¿El director de la U.4 le miente a juzgados?

Procuración Penitenciaria de la Nación le ordenó al Prefecto Esteban Alvela, que reconstruya las parrillas del sector de visitas que –increíblemente-- días atrás habían aparecido demolidas a mazazos.

Esta tarea de destrucción habría sido llevada a cabo por la División Trabajo del establecimiento carcelario. ¿Motivos? Ninguno que justificara semejante acción.

El Jefe Alvela, desde su llegada, ha generado en la U.4 un clima de malestar y tensión, tanto entre los internos como en buena parte del personal a su cargo.

Así ordenó sanciones aplicadas sin que atendiera en audiencia a los presos que las recibían –apartándose del reglamento--, a veces por cuestiones muy menores.. Eso mereció en su momento el reproche de algunos de los agentes de la Colonia Penal que le indicaban al Jefe que ese no era el procedimiento correcto. “Yo soy el que manda y me hago cargo de mis actos”, respondía sin ruborizarse ante lo que sería una actitud reñida con los reglamentos.

¿Abuso de autoridad?

Las situaciones poco claras en la Colonia Penal U.4, no dejaron de llamar la atención de abogados defensores, y de algunos funcionarios como el propio Defensor General Martín Saravia; y también llevó a tomar medidas al Juez de Ejecución Penal, Mauricio Pascual, que desautorizaban al Jefe a cargo del establecimiento carcelario por sanciones que aplicó a internos de manera indebida.

Se sumó a todo eso una denuncia penal formulada por un subordinado contra el Prefecto Esteban Alberto Alvela, a quien acusó de la “posible comisión del delito de abuso de autoridad”.

El Jefe de la unidad carcelaria –según se desprende de algunos penitenciarios que estaban a sus órdenes-- llegó a Santa Rosa hace unos tres meses imbuido al parecer de una impronta restrictiva y déspota. Se habría tomado atribuciones que no le corresponden, asumiendo una conducta absolutista por fuera de lo que marcan las normas del Servicio Penitenciario Federal. Conducta que alcanzaría no sólo a los internos, sino también a subordinados –agentes del Servicio-- que reprochan los modos y malos tratos que –afirman-- tiene para con ellos Alvera.

Desobediencia judicial.

El magistrado Mauricio Pascual pidió en su momento --ante la inconducta del Jefe del Penal, que se niega pese a la orden del juez a dar marcha atrás con resoluciones caprichosas-- que la Fiscal Federal Iara Silvestre investigue a Alvera por el delito de desobediencia judicial.

Ante esta situación Alvera envió una nota al Superior Tribunal de Justicia pretendiendo limitar (¡!!) las competencias y funciones del Juez de Ejecución Penal que le ordenaba volver atrás con una resolución de sanción a un interno. En esa nota Alvela le pidió al máximo cuerpo judicial de la provincia que “se interpele al magistrado” para que se ajuste a las competencias y funciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de La Pampa.

Respuesta del STJ.

Esta insólita presentación fue respondida por el presidente del STJ, José Sappa, quien le manifestó al Prefecto que “no corresponde” a ese órgano judicial “efectuar interpelaciones con el propósito que los jueces se ajusten a sus competencias, dado que el reparto de las mismas está instituido en la Constitución de la provincia de La Pampa y en las leyes procesales respectivas. Es decir, zapatero a tus zapatos, le señala más o menos al Prefecto Alvela.

Cabe esperar ahora qué camino va a tomar la Fiscal General, Iara Silvestre, ante los despropósitos que se estarían produciendo en la U.4.

Papeles dudosos.

Por otra parte algunos documentos que llegaron a los juzgados de Ejecución dan lugar a más dudas acerca del comportamiento del Prefecto Alvela. Concretamente las actas de entrevistas a los internos están firmadas por el Jefe pero no por el preso, como correspondería. Entonces cabe preguntarse: ¿Se concretó esa audiencia? Voces penitenciarias sostienen que no se realiza ningún encuentro de un interno sancionado con la máxima autoridad del penal.

Pero hay más. El día 4 de julio se le remite una comunicación a los Juzgados de Ejecución (de Santa Rosa y General Pico), sobre sanción a distintos internos. Lo curioso es que aparece firmando agentes penitenciarios que desde hace algunas semanas no están concurriendo a la U.4, con lo que sus firmas habrían sido fraguadas.

Hábeas corpus colectivo.

Un abogado defensor, de apellido Riera, presentó recientemente un hábeas corpus colectivo –porque no le pagan lo que está determinado por ley a los internos--, lo que tendrá que ser respondido por Alvela en una conferencia con el Juzgado Federal.

Parecieran demasiadas irregularidades. ¿Hasta cuándo?