Piden la urgente liberación del docente Tatavitto

Ayer al mediodía ingresó al Superior Tribunal de Justicia un pedido de habeas corpus a favor de Marcelo Tatavitto Roade, solicitando que «se decrete el cese inmediato de su detención por aplicación abusiva del instituto de la previsión preventiva». Por tratarse de un trámite sumarísimo, la corte provincial dispone de 48 horas para solicitar un informe al juzgado que extendió la preventiva y dos días más para resolver la situación. «A principios de la semana que viene el STJ debería informar su decisión», explicó Omar Gebruers, encargado de la defensa junto a Alejandra Lezcano López.
Tatavitto está detenido en la comisaría de Winifreda desde hace un mes, cuando un tribunal de audiencia integrado por Flavia Ongaro, Raúl Miguez Martín y María Florencia resolvió extender su prisión preventiva, en contra de tres fallos dictados por órganos superiores (Tribunal de Impugnación Penal, Superior Tribunal de Justicia y Corte Suprema de Justicia) que ordenaban «cesar la prisión preventiva en virtud de hallarse vencido el plazo máximo de su duración».
Ayer la defensa incluyó una lista con magistrados inhibidos de actuar en esta causa, varios de los cuales realizaron actos procesales y adoptaron resoluciones cuando estaban impedidos de hacerlo. Una de ellos fue Flavia Ongaro, inhibida por resolución del 8 de mayo de 2019 (legajo 8493/17 del TIP) pero que hace un mes asumió la decisión de enviar nuevamente a prisión a Tatavitto, aunque estaba impedida de actuar y se encontraba agotado el plazo máximo de la preventiva.

Jueces inhibidos.

Como la mayoría de sus ministros también se encuentra inhibida, el STJ deberá designar abogados de matrícula para conformar la sala que resolverá esta cuestión. Para evitar que otros jueces vuelvan a actuar sin estar autorizados, Gebruers y Lezcano elevaron una nómina de magistrados apartados, que incluye a Hugo Díaz, Elena Fresco, Eduardo Fernández Mendía, José Sappa y Fabricio Losi (ministros del STJ); Fernando Rivarola, Mauricio Piombi, Filinto Rebechi y Pablo Balaguer (del TIP), y los jueces Gastón Boulenaz, Andrés Olié, Carlos Besi, Alejandra Flavia Ongaro y Daniel Alfredo Sáez Zamora. Además «por haber intervenido en el marco del presente legajo, está vedada la intervención de Carlos Ordas, Carlos Chapalcaz; María Elena Gregoire, María Eugenia Schijvarger, María Florencia Maza, Carlos Pellegrino, Marcelo Pagano, Gabriel Tedín y Raúl Miguez», agregaron.
La defensa de Tatavitto aspira a «destrabar esta causa mediante la liberación de nuestro defendido, ilegítima y arbitrariamente privado de su libertad por aplicación abusiva de la prisión preventiva». Según Gebruers, «la única solución posible es hacer lugar al recurso y dejar libre a Tattavito, mientras el fondo de la cuestión se resuelve en la Corte Suprema». En el máximo tribunal nacional hay actualmente cuatro expedientes sobre esta causa, como consecuencia de que se desdobló en vías procesales paralelas, otra de las severas irregularidades denunciadas por la defensa de Tatavitto.

A la Corte Interamericana.

Como en el recordado caso de Juan Carlos Canale (cuyo defensor también fue Gebruers) el cúmulo de desprolijidades observado en este caso coloca al sistema judicial pampeano en riesgo de recibir nuevas sanciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su escrito, la defensa hizo «reserva del caso federal y supranacional, por inconstitucionalidad» y anunció que demandará «al estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en búsqueda de la condena respectiva por las graves violaciones descriptas». «Ya hemos pedido una audiencia pública en la CIDH para formalizar la denuncia y pedir una medida cautelar», explicó el abogado.
Gebruers consideró que «además de incurrir en severas fallas administrativas, algunos jueces han cometido delitos penales, empezando por el prevaricato. Como cualquier ciudadano, pueden ser denunciados penalmente y también sometidos a un jury de enjuiciamiento. A partir de esta presentación de hoy, el STJ debería actuar de oficio para sancionar las irregularidades administrativas y castigar a los magistrados que intervinieron sin estar habilitados para hacerlo», añadió.

El caso.

