Concejales temen que haya un nuevo caso de "recorridos inflados"

Los concejales radicales Marcos Cuelle y Félix Villatoro se quedaron con las ganas de ver ayer los expedientes municipales vinculados a la empresa Plaza. Los opositores quieren constatar algo que creen es una realidad: que, a pesar del pésimo servicio de los últimos meses de la empresa de los Cirigliano, la comuna les puso una buena calificación ante la Secretaría de Transporte de la Nación para que igual cobraran los subsidios al gasoil y al personal.
Con esa intención, los frepamistas se presentaron por la mañana en las oficinas de la Dirección de Protección Ambiental y Servicios Públicos y pidieron tomar vista de los expedientes 2755/06 y 4008/11. Pero la respuesta fue que sólo podrían verlos si lo solicitaban por escrito, una negativa que buscaría complicar el acceso de los concejales a una documentación con un claro carácter público.

Sospecha.
LA ARENA anticipó en su edición del domingo que los concejales de la oposición plantean como posible que la desvinculación de Plaza con el municipio pueda terminar en los estrados judiciales. Razones hay muchas si se analiza el incumplimiento permanente por parte de la empresa al pliego licitatorio por el cual en 2006 se quedó con los colectivos urbanos, pero hay uno en especial: el cobro de subsidios al gasoil y la actitud seguida por las autoridades comunales al momento de elevar a Nación el nivel de cumplimiento y dando su conformidad por servicio prestado.
La lógica opositora es que si en los últimos años fue ostensible la merma de la calidad prestacional, el informe comunal debió ir en el mismo sentido, lo que hubiera implicado una merma del subsidio.
En el Frepam no cuentan con información que corrobore esa defraudación, y por eso ayer se presentaron en las oficinas que Protección Ambiental y Servicios Públicos posee en el edificio de la Terminal de Omnibus para tomar vista de los expedientes.

"Inflados".
Los concejales actuales recuerdan bien el antecedente de la administración comunal de Néstor Alcala (PJ) con los recorridos "inflados" de la empresa El Indio. Entonces, se declaraban desde el municipio kilometrajes ficticios y la empresa cobraba los subsidios en base a esas cifras que estaban por encima de los recorridos reales de los micros.
Entonces, fue la intervención de la concejala Claudia Giorgis (Fregen) la que hizo que la problemática llegara a los estrados judiciales, constatándose esa irregularidad. La causa judicial todavía está en curso y tiene como acusados al propio ex intendente y al secretario de Obras Públicas de entonces, Jaime Sterin.
En la oposición del Concejo se esperaba contar con la información vinculada a las certificaciones elevadas por la comuna para que Plaza cobrara el subsidio nacional. De lo que se desprenda de la documentación oficial depende una posible presentación ante la justicia para que investigue si se cometió algún delito de defraudación o malversación de fondos públicos.

De Elorriaga negó anomalías
El secretario de Hacienda de la ciudad, Miguel de Elorriaga, aseguró ayer que los incumplimientos de Plaza durante sus últimos meses de servicio constan en las planillas elevadas a la Secretaría de Transporte de Nación.
"En los últimos meses hubo una certificación de la Secretaría de Obras Públicas, informando que el servicio no se estaba prestando regularmente. Eso implica que Plaza no va a cobrar la totalidad de los subsidios y de eso estaba al tanto el gobierno provincial, porque los subsidios vienen de Nación, pero se cobran vía gobierno provincial", dijo.
El funcionario aseguró que la prestación del servicio fue decayendo paulatinamente. "Según sus argumentos (en alusión a los esgrimidos por Plaza), la tarifa no era la adecuada y los micros empezaron a deteriorarse exteriormente y luego vieron afectado su funcionamiento", explicó.
Cuando la comuna y Plaza decidieron ir a una rescisión consensuada del servicio, se comprometieron a no accionar legalmente una contra la otra. La Municipalidad renunció a exigir el pago de las multas por las innumerables infracciones constatadas en el servicio y la empresa a no reclamar judicialmente el presunto atraso tarifario.
"No hubo una condonación de deuda, sino que hubo un convenio para que ambas partes salieran beneficiadas", explicó el titular de Hacienda. "Ante la posibilidad de una demanda millonaria, el municipio promovió un convenio que evitara la presentación judicial", añadió.
De Elorriaga, respondiendo a acusaciones vertidas desde la oposición, afirmó que no se condonó la deuda por multas a Plaza sino que se firmó un convenio en el cual las dos partes cedieron algo: "El municipio convino que no iba accionar para cobrarles las multas que se habían labrado hasta el 2 de mayo. En compensación, Plaza se comprometió a no iniciar acciones judiciales por reclamo de tarifa".
De acuerdo a las expresiones del funcionario, el reclamo que podía realizar la empresa era millonario, mientras el monto total por las multas apenas llegaba a 50 mil pesos, con lo cual el "pacto de no agresión" resultó beneficioso para la ciudad. A su vez, afirmó que tomando las multas realizadas a la firma saliente desde el 2 de mayo hasta el último día de servicio, el viernes 23 de agosto de este año, existe una gran cantidad de expedientes que están en trámite y que no están incluidos en el acuerdo de rescisión, con lo cual serán percibidos por la comuna.