Tratan la ley de Juicio por Jurados

La Cámara de Diputados de La Pampa comenzó a debatir una ley de Juicios por Jurados en comisión. Esperan que la próxima semana pueda darse inicio a la ronda de exposiciones, en la que disertarían distintos especialistas y entidades.

 

La iniciativa fue presentada por el legislador del Frejupa, Hernán Pérez Araujo. "En reunión de Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia dimos inicio al tratamiento de nuestro Proyecto de Ley de Juicio por Jurados", destacó ayer en sus redes sociales.

 

"Como Presidente de la Comisión asumí el compromiso de oír todas las voces involucradas en dicho tratamiento, la de Jueces, Fiscales, Defensores, Colegio de Abogados, UNLPam y todas aquellas que puedan aportar su experiencia y conocimiento para regular la participación de la ciudadanía en la administración de justicia penal", añadió. Ante la consulta de LA ARENA, comentó que la idea es comenzar la próxima semana con las disertaciones.

 

"Novedoso y ágil".

 

En los fundamentos, Pérez Araujo remarcó que el proyecto "tiene como finalidad la aprobación y posterior aplicación del sistema del juicio por jurado en nuestra provincia, teniendo como último fin la democratización de la justicia". A su vez, recordó que "si bien el Juicio por Jurados, se encuentra previsto en nuestra Constitución Nacional originaria, es decir desde 1853, lleva ya 171 años sin cumplirse, preceptos éstos que, además, han recibido ratificación expresa en la reforma del año 1994, motivo por el cual resulta de suma importancia darle total cumplimiento en todo el territorio del país. Ya que varias provincias han legislado e implementado jurados populares penales en sus sistemas de justicia, haciéndose eco y replicando de esta manera la manda constitucional, y comenzando a saldar así la deuda existente, es a lo que aspiramos suceda en nuestro territorio provincial". Actualmente son once las provincias que aprobaron una ley que regula "este novedoso y ágil sistema acusatorio".

 

Luego de citar a la Constitución Nacional, y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señaló que "el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de La Pampa se comprometió en contribuir en caso de que se decida avanzar en ese sentido. Sumado a ello, los mismos operadores del sistema judicial manifiestan mayoritariamente su apoyo a esta implementación; y en el mismo sentido es importante destacar la significativa colaboración que hemos recibido por parte de la Universidad Nacional de la Pampa, en este proyecto".

 

Ahora, remarcó, está en manos del Poder Legislativo "la decisión de adherirnos o no a un sistema que cosecha valoraciones muy positivas en diversas partes del mundo. Cabe recordar que es una cuestión de debilidad institucional, y justamente para evitar las perturbaciones y amenazas contra la democracia es necesario darle paso al juicio por jurados. Y, además, por razones culturales muy arraigadas, en donde el panorama fue dominado por un discurso judicial y académico universitario que justificaba el viejo sistema inquisitivo, hoy el juicio por jurados abre un camino para terminar definitivamente con la tradición inquisitoria de la justicia penal".

 

Romper monopolios.

 

Pérez Araujo afirmó que "el discurso inquisitivo hoy debe cambiar, ya que es ahora el momento de introducir estos cambios, permitiendo que un grupo de ciudadanas y ciudadanos, sin conocimientos jurídicos, juzgue causas penales, definiendo si existió el hecho que se investiga, y si el acusado es culpable o no, rompiendo de esta manera con el monopolio de la administración de justicia concentrado hasta hoy, únicamente en manos de los jueces, devolviendo así la credibilidad y confianza social en el sistema de justicia, que en la actualidad es severamente cuestionado".

 

"Tenemos la certeza que la experiencia positiva que ha tenido la implementación de este sistema en otras provincias, como asimismo considerando los resultados de su funcionamiento en las mismas, hace que valga la pena su implementación. Siguiendo este último modelo, nos inspiramos en el presente proyecto, convencidos que el sistema de juicio por jurados implica la democratización y legitimación del poder judicial, el hecho que la decisión sobre inocencia o culpabilidad de un ciudadano la tomen personas con edades, visiones, sexos, ideologías políticas, culturas y creencias totalmente distintas, es lo que vuelve tan rico y legítimo a este modo de enjuiciamiento, garantizando de esta manera la imparcialidad, y logrando a su vez un mayor acercamiento de las personas a la justicia, mayor credibilidad de las sentencias, transparencia y menos burocracia", añadió.

 

Para el legislador, este jurado es "quien se encuentra en una situación más favorable para resolver un caso con la mayor imparcialidad posible y alejada de presiones –tanto externas como internas- que pudieran afectar su independencia frente al caso concreto. El jurado popular es la máxima expresión de la democratización de la justicia".

