Bravo dice que no hubo allanamiento

El intendente de 25 de Mayo, David Bravo, intenta esconder en la zona de influencia de su localidad lo que ya es público en el resto de la provincia. El jefe comunal afirmó al diario Río Negro que el viernes pasado "no hubo ningún allanamiento" en la comuna, a pesar que las cédulas de la justicia provincial ordenaron a la policía realizar ese procedimiento para secuestrar documentación.
"No hubo ningún allanamiento, no tenemos nada escondido. Acá se recibió un oficio del juez Manuel Alvarez, de General Acha solicitando balances del 2008 y 2009 y la documentación fue entregada", aseguró el jefe comunal al diario rionegrino.
Sin embargo, la cédula del magistrado achense que recibió el jefe de la comisaría veinticinqueña, Miguel Angel Ollarce, indicó con claridad: "De conformidad con lo determinado en los artículos 196, 197, ss. y cc. del Código de Procedimiento Penal, Ley 332, t.o. dec. 713/95, ordénase el allanamiento y registro del sitio detallado (el municipio), con el objeto de localizar y secuestrar los balances mencionados" de abril y mayo de 2009.
Bravo negó que el operativo estuviera vinculado al cobro irregular de 1.092 cheques de la municipalidad, como informara en su momento la policía. Sobre esa causa, el intendente dijo que se "trata de una persecución política hacia Ulises Traverso", ex concejal y actual funcionario de su gestión, uno de los involucrados en el cobro de 900.000 pesos denunciado por el Banco de La Pampa. Y aseguró, según el diario Río Negro, que las acusaciones parte de la "falta de objetividad de un medio que está a 400 kilómetros que da cuenta de un delito que no existió", en referencia a LA ARENA.
El allanamiento del viernes a la Municipalidad de 25 de Mayo se realizó en el marco de una causa por el cobro de boletas de monotributistas supuestamente de manera irregular, y que hacía tres años que "dormía" en los juzgados de General Acha. Esta acusación es una de las tantas contra Bravo que tramitan los magistrados de esa ciudad y que podrían activarse en los próximos meses.
La causa fue iniciada por una denunciada de la entonces concejal Miriam González en el año 2009. La edil dejó constancia ante la Justicia que el Ejecutivo de 25 de Mayo estaba usando talonarios de monotributistas para hacer facturaciones, pero que los montos no eran abonados a los beneficiarios. Hubo varios testimonios, de los propietarios de los documentos, que habrían ratificado en su momento ante la justicia que habían dejado los talonarios en el municipio y que no habían sido ellos quienes realizaron facturas.