Milagro Sala, presa política

Alberto Fernández dijo que en la Argentina «no hay presos políticos» sino «detenciones arbitrarias». La diferencia no es menor, y un profesor de Derecho Penal debería saberlo.
IRINA SANTESTEBAN
Milagro Sala cumple mañana cuatro años de detención, e igual tiempo de hostigamiento por parte del Poder Judicial de Jujuy y del sistema carcelario de esa provincia. Organismos internacionales como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminaron que su detención era «arbitraria». El primero elaboró un dictamen en octubre de 2016 que ratificó en mayo de 2017 luego de una visita a Jujuy. La CIDH solicitó ese año al Estado argentino que adoptara de manera inmediata las «medidas de protección que sean necesarias» para garantizar la vida, integridad personal y la salud de Milagro.
Como estas resoluciones eran ignoradas en la provincia gobernada por Gerardo Morales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Poder Judicial jujeño que cumpliera la decisión de la CIDH, ante el riesgo que corría la vida y la salud de la dirigente de la Tupac Amaru. Desoyendo esa orden del máximo tribunal de la Nación, el juez federal Pablo Pullen Llermanos ordenó su traslado inmediato a una cárcel federal en la provincia de Salta, en horas de la madrugada, al estilo de los traslados de la dictadura. Finalmente, gracias a las protestas y denuncias realizadas por las organizaciones de DDHH y de líderes mundiales, Milagro tuvo prisión domiciliaria.

«Detenciones arbitrarias».
Antes de asumir como presidente de la Nación, Alberto Fernández dijo en una entrevista que no había presos políticos en la Argentina, sino «detenciones arbitrarias». Ahora ratificó esa opinión en la reunión que mantuvo el lunes con los organismos de DDHH.
Para el mandatario, el «preso político» es el que lo está por razones de persecución política y sin proceso. En cambio, la detención arbitraria representa el abuso de la figura procesal de la prisión preventiva, porque sólo debe ir a prisión efectiva quien está condenado con sentencia firme, salvo en casos especialmente previstos en la ley procesal (peligro de fuga o entorpecimiento del proceso).
Nada más erróneo, y sorprende que un profesor de Derecho Penal afirme que la calidad de «político» para definir a un preso dependa de la existencia o no de un proceso judicial.
De esta forma, desconoce que por motivos de persecución política, un o una dirigente social, sindical o político puede ser encarcelado con juicios amañados, sin pruebas o con testigos falsos.
AF no negará que el ex presidente Luis Inacio «Lula» Da Silva estuvo preso por más de un año, por persecución política, habiendo ido incluso a visitarlo en la cárcel de Curitiba. Sin embargo, hubo una causa judicial en contra de Lula, que llegó al Tribunal Supremo de Brasil, y actualmente ese proceso no está finalizado, ni está asegurado que el ex presidente brasileño no pueda volver a ser encarcelado, si se le niega la apelación que ha presentado. ¡Y Lula fue un preso político!
Lo que define a un preso «político» es el carácter persecutorio de su detención, por motivos políticos, por su actuación como tal, por pertenecer a tal o cual agrupación política o gobierno. Puede ser acusado de delitos comunes, como sucede con Milagro Sala, contra quien hace un año se dictó una condena en la causa denominada «Pibes Villeros», por haberla encontrado culpable el Tribunal de «asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión».
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner también tiene varias causas en su contra, por acusaciones similares. Sin embargo, AF ha opinado reiteradamente que esas causas son parte de la «persecución» que ella sufrió a manos de un Poder Judicial que amañó procesos para la persecución de ex funcionarios del gobierno de CFK.
¿Por qué hoy el presidente se niega a hablar de «presos políticos»? Será porque no quiere ir a fondo con la crítica a un Poder Judicial, como el de Jujuy, donde el Tribunal Superior de Justicia fue conformado a conveniencia del gobernador Morales? En diciembre de 2015, a poco de asumir, éste diseñó la cabeza del Poder Judicial tal como lo hiciera Carlos Menem en 1989, cuando conformó la Corte Suprema de la «mayoría automática», aumentando el número de sus miembros y designando allí a personajes afines a su gobierno. Así, el impresentable Julio Nazareno presidió esa nefasta Corte Suprema del período menemista, avalando el desguace del Estado y las peores medidas económicas neoliberales de ese gobierno.
Morales aumentó de 5 a 9 los miembros del Superior Tribunal de Jujuy y designó a dos ex diputados (que asumieron como jueces luego de haber votado la ampliación del tribunal que pasaron a integrar), además de una jueza amiga suya.
Sin embargo, Morales se da el lujo de decir que en Jujuy el Poder Judicial es «independiente» para justificar la detención de Milagro. La jueza Clara Lange de Falcone había declarado que «no iba a permitir» su liberación y eso le costó dejar la presidencia del STJ, pero continúa integrando el tribunal.

Causas sin pruebas.
La actual ministra de la Mujer, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, fue la defensora de Milagro y cuando ella fue condenada a 13 años por la causa «Pibes Villeros», la abogada expresó que el fallo del Tribunal Oral Nº 3 de Jujuy era una «persecución política inédita en democracia». Anunció que iban a apelar no sólo ante las instancias de Jujuy «donde no tenemos esperanza ni una cuota de luz de justicia», sino también ante la Corte Suprema de Justicia y la CIDH.
«Para los diarios hoy Milagro Sala es una corrupta, pero nadie dice que la causa está plagada de irregularidades muy graves», dijo entonces la actual ministra, quien calificó a los juicios contra su defendida como «persecución política» y no sólo «detenciones arbitrarias».

Acampe.
La Organización Barrial Tupac Amaru, acompañada por el Comité por la Libertad de Milagro Sala y el Foro por la Democracia y la Libertad de lxs Presxs Políticxs realizarán un acampe en el Obelisco, en una jornada que se extenderá hasta el jueves 16 de enero, cuando se cumplen 4 años de la detención de Milagro, la primera presa política del gobierno de Mauricio Macri y de Morales.