Qué tal!
Moslares se quedará con 43.266 pesos con IVA incluido. Su hijo Federico con 54.748, y la esposa de un sobrino, Laura Cagliolo, con 62.599. Ellos dos también representaron al fideicomiso y los tres trabajan en el mismo estudio jurídico.
Si a esos valores se les suman 40.426 para Mariano Alomar, 3.885 para María Florencia Zamel, más lo que le corresponderá al propio José Luis Moslares, a Sánchez Alustiza y a Martín, se supera el medio millón sólo en abogados: 505.132 pesos.
Pero ellos no serán los únicos profesionales que se llevarán dineros de Santa Rosa, una asociación sin fines de lucro. Bonaveri, por su tarea en el órgano fiduciario, cobrará 43.266 pesos con IVA incluido, y Zorzi 35.757.
La lista la completan el martillero Sergio Martín con 23.856 pesos, otros tres colegas con sumas mucho menores (Daniel D'Adán 2.700, Carlos Tueros 2.700 y Horacio Suárez 1.800), el perito contable Heraldo Fritz con 13.425, el perito tasador Rául Fernández Mendía con 4.356 y el contador Jorge López Lavoine con 2.600.
En 2008, Martín, aludiendo a la quiebra, dijo una frase picante que hoy toma más fuerza que nunca: "Hay más abogados que socios en el club". Vaya anticipo.

Los siete hechos del fraude.
En el juicio abreviado, donde Gómez, Sánchez y Talmón acordaron las penas con el fiscal Amado, se declararon culpables de siete hechos: a) la venta de Gómez al propio club, siendo presidente, de siete hectáreas donde está el polideportivo de la ruta 5; b) la venta de la sede social a Carlos Alberto Martín en 570.000 dólares; c) la organización de una rifa; d) la compra de vehículos que figuraban a nombre de Sánchez, e) las colocaciones de dinero en la financiera Cash Loan, f) un préstamo de 300.000 dólares a Martín, y g) la venta del estadio Mateo Calderón a Casa Tía por 1.850.000 dólares.
Sobre la compra de 37 hectáreas en la ruta 5, al concluir la descripción de ese punto, la Cámara en lo Criminal 1 sostuvo en el fallo condenatorio: "Lo concreto es que siendo presidente del club, Gómez le vendió al mismo, interviniendo Talmón en representación de la entidad, por un precio excesivo, denotándose claramente la maniobra de ambos en perjuicio del club, por lo menos en la cantidad referida anteriormente, realizándose por otra parte la operación sin haberse efectuado la mensura y unificación correspondientes".
La sentencia habla, en líneas generales, de "maniobras totalmente irregulares", "maniobras ilícitas tendientes a crear una fuga de capitales con destino incierto", "evidente perjuicio a la institución", etc.