Avanzan con el "Plan B de Portezuelo"

En Mendoza ya consideran al Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico (2022-2030) propuesto por la Comisión de Agua y Saneamiento, como "el plan B de Portezuelo", al que podrían destinarse buena parte de los 1.023 millones de dólares previstos originalmente para la mega represa. El diario Los Andes informó que Tadeo García Zalazar, intendente de Godoy Cruz y coordinador de aquella comisión, se reunirá el lunes con Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, y titular del Consejo Económico, Ambiental y Social (Ceas), para definir un cronograma y avanzar en la elaboración del proyecto.

El plan de la comisión de Agua y Saneamiento es elaborar y remitir al parlamento mendocino "un Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico que determine las bases para gestionar el agua en esa provincia durante los próximos 10 años, apoyado en criterios de eficiencia económica, equidad y sostenibilidad ambiental".

Cinco etapas.

La propuesta consta de cinco etapas que demandarán unos 13 meses hasta su redacción final y traslado a la legislatura. De acuerdo al informe publicado por la prensa mendocina, la primera parte será "un relevamiento de datos por cuencas o regiones, con reuniones presenciales entre todos los actores y sectores referentes en los Consejos de Cuenca". Entre estos "actores" figuran Agua y Saneamiento de Mendoza (Aysam), el Departamento General de Irrigación (DGI), el Instituto Nacional del Agua (INA), el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, el Conicet, la Universidad Nacional de Cuyo, la Dirección de Hidráulica, el INTA y los municipios.

Ese diagnóstico por cuencas y unidades ambientales debería completarse en tres meses.

La segunda etapa (otros tres meses) contempla el procesamiento y diagnóstico de los datos relevados, primero sistematizando antecedentes, información y datos por cuenca, y luego ponderando y priorizando las acciones propuestas. Una tercera parte consistirá en la validación ciudadana mediante talleres participativos destinados a priorizar los programas y proyectos definidos en la segunda etapa. Los actores de esta etapa (que durará dos meses) serán los municipios, organismos provinciales, sector académico, sector privado y organizaciones de usuarios, entre otros.

Después de estos ocho meses comenzará la redacción del texto final, ajustando en primer lugar las validaciones previas, y dividiendo su estructura en dos ejes principales: tierras irrigadas y tierras no irrigadas. Para cada uno de ellos se presentarán planes, programas y proyectos para el corto, mediano y largo plazo, junto a cronogramas y planes de inversiones que orientarán y facilitarán el financiamiento internacional, nacional y provincial.

Una vez redactado, el texto definitivo será remitido al parlamento provincial para convertirlo en ley.