Doble investigación por el caso de la joven judicializada

(General Pico) - El caso de la menor que estaba alojada en los Mini Hogares de General Pico y que fue internada en un establecimiento psiquiátrico en Luján, en Buenos Aires, ha generado réplicas en autoridades políticas y en el ámbito judicial tras la revelación de LA ARENA sobre el tratamiento sufrido por la chica.
Ayer, la delegada del Ministerio de Bienestar Social en Pico, Analía Kucesky, confirmó a este diario que a través suyo se había radicado una denuncia penal en la fiscalía contra una celadora de los Mini Hogares, que habría golpeado a la menor, por un incidente ocurrido en una de las habitaciones. Se asegura que la adolescente sufrió lesiones en el cuerpo que están constatadas "con certificados médicos y fotografías", material que está en manos de la Justicia.
Los funcionarios afirmaron que su labor es "velar por el cuidado de los menores", que están en los Mini Hogares y por eso se excusaron de realizar manifestaciones públicas. La denuncia que involucra a una celadora está en manos del fiscal adjunto, Oscar Blanco, que como ya se adelantó había ordenado secuestrar la historia clínica de la menor e interrogó a la celadora denunciada.
Según una fuente judicial, la chica que ahora está internada fuera de La Pampa está bajo tutela del Juzgado del Menor y la Familia de Santa Rosa, ciudad donde viviría la madre biológica.
Las versiones coinciden en la infancia difícil de la menor y su personalidad de constante rebeldía, que hacía una convivencia complicada desde que estaba en los Mini Hogares de General Pico.
Pero a la versión oficial se contrapone otra distinta. Se asegura que las fotografías que muestran lesiones en el cuerpo de la chica son producto del castigo que ha sufrido fuera de los Mini Hogares, cuando escapaba al control de los operadores. La fuente afirmó que la adolescente era víctima de abusos sexuales en una o más viviendas del barrio Carlos Berg, donde también fue lastimada.
El origen del incidente -que dejó al descubierto las falencias del Estado en la contención de los chicos y el negocio privado de la judicialización- ocurrió hacia fines de abril. En el pabellón de mujeres, la menor había originado un problema severo de conducta que obligó a la intervención de dos celadoras por la violencia que la adolescente ejercía. Al tratar de contenerla, la chica les tiró con una silla, que lastimó la mano de una de las operadoras y a su compañera en un pie.
Por la lesión sufrida en la mano, la celadora se presentó en la comisaría y radicó una denuncia. La Justicia formalizó la investigación y dispuso medidas restrictivas: la mujer pasó a trabajar en el pabellón de los varones. A partir de esa causa, se pidieron una serie de medidas y pruebas, como la declaración de la menor en Cámara Gesell, para que las partes escuchen qué había pasado en verdad el día del incidente.
Pero esa medida no se realizó nunca. Semanas después, apareció una denuncia ahora contra la celadora por supuesto maltrato a la adolescente. Se aportó un certificado médico extendido por el forense por unos "moretones" y las fotografías. Tras esa imputación, la celadora fue dejada sin trabajo.

Doble moral.
La investigación quedó estancada cuando se supo que la menor había sido trasladada de la noche a la mañana hacia un establecimiento psiquiátrico, que según dicen está en Luján pero otras versiones con asidero desmienten que esté allí.
Una fuente ligada a la investigación asegura que el motivo por el cual la chica fue trasladada fuera de La Pampa es por la "cantidad de golpes" que tenía en su cuerpo. Su sola presencia ante las autoridades judiciales en ese estado hubiera despertado otros interrogantes mayores.
En el avance de la investigación se secuestró la extensa historia clínica de la menor, que todos admiten sufre padecimientos psiquiátricos. La fuente aseguró que hubo insistentes pedidos de la anterior delegada del Ministerio de Bienestar Social, la hoy concejala Alicia Brunengo, para que se tomen medidas sobre la menor. Una y otra vez se insistió en aplicar un método invasivo en el cuerpo de la chica como método anticonceptivo. Pero esas notas no tuvieron eco hasta el año pasado.
Se asegura que un "dudoso escrito judicial", con la firma de una supuesta familia tutelar y la rúbrica de la menor autorizaba a colocarle un DIU. Paradoja del sistema: El médico interviniente, y que terminó por aplicar en la chica el método para evitar embarazos, fue uno de los ginecólogos que junto a sus pares del hospital Centeno adujeron "objeción de conciencia" para no intervenir ante abortos no punibles.
La preocupación por las derivaciones del caso llevó ayer a tribunales a la concejala Brunengo que visitó a las autoridades judiciales. Además, ahora se asegura que la adolescente podría regresar a La Pampa para declarar y dar el testimonio de lo que ocurrió en los Mini Hogares. Según las autoridades, hay entre "13 y 14 chicos" internados y 20 celadores.
Sin embargo, esa cantidad de operadores parece insuficiente. Es habitual que alguno se escape. Y en el caso de la menor en cuestión habrían sido múltiples sus escapadas nocturnas.