“Hoy se lamentan lo que votaron”

Roberto Maldonado y Gabriela Volpi integran el sindicato Apinta y contaron las dificultades que enfrenta el organismo.

 

“Cualquier persona con dos dedos de frente mira lo que está pasando y comprende cuáles son los partidos políticos que votan contra el pueblo. No hay que ser un genio para darse cuenta que la Libertad Avanza y el PRO son lo mismo. Hay distintas opciones y partidos políticos y no nos corresponde decir a quién debería votar la gente, pero sí podemos alertar a quién no votar. Busquen otras opciones, porque las hay, pero La Libertad Avanza y el PRO solo seguirán destruyendo el país y promoviendo negocios privados entre unos pocos”, advirtieron los trabajadores del INTA.

 

En diálogo con Radio Noticias, Roberto Maldonado y Gabriela Volpi, referentes de Apinta, entidad gremial que agrupa al personal, contaron la difícil situación que atraviesan el emblemático organismo y sus trabajadores, y reclamaron que “los pampeanos tomen conciencia y observen la verdadera dimensión del daño que este gobierno nacional está provocando al país”.

 

Aclararon que el presidente Javier Milei “desconoce tanto al Congreso como a la Justicia. Aunque desde el 8 de julio no tiene facultades delegadas, el jueves pasó a disponibilidad a más de 300 compañeros, desconociendo un amparo resuelto por un juez e ignorando el rechazo legislativo” al decreto que afectaba al INTA.

 

“Revertir medida”.

 

La decisión de “pasar trabajadores a disponibilidad resulta absolutamente ilegal y por eso la vamos a revertir”, añadieron. Entre los trabajadores separados “figuran el director nacional y numerosos dirigentes gremiales. Esto implica que pasaron por encima de todas las disposiciones legales, ante lo cual adoptaremos todas las medidas que sean necesarias”, añadieron.

 

Si bien las eventuales acciones judiciales “están siendo estudiadas por nuestros abogados, ya sabemos que esta resolución es totalmente ilegal y no van a poder sostenerla. La verdad, no entendemos si lo hacen por desconocimiento o simplemente tratan de dar por tierra con nuestros esfuerzos y pretenden llevarse por delante lo que hacemos”.

 

Hace unos días, la jueza Martina Forns, titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Martín, dictó una medida cautelar de no innovar “para evitar perjuicios irreparables y preservar el estatuto hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”. Según Volpi y Maldonado “a través de esa disposición, la justicia ordenó al Estado Nacional no aplicar los artículos 59 y 69 del decreto 462/25” y advirtió a la Casa Rosada que “se abstenga de ejecutar cualquier medida administrativa que derive de la aplicación del decreto 462/25 por un plazo de seis meses”.

 

Eso significa que “el gobierno no puede determinar reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad ni, mucho menos, eliminar la estructura del INTA”. Sin embargo, “lo hicieron igual, perpetrando un atropello más de este gobierno y desobedeciendo a los dos restantes poderes”, lamentaron.

 

Voto.

 

Aunque en La Pampa aún no hay cesanteados, porque los trabajadores que pasaron a disponibilidad “son del AMBA, el NOA y Capital Federal”, en el INTA Anguil “seguimos debatiendo y tratamos de generar conciencia entre nuestros compañeros”, explicaron. Y recordaron que antes de las elecciones de 2023 “muchos creían que nos manifestábamos en contra de gobiernos neoliberales porque estábamos haciendo política partidaria. Pero eso no era así, y obviamente ahora muchos están arrepentidos de haber votado lo que votaron”.

 

“Desde lo personal a nosotros no nos sorprende nada de este gobierno, porque cada vez que en Argentina aplican políticas neoliberales lo hacen con el mismo objetivo: beneficiar a unos pocos” aclararon. Y recordaron que “en este atropello contra organismos nacionales, el INTA ya perdió dos propiedades, porque a cambio de no despedir a 800 compañeros entregamos un edificio en Cerrillo (Salta) y la sede porteña de calle Cerviño, en Palermo, una propiedad valiosísima que terminaron entregando por mucho menos de lo su valor real al empresario Eduardo Elsztain”, titular de Cresud y dueño del Hotel Libertador, donde Milei vivió varios meses, antes y después de asumir como presidente.

 

“Ese apuro por desguazar, desmantelar y vender lo pudimos ver durante los años 90, y también lo vivimos en 2018/19 cuando Mauricio Macri intentó hacer lo mismo. Esto es cíclico: cada vez que aplican estas políticas ocurren las mismas cosas. Por eso nuestro alerta y movilización gremial apunta a que no destruyan instituciones importantes e históricas como el INTA”.

 

Y advirtieron que “hace dos semanas visitaron el INTA Anguil funcionarios del gobierno nacional: vinieron a averiguar cuánta superficie de tierra tenemos, cuántas hectáreas son productivas y cuántas no. Y es algo que se repite en todo el país, sistemáticamente, porque tienen programado hacer con el INTA un gran negocio inmobiliario. Vienen por todo y la gente debe tomar conciencia: cuando atacan al INTA, al Garrahan, a las universidades, a los jubilados, no están pensando en los trabajadores ni en mejorar la vida de la gente sino en fomentar grandes negocios para unos pocos”.

 

“Impacto”.

 

Finalmente, aclararon que “muchos compañeros están tomando conciencia. La derogación del decreto 462/2025 tuvo un impacto muy grande, porque quienes no creían que pudieran suceder cosas que nosotros anunciábamos, ahora ven que sí están pasando y con una gravedad más tremenda. En el INTA pasaron a disponibilidad a 286 trabajadores, entre ellos el mismísimo director nacional: si pudieron dejarlo a él en disponibilidad, empiezan a imaginarse que podrían hacer lo mismo con nosotros. Eso causó un impacto muy grande”.

 

Y concluyeron que “la derogación del decreto fue un paso importantísimo y es una batallas ganada muy importante porque ese decreto le otorgaba facultades al presidente para hacer lo que quisiera, vender tierras, echar personal y cerrar estructuras”. En la Casa Rosada, al advertir que “el Congreso iba a derogarlo, el lunes firmaron otro decreto, el 585 que cierra estructuras, y el jueves mientras los diputados derogaban el decreto, se apuraron el jueves para pasar a disponibilidad a la gente que integraba esas estructuras. Es un amedrentamiento tremendo”.