Acuerdo por el rechazo a la reforma

La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma se reunieron con los legisladores nacionales peronistas Abelardo Ferrán, Varinia Marín y Ariel Rauschenberger para expresar su enérgico rechazo al proyecto de reforma laboral, impulsado por el Gobierno nacional. Los diputados se comprometieron a rechazar la iniciativa en el Congreso.

Las organizaciones sindicales, y sus secretarias generales Lilia lópez y Roxana Rechimont, señalaron que, por la magnitud de los derechos que deroga, la extensión de los temas que abarca y la profundidad de los retrocesos que introduce, este proyecto sólo resulta comparable con la reforma laboral implementada durante la dictadura cívico-militar de 1976.

Asimismo, se advirtió que la propuesta no surge de un proceso de diálogo democrático ni de una discusión abierta con las trabajadoras y los trabajadores, sino que pretende imponerse a partir de negociaciones realizadas a espaldas del pueblo trabajador, en las que algunos gobernadores estarían dispuestos a intercambiar el voto de senadores y senadoras por beneficios coyunturales para sus administraciones provinciales.

Desde las CTA se remarcó que se trata de una maniobra política que entrega derechos históricos a cambio de migajas, comprometiendo seriamente el futuro del trabajo en la Argentina. Entre los aspectos más graves del proyecto destacaron: la ruptura del sistema de negociación colectiva; la restricción del derecho de huelga; el financiamiento de los despidos con recursos del sistema de seguridad social; el ataque directo a los sindicatos y a la acción colectiva; la institucionalización del techo salarial; la legalización de la precarización laboral, y la pérdida de la soberanía sobre el tiempo de trabajo.

Las organizaciones coincidieron en que no existe ningún elemento en esta reforma que contribuya a la creación de empleo ni a la mejora de la calidad del trabajo. Por el contrario, “responde a un modelo económico que requiere salarios bajos, empleo precario y debilitamiento de la organización sindical para avanzar en el desguace y privatización de empresas públicas y el desmantelamiento del entramado productivo e industrial del país”, indicaron las centrales obreras.