 

Un paso fundamental.

 

En relación a los delitos, si bien establece un criterio preciso, consideró que "con el transcurrir del tiempo y la adquisición de experiencia, creemos que la legislación va a dar paso a incluir otros delitos, sino todos, ya que de esta manera se otorgará mayor legitimidad al sistema judicial, al convertir a las ciudadanas y a los ciudadanos en legítimos soberanos para decidir en todos los casos".

 

"Creemos que con esta implementación, se está dando un paso fundamental, porque le estamos devolviendo a la ciudadanía su potestad soberana de juzgar los casos criminales como establece nuestra Constitución, y además está en juego la garantía del pueblo, de que sus casos sean resueltos por jurados, e incluso hasta de las víctimas y de todas las partes del proceso, que sus intereses van a ser resueltos por sus pares, fortaleciendo de esta manera la imparcialidad en la administración de justicia pero siempre garantizando el debido proceso", enfatizó.

 

"Creemos que, con esta implementación, se está dando un paso fundamental en la defensa y protección de los Derechos Humanos ya que le estamos dando a las pampeanas y pampeanos la potestad de juzgar los casos criminales ocurridos en nuestra provincia como establece nuestra Constitución Nacional, y además está en juego la garantía del imputado, de las víctimas y de todas las partes del proceso, de que sus intereses van a ser resueltos por sus pares, fortaleciendo de esta manera la imparcialidad en la administración de justicia",agregó. De esta manera, destacó que "traerá aparejada una justicia pampeana más igualitaria y equitativa, permitiendo que con perspectiva de género el tribunal goce de diversidad y libertad de pensamiento, de las diferentes vivencias, formas de vivir y sentir de nuestros co-provincianos".

 

Doce jurados.

 

El proyecto, al que accedió este diario, establece en su artículo 1º que tiene por objeto "regular la participación de la ciudadanía en la administración de la justicia penal. Para ello, en cumplimiento de los artículos 5, 118, 122, 123 y 126 de la Constitución Nacional y el artículo 1 del Código Procesal Penal de La Pampa se establece el juicio por jurados".

 

A su vez, precisa que "serán juzgados obligatoriamente por jurados los delitos en los que la pena privativa de libertad que pretenda el fiscal supere los 15 años de prisión o reclusión". El jurado, según esta iniciativa, estará integrado por "12 miembros titulares y, como mínimo, por cuatro suplentes y será dirigido por un Tribunal Unipersonal. El Tribunal podrá ordenar que haya más suplentes, de acuerdo a la gravedad y/o complejidad del caso. El panel de jurados titulares y suplentes deberá estar siempre equilibrado en términos de género".

 

A su vez, indica que "los juicios por jurados se realizarán en la circunscripción en la que se hubiera cometido el hecho. Cuando un hecho hubiera conmocionado a una comunidad de tal modo que no pudiera razonablemente conformarse un jurado imparcial, la jurisdicción técnica podrá disponer, sólo a pedido del acusado/a y mediante resolución fundada, que el juicio se lleve a cabo en otra circunscripción judicial de la provincia, que será sorteada en presencia de las partes".

 

El Jurado deliberará sobre la prueba y determinará la culpabilidad o la inocencia de la persona acusada. "Para que el jurado pueda desempeñar esta función, los miembros del jurado deben ser obligatoriamente instruidos sobre el derecho sustantivo aplicable por el o la magistrada que preside el proceso acerca del delito principal imputado y, en su caso, de los delitos menores incluidos en él", señala.

 

“Independiente y soberano”.

 

"El jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable por su veredicto, libre de cualquier amenaza, intromisión o influencia del juez o jueza, de las partes o de cualquier otra persona u organismo por sus decisiones. La regla del secreto de las deliberaciones y la forma inmotivada de su veredicto les aseguran a los jurados la más amplia libertad de discusión y de decisión, sin estar sujetos por ello a penalidad alguna, a menos que aparezca que lo hicieron contra su conciencia, o que fueron corrompidos por vía de soborno", amplía.

 

Para ser jurado, se requiere "ser argentino, con dos años de ejercicio de la ciudadanía en el caso de los naturalizados, y tener entre 21 y 75 años de edad; comprender el idioma nacional; contar con el pleno ejercicio de los derechos políticos; tener domicilio conocido; tener una residencia inmediata no inferior a dos años en la circunscripción judicial correspondiente; tener profesión, ocupación, oficio, arte o industria conocidos.