Más muestras de solidaridad con docente piquense: decenas de agrupaciones reclaman su absolución

Durante la jornada de este lunes continúan sumándose repudios contra el fallo del juez Maximiliano Boga Doyhenard y muestras de solidaridad hacia la profesora piquense Ana Contreras, desde agrupaciones sindicales, organizaciones defensoras de derechos y agrupaciones del campo popular.

En un comunicado difundido con el título “Absolución de Ana Contreras, rechazamos la judicalización del trabajo docente”, la Coordinación Nacional Docente de Sindicatos, la Federación Nacional Docente (FND), seccionales y organizaciones sindicales de todo el país manifestaron su “solidaridad con la docente y compañera Ana Contreras, de La Pampa, exigimos su absolución y rechazamos toda judicialización de la tarea docente y educativa”.

Otro texto, enviado desde “Movimiento Federal xmásESI”, repudió la condena, advirtió que el fallo del tribunal piquense “agravia a la docente y genera un antecedente extremadamente peligroso respecto a la judicialización en relación con un contenido de enseñanza”. Por eso, acompañan a la docente, piden “su absolución” y anuncian que continuarán “defendiendo una educación pública habitada por el diálogo, el debate y la expresión de ideas, que contribuya a comprender crítica y reflexivamente la realidad”.

Contra la judicialización.

En su documento, la Coordinación Nacional Docente rechazó el “avasallamiento de la libertad de expresión y cátedra” y también los posicionamientos “de adoctrinamiento” que pretenden “imponer un pensamiento único”, y recordó que el padre denunciante “ya había denunciado a la docente y a la escuela para que no abordaran los contenidos de la ESI, argumentando objeción de conciencia y vulnerando leyes” nacionales y provinciales.

Además cuestionan la legitimidad del ámbito judicial para intervenir sobre las prácticas docentes aplicadas dentro del aula, porque “de ningún modo un comentario en situación de formación puede derivar en un proceso judicial y una multa millonaria”. En todo caso, para aplicar observaciones al proyecto pedagógico deben aplicarse “los protocolos de intervención del Ministerio de Educación”, porque tramitarlo en la justicia “vulnera el proyecto institucional que marca los contenidos y orientaciones, avasallando la libertad de cátedra y expresión, el proyecto escolar y la educación misma”.

Un asunto más profundo.

También reiteraron que “no es un caso aislado” y recordaron que desde “hace tiempo se conocen condenas y procesamientos por comentar o abordar con sentido crítico esta problemática” y aclaran que no corresponde “sancionar a la docente por introducir al aula saberes de derechos humanos, terrorismo de estado y genocidio, que derivan en un debate sobre Palestina y la ocupación israelí, abordada desde el derecho internacional humanitario”.

Según el documento, tampoco se debería “emparentar el antisemitismo con una valoración crítica del sionismo y del Estado de Israel en Gaza, como pretendieron hacer con el actor Norman Briski, la diputada nacional Vanina Biasi (PO-FITU) y el ex diputado Marcelo Bodart (MST-FITU), quien enfrentará un nuevo juicio el 8 de mayo”.

Ratificaron que de esta manera “buscan acallar cualquier voz que cuestiones o ponga en debate el genocidio en Gaza, que ya fue condenado por la Corte Internacional de La haya”. “Si tocan a una o uno, nos tocan a todos”, concluyeron.