Mendoza le ofrece agua pampeana a las mineras

El gobernador mendocino Alfredo Cornejo presentó ayer una plataforma para consultar de manera online los distintos puntos del proyecto minero Malargüe Distrito Minero Occidental, una medida que se enmarca dentro de la reciente adhesión de esa provincia al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que impulsó el gestión libertaria del presidente Javier Milei.

 

“Se pueden consultar los aspectos georreferenciados de los estudios de impacto ambiental, la localización de glaciares, cursos de agua, puestos, pueblos originarios, entre otros”, resaltó el mandatario. “Con el objetivo de facilitar la llegada de inversores mineros a la provincia y mejorar la competitividad, por pedido de mi gobierno Impulsa Mendoza ha desarrollado una plataforma georeferenciada que permite consultar de manera online todos los aspectos relacionados al proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental, permitiendo una mayor visibilidad a quienes deseen explorar el proceso”, resaltó Cornejo en su cuenta de la red social X.

 

“En esta plataforma, los proyectos pueden identificarse por propietario, nombre o número de expediente. Para usuarios registrados, la herramienta ofrece acceso a datos de infraestructura, informes geológicos y diversa información generada por Impulsa”, agregó.

 

Ziliotto.

 

La semana pasada, cuando el Senado mendocino aprobó el RIGI en Mendoza, hubo un reclamo de antimineros en la puerta de la Legislatura: aseguran que esa medida será la “puerta de ingreso” de las grandes empresas mineras, particularmente las metalíferas; y también sostienen que “está en juego la ley 7.722”.

 

En tanto, el gobernador pampeano Sergio Ziliotto también manifestó su preocupación por la adhesión de la provincia cuyana al RIGI. “Es un texto que nos pone en alerta, como mínimo soslaya, y no sé si avasalla, las competencias provinciales en la disposición libre de nuestros recursos naturales… Se está planteando que deroga lo que es la ley que prohíbe en Mendoza la minería a cielo abierto, la famosa ley 7.722, que tanta lucha han llevado adelante organizaciones civiles de esa provincia”, advirtió el mandatario en el anuncio de la denuncia que presentará La Pampa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recuperar el río Atuel”, dijo en ese momento el mandatario.

 

Greenpeace, por su parte, expresó su “rechazo rotundo y preocupación” por la aprobación del RIGI, que está incluido en la Ley Bases. La ONG internacional aseguró que “compromete al ambiente, los ecosistemas y a la salud, al permitir que grandes corporaciones extractivas de sectores como la minería y los hidrocarburos tengan acceso prioritario a los bienes comunes de la naturaleza como el agua, por sobre el uso de las personas y habilitando ganancias económicas extraordinarias a través de exenciones impositivas y jurídicas por 30 años, en detrimento de las economías locales”.

 

Audiencia.

 

En tanto, la audiencia pública en la que se analizará el ambicioso proyecto “Malargüe Distrito Minero Occidental” se realizará el próximo 14 de septiembre.

 

Si bien iba a ser el 26 de agosto, según se indicó desde el Ministerio de Energía y Ambiente, el cambio se debió a que la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FACAI) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) pidió una prórroga para entregar el informe técnico.

 

Esta convocatoria responde a la resolución conjunta 40/24 de la Dirección de Minería y la resolución 13/24 de la Dirección de Protección Ambiental. La audiencia se hará de manera presencial en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus de Malargüe, y de manera virtual, a través de la plataforma Zoom conforme a la legislación vigente.

 

El director de Protección Ambiental, Leonardo Fernández, expresó que a la audiencia “están más que invitados los vecinos de Malargüe y de Mendoza en general, para que se saquen las dudas que tengan y conozcan el mecanismo de fiscalización y control que aplica el Gobierno.

 

Por su parte, Jerónimo Shantal, director de Minería, señaló que “es muy importante que los mendocinos y la comunidad de Malargüe participen de la audiencia pública dentro del proceso de evaluación de los 34 informes de impacto ambiental de proyectos mineros que se encuentran en el distrito”.