Fuerte rechazo a la judicialización de la enseñanza en Pico

Más de 70 organizaciones sindicales, sociales, políticas y derechos humanos se posicionaron en defensa de la docente piquense Ana Contreras, quien fue condenada por abordar el genocidio de Israel en Gaza en una clase, y rechazaron la judicialización de la enseñanza. "Exigimos el respeto a la libertad de cátedra, el derecho a enseñar y aprender con verdad, y la no discriminación", sostuvieron y exigieron su absolución.

Utelpa, Ctera, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el CELS forman parte del listado de 74 firmantes de una solicitada que se publica en la edición de hoy (ver página 4). "Las organizaciones sociales y gremiales expresamos nuestro firme rechazo a la judicialización de la enseñanza y brindamos nuestro total respaldo a la trabajadora de la educación Ana Contreras, víctima de una persecución injusta que vulnera los marcos normativos que rigen la actividad docente", señalaron al comienzo del escrtito.

En el primer punto, expresaron su rechazo a la intromisión del Poder Judicial. "Repudiamos la injerencia del Poder Judicial en el control y juzgamiento de las obligaciones docentes, funciones que corresponden exclusivamente a los ámbitos pedagógicos y administrativos establecidos en el Estatuto del Trabajador de la Educación (Ley 1124) y la Ley Provincial de Educación 2511", afirmaron.

En esa línea, enfatizaron en que "estas normas regulan los derechos, deberes y procedimientos disciplinarios, con órganos específicos como el Tribunal de Disciplina y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (Ley 1830)". Por otro lado, ratificaron la "validez de la Guía Provincial de Orientación para la Intervención en Escuelas y el Area de Medicación Escolar, herramientas claves para resolver conflictos en la comunidad educativa".

Libertad de cátedra.

En el documento, también advirtieron que "la Justicia Contravencional carece de competencia para intervenir en asuntos educativos. Su fallo ignora la normativa específica del sector y estigmatiza la labor docente, aplicando un marco legal ajeno a la complejidad pedagógica".

"Exigimos el respeto a la libertad de cátedra, el derecho a enseñar y aprender con verdad, y la no discriminación (art. 14, 16, 18 y 19 de la Constitución Nacional). La criminalización de docentes atenta contra estos principios y la autonomía escolar", continuaron.

En otro tramo, denunciaron "la parcialidad de la sentencia, influenciada por un conflicto geopolítico externo, que descontextualiza el rol educativo de la docente". Finalmente, reafirmaron el apoyo “a una escuela pública, democrática e inclusiva” y demandaron “la absolución inmediata de Ana Contreras. La educación no se resuelve en los tribunales, sino con diálogo, respeto a las normas sectoriales y garantías para docentes y estudiantes. ¡Basta de criminalizar la enseñanza! ¡Justicia para Ana Contreras!".