"Estresa frenar a los que buscan justicia por mano propia"

A pesar de la institucionalización de dos de los tres menores implicados en el hecho del barrio Obreros de la Construcción, el malestar vecinal continúa. “Mi hijo cambió su carácter y está enojado con todos”, alertó la mamá del niño de 13 años en diálogo con LA ARENA. Advirtió que “hay más chicos metidos en lo que pasó y ojalá también caigan”. Responsabilizó a los padres y madres de los agresores y pidió que “Niñez haga su trabajo así no le vuelve a pasar a ningún chico”.

 

Por su parte, la referente barrial Aixa Díaz afirmó: “Espero que se haga justicia porque es estresante tratar de frenar a la gente que quiere hacer justicia por mano propia”. Celebró que “los organismos se movieron e hicieron lo que tenían que hacer”.

 

Asimismo, señaló que continúa el enojo en el barrio “porque padecemos mucha inseguridad”. Insistió con que hace años “venimos alertando y esto se podría haber evitado. Al no escuchar a las personas que trabajamos en el barrio, estas son las consecuencias”. Sostuvo que “el enojo es entendible porque sufrimos inseguridad, nuestros pibes no pueden salir a la calle, si no te están tiroteando, te tiran cosas, te roban. Espero que con esto se dejen de joder y que tomen conciencia de que vivimos en un barrio donde tenemos que respetarnos”.

 

Díaz explicó que “se hizo de todo para sacar a esos chicos de la calle, pero no se logró porque no quieren salir de esas situaciones y hay padres que no ayudan. En un montón de situaciones trabajé con ellos y las criaturas no se dejan ayudar. A los talleres vienen dos días y al tercero están haciendo cagadas otra vez. Hay que inspeccionar qué pasa en esas familias, en los padres. Los chicos crecen y delinquen con cosas más grandes”, concluyó.

 

Ipesa: “Es el último recurso”.

 

Si bien el dispositivo del Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes (Ipesa) es el último recurso, según el defensor de Niños, Niñas y Adolescentes Juan Pablo Meaca luego de la pandemia aumentó la institucionalización de adolescentes porque se agravaron los hechos de violencia. Asimismo sostuvo que los sistemas institucionales “no han servido” para desalentar conductas.

 

A raíz del preocupante hecho de abuso y maltrato que sufrió un niño de 13 años en el barrio Obreros de la Construcción, que se sucedió con muestras de enojo por parte de los vecinos y vecinas, dos de los tres menores fueron alojados en el Ipesa. En diálogo con LA ARENA, el defensor de Niños, Niñas y Adolescentes Juan Pablo Meaca reflexionó sobre las conductas violentas de los adolescentes tras la pandemia.

 

En primer lugar hizo hincapié que en el Congreso Mundial de Infancias y Adolescencias, del cual participó la semana pasada, se analizaron las consecuencias de la pandemia en la sociedad y, en especial, en las infancias y adolescencias. Afirmó que “las conductas son cada vez más violentas” en las familias. Señaló que eso provocó en nuestra provincia “el agotamiento de los turnos, tanto en sectores públicos como privados, de las intervenciones con equipos terapéuticos en niños, niñas y adolescentes”.

 

En las consecuencias, Meaca añadió la “crisis económica”, la cual describió como “un agravante” a la sociedad cada vez más “compleja, afectada por el encierro, la falta de metas, de objetivos”. Siguiendo esta línea, indicó que “la conducta de un adolescente relacionada con la comisión de un hecho delictivo, se fue haciendo cada vez más compleja”.

 

Ultimo recurso.

 

El defensor explicó que “el dispositivo Ipesa es el último recurso al que podemos acudir porque uno antes de institucionalizar a un adolescente tiene que agotar todos los recursos -de acompañamiento y abordaje familiar, acompañamiento institucional, de espacios terapéuticos, operadores, talleres-”.

 

Pero advirtió que “la necesidad de recurrir a estos institutos antes de la pandemia era casi inexistente, eran muy pocos adolescentes. Hubo años donde no hubo ningún adolescente”. Pero con “la pos pandemia, donde se han agravado los hechos de violencia con la participación de adolescentes en situaciones más complejas, ha crecido la necesidad de utilizar un recurso institucional para el alojamiento y abordaje de adolescentes”.

 

Recordó las “limitaciones institucionales” que tienen los organismos específicos de abordaje para informar sobre ciertos casos. “La sociedad está esperando una respuesta y esa imposibilidad de informar para preservar a los niños, niñas y adolescentes genera en la sociedad ansiedad y conflicto por no tener información”, agregó.

 

Señaló que en todos los casos que se publican en los diarios y redes sociales, se está interviniendo. “No poder informarlo a la sociedad genera que piensen que no se está haciendo nada y en realidad los adolescentes son sumamente abordados. Se interviene en la estructura familiar, para encontrar al familiar responsable e incorporarlo a talleres, a acompañamientos terapéuticos, con el trabajo de operadores”, describió y afirmó que “uno espera el cambio de la conducta”.

 

Ley Penal.

 

Acuerdo.

 

Meaca explicó que para lograr la institucionalización de un joven de 16 hasta 18 años “deben estar de acuerdo la Justicia, la parte administrativa y nosotros como organismo de control. La Dirección General de Niñez pide la institucionalización, el Juzgado de Familia lo resuelve y la Asesoría y nosotros debemos darle el visto bueno de lo que se ha hecho y lo que se está haciendo con el adolescente. Todos estos procesos son con el objetivo de lograr un cambio de conducta en el adolescente para que se vuelva a insertar en la sociedad”.

 

En ese sentido explicó que la Ley Penal de Adolescentes de La Pampa “es la más avanzada en el país” y que tiene como objetivo “tener una estructura marco ante hechos delictivos graves y saber cómo va a ser la intervención de cada uno de los organismos”. Sobre los menores a 16 años, indicó que si bien “hay un corrimiento de lo judicial, interviene el órgano administrativo”.

 

Edad.

 

Sobre la baja de edad de imputabilidad, Meaca manifestó que es un planteo que “siempre surge en época electoral, pero no tiene ninguna caída desde lo legal. Todos los organismos de infancia y adolescencia están de acuerdo con que hay una necesidad de que las leyes sean progresivas y no regresivas. Siempre buscamos la modificación de la conducta para evitar situaciones de violencia”.

 

-¿Crees que la institucionalización de los dos menores en el Ipesa va a servir de escarmiento para otros adolescentes en conflicto con la ley penal?

 

-No creo que tenga esa función ni se busque eso. El Ipesa es una última instancia donde el Estado se encarga de la guarda, el cuidado y medidas de protección. No creo que uno deba buscar eso en los espacios institucionales, creo que es negativo y no termina produciendo lo que uno quiere. Con las intervenciones uno busca evitar y resolver la situación antes y cuando no logra la modificación de la conducta, se lo institucionaliza para plantear abordajes específicos. No han servido nunca los sistemas institucionales para desalentar conductas, eso es una vieja mirada penal.