La causa se inició en 2015, por la denuncia de la abuela de un niño que asistía al JIN 12 de 25 de mayo y detectó comportamientos extraños en su nieto, compatibles con signos de abuso sexual. El grupo de fiscales que instruyó la investigación propuso la hipótesis de una organización de maestros de nivel inicial dedicados a la pedofilia, tomó cientos de testimonios, ordenó pericias científicas, registró decenas de víctimas y determinó que todos los docentes estaban implicados. Se realizaron numerosas detenciones y el caso alcanzó gran difusión provincial y nacional.
Sin embargo, con el correr del tiempo, las pericias, pruebas y testimonios fueron debilitando la teoría acusatoria hasta que la mayoría de los docentes fue sobreseída, los innumerables abusos se redujeron a dos casos y casi todas las imputaciones resultaron desestimadas. Finalmente, el 1º de febrero de 2017 los jueces condenaron a Tatavitto Roade a 18 años de prisión por dos abusos ultrajantes, junto a María José Tello, Oscar Aníbal López y Gabriela Angélica Bastías. El Tribunal de Impugnación Penal confirmó el fallo, pero el 29 de diciembre, la Sala B del STJ (Fabricio Luis Losi y Elena Fresco) declaró «inválida» la sentencia y ordenó al TIP que emitiera un nuevo fallo, con una conformación diferente. Y absolvió a Tello por el beneficio de la duda. En su resolución, los ministros advirtieron que los jueces habían condenado sin pruebas suficientes.
Con Chapalcaz y Ordas, el TIP dictó nueva sentencia el 20 de septiembre del año pasado, condenando a Tatavitto a 12 años de prisión por dos casos de abuso sexual y absolviendo a López y Bastías.
«En este proceso se han cometido múltiples aberraciones jurídicas. El plazo máximo de la prisión preventiva (dos años) estaba vencido desde hacía siete meses cuando Losi liberó a Tatavitto. Por eso la Corte Suprema confirmó el fallo. Pasaron cuatro años y nunca se fugó, siempre estuvo a derecho y cumplió los requisitos y restricciones que le impusieron. Cuando Ordas y Chapalcaz dictaron un nuevo fallo condenatorio, advirtieron que no podía ser detenido hasta que la condena estuviera firme. Y lo ratificó el STJ, garantizando que no se adoptarían medidas perjudiciales para mi defendido. Entonces aparece la jueza Ongaro, que estaba inhibida en la causa, y haciendo caso omiso de las resoluciones superiores, extendió la preventiva».

¿Un ministro implicado?

Cuesta entender cómo una jueza decide actuar a pesar de estar inhibida, rebelándose contra fallos de tribunales superiores y extendiendo una privación de libertad ilegítima. «Hay un fuerte interés detrás de esta causa. La investigación se hizo mal, la condena se hizo mal y la confirmación de condena en el TIP se hizo mal. Por eso el STJ le puso un límite a esa actuación desquiciada, argumentó que habían condenado sin pruebas, advirtió a los fiscales que erraron con su planteo de una banda pedófila internacional, y ordenaron emitir un fallo diferente» recordó Gebruers.
Y reveló que durante el juicio oral «declaró un testigo a quien le secuestraron una Renault Traffic que presuntamente utilizaba Tatavitto para llevarse a los chicos, y que debieron devolver porque no tenía nada que ver. Ese testigo contó que un hombre llegó a la madrugada, solo y sin orden judicial, y secuestró su vehículo invocando que era el procurador general. Cuando le preguntaron cómo era físicamente ese procurador, respondió: bajito y pelado».
Sin embargo, esos rasgos físicos no son compatibles con Mario Bongianino. Según Gebruers, el testigo «se refería al actual ministro Horacio Di Nápoli, que intervino en esta causa como empleado judicial. Sin ser fiscal y sin orden del juez realizó allanamientos y secuestró vehículos. Y el testigo contó que también lo amenazó con meterlo preso junto a los docentes».
«Pero no es la única que se mandó. También desapareció el disco rígido de la computadora confiscada a una imputada mientras la máquina permanecía en su oficina y a su cargo. Nos la devolvieron vacía, sin disco rígido» dijo Gebruers. «Cuando ordenaron una nueva sentencia, él estaba a punto de ser ministro, y debe ser por eso que la corporación estás tan interesada» en esta causa, concluyó.

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