Preocupa el aumento de la violencia en los adolescentes

La Justicia parece haber tomado nota del fuerte reclamo de vecinos y vecinas del barrio Obreros de la Construcción, luego del caso de presunto abuso en el que están involucrados tres adolescentes, y a raíz de los informes elaborados por el área de Niñez provincial ordenó institucionalizar a dos en el ex Ipesa. El restante, de 15 años, actualmente está siendo abordado por los equipos técnicos.

 

El pasado lunes hubo una reunión de autoridades provinciales y municipales con familias del barrio Obreros de la Construcción, tras conocerse que la madre de un niño de 13 años denunció que su hijo fue víctima de abuso y maltrato por parte de tres jóvenes de 15, 16 y 17 años. El resultado no dejó conformes a las y los habitantes de la zona.

 

Sin embargo, tras ese fuerte reclamo, la Justicia acusó recibo de los planteos y hubo allanamientos en la vivienda de los tres involucrados. Luego, ante los informes técnicos se decidió la institucionalización de dos de ellos.

 

Las novedades fueron dadas a conocer por fuentes ligadas al expediente y luego confirmadas por fuentes de Casa de Gobierno. "La realidad es que, más allá de que se ofrecen muchas herramientas, hay familias que son reacias al abordaje y ahí es donde se complejiza", reconocieron desde Desarrollo Social.

 

Las autoridades explicaron que en esta situación en particular se trata de grupos familiares con los que venían trabajando, pero en algunos casos con "resultados poco satisfactorios pero siempre intentando nuevas estrategias para trabajar sobre esto que estaba pasando, porque veíamos a pibes que entraban en una vorágine delictiva".

 

En ese sentido, remarcaron que la primera intervención es de la Policía y del Ministerio Público Fiscal, debido a que se denunció penalmente un delito. "Por ahí la gente no termina de entender que un organismo de Niñez no puede privar de la libertad a un menor si no es con una orden judicial. Lo prohíben expresamente las leyes", enfatizaron.

 

Institucionalizados.

 

De esta manera, dieron a entender dónde está la clave para intervenir ante episodios graves como el que ocurrió. "Esto nos implica trabajar coordinadamente con la Justicia y que le den a las causas la importancia que tienen", indicaron.

 

A raíz de los reclamos vecinales y del accionar de los organismos de Niñez, "se empezó a activar un poco la cuestión" en el Poder Judicial. Fue así que el pasado martes hubo allanamientos en el marco de la causa, donde se secuestraron elementos informáticos.

 

Luego, presentaron informes técnicos ante el Juzgado de Familia solicitando la institucionalización de dos de los involucrados, de 16 y 17 años, en la Subdirección General de Dispositivos de Atención para Adolescentes Institucionalizados (ex Ipesa). "Se los conocía porque se estaba trabajando con ellos, pero los equipos técnicos entendían que esta situación había sido mucho más grave que los conflictos con la ley registrados anteriormente, que eran daños. Este hecho (NdR: la agresión y presunto abuso de un niño de 13 años) tiene una gravedad que trasciende lo que venía sucediendo", explicaron

 

Con el aval de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, el Juzgado ordenó la institucionalización en principio por 30 días. Luego de ese plazo, si están dadas las condiciones podrán regresar con sus familias. En caso contrario, es posible solicitar una prórroga. "Esta institucionalización permite que el resto entienda que si no cambian ciertas conductas y no aceptan el abordaje van a sufrir consecuencias", señalaron.

 

La Justicia tiene la "llave".

 

La solicitud que hicieron desde Niñez tuvo como objetivo anticiparse y que los tiempos de la Justicia no deriven en una situación peor. Esto se debe a que en una primera instancia intervino el Fuero Penal, pero se declaró incompetente y el expediente se giró al Juzgado de Familia y el Menor, previo paso por la Oficina Judicial.

 

Como aún no está resuelta la competencia sobre quién debe investigar el hecho, los tiempos podrían dilatarse y "en el medio están los pibes y las familias", según entienden las autoridades. "Como no se puede esperar, lo que se hizo fue recurrir a una medida de protección en el Fuero Civil pidiendo la institucionalización de estos dos chicos, lo hicimos ante el Juzgado de Familia, competente para resolver esto, pero no es en el marco de la causa penal", deslizaron.

 

"Uno entiende el malestar de los vecinos y demás, pero obviamente es un trabajo conjunto acá no se trata solo de organismos de Niñez. Hay que articular y profundizar el trabajo con el municipio, Seguridad y el Poder Judicial, porque es el que tiene la llave para ordenar este tipo de procesos", completaron.

 

Crece la violencia entre adolescentes.

 

Las autoridades provinciales reconocieron que existe preocupación ante el incremento de la violencia entre adolescentes. En ese sentido, consideran que es necesaria una respuesta integral con la participación de diversos actores del Estado.

 

"La complejidad de la situación social, de la pospandemia, en las familias ha repercutido de una manera que no esperábamos", señalaron y explicaron que "el problema no son solo los pibes, que tienen derechos vulnerados, sino que es muy difícil trabajar con las familias". Esto obstaculiza el abordaje y "se intentan muchísimas estrategias, de las cuales muchas fracasan y se intentan otras. Lamentablemente no trabajamos con formulas químicas, sino con pibes y familias".

 

Además de lo ocurrido en el barrio Obreros de la Construcción, los organismos de niñez provinciales y municipales están trabajando con los adolescentes involucrados en un homicidio ocurrido en el ARA San Juan. "La realidad es sumamente compleja", afirmaron y reconocieron que esto antes se observaba en otras localidades, pero no tanto en la capital pampeana.

 

"Hoy cualquier pibe sale a la calle con un cuchillo a la calle. Se ha incrementado enormemente la violencia entre adolescentes. Es un tema que nos preocupa, la única manera de poder tratar de generar cambios es con el trabajo en territorio", sostuvieron.

 

En ese sentido, remarcaron que "es imposible intentar modificar algo desde una oficina. Esto nos lleva a la necesidad de armar dispositivos de abordaje comunitarios y barriales en determinadas zonas, que de hecho lo veníamos haciendo y ahora la idea es profundizarlo".

 

Las autoridades enfatizaron sobre la necesidad de coordinar con otras áreas, debido a que no es solamente "un problema de los organismos de Niñez" sino que también involucra a Seguridad, Desarrollo Social, Educación, entre otras. "Es un problema mucho más complejo que únicamente lo vamos a poder intentar resolver si lo abordamos integralmente".

 

"Esto requiere trabajo territorial más profundo, con dispositivos y profesionales en el barrio, con mayor presencia policial. Por eso estamos trabajando en forma conjunta con la Policía y la Justicia para ver de qué manera podemos trabajar con posibilidades de disminuir el nivel de agresividad que hoy vemos en niños y adolescentes, que también refleja el nivel de agresividad social en general. La violencia es una conducta aprendida, y como tal se puede desaprender", continuaron.

 

"Para eso se debe trabajar y mucho. A veces los resultados lamentablemente no son los que se pretenden, pero esto no significa que se renuncie a definir nuevas estrategias de abordaje", concluyeron.