Un reclamo de dignidad para quienes ostentan cargos públicos

Un fallo insensato, la acusación de "traidores" a los funcionarios de DDHH, otro señalado por apretar a los empleados estatales y un juez al que se le hace difícil asumir. Muestras de una camada de funcionarios públicos que quedaron esta semana en el ojo de la tormenta.
Esta semana hubo una constante en las páginas de los diarios de la provincia. Funcionarios provinciales o judiciales cuestionados por su actuación fueron el punto central de estas noticias que abundaron y fueron tema de la opinión pública.

La hora de la renuncia.
Si hubo una dependencia gubernamental que quedó en el ojo de la tormenta fue la Secretaría de Derechos Humanos. A esta altura, tal vez este comentario quede obsoleto, superado por los hechos del fin de semana cuando sonaba la posibilidad de que el gobernador Oscar Mario Jorge renunciara a los funcionarios de ese organismo.
Desde estas páginas se advirtió las falencias de la conducción de la Secretaría nacida en 2006 y lo que podrían provocar unos funcionarios cuya norma era la improvisación y el uso para un interés personal y político de un área sensible.
Esta semana estalló el escándalo cuando la familia de la desaparecida santarroseña Lucía Tartaglia acusó de "traición" a sus funcionarios por haberles ocultado trámites importantes que podrían ser una avance cierto en la búsqueda de la víctima.
En este marco, los dichos de la familia de una detenida-desaparecida resonaron doblemente, porque no nacen de un mero interés personal, sino del dolor de una búsqueda y de la esperanza que los alienta. Un tema sensible que se debe resguardar, como se pudo comprobar durante la inhumación de los restos del desaparecido Daniel Elías en el cementerio de Santa Rosa pocos días antes.
Las declaraciones y la posición de la familia Tartaglia fueron inapelables en la consideración pública para los funcionarios de DDHH. No hay marcha atrás y ese organismo quedó, mientras siga la misma conducción, por un lado desacreditado en su tarea. Por el otro ha sufrido la pérdida del rastro de credibilidad que podía llegar a tener.
Desde Nación, la Secretaría de DDHH comprobó las sospechas que se tenía sobre este organismo provincial, y desde Casa de Gobierno, el gobernador Jorge terminó por advertir que los costos políticos que le dejan algunos de sus funcionarios pesan más que cualquier rédito. El mandatario ya se había enojado, según confesó al autor uno de los integrantes del gabinete, cuando el titular de la Secretaría de DDHH provincial había realizado declaraciones públicas contra el senador Rubén Hugo Marín por su comportamiento durante la dictadura militar. El enojo de Jorge se hizo evidente porque pareció que él le había dado la orden al secretario para que chicanera a Marín.
Ahora, Jorge tuvo que salir ante los medios a pedir disculpas a la familia dolida por la Secretaría, cuyos funcionarios lo pusieron en un apriete con Nación, un lugar que siempre considera en sus decisiones y donde el tema de los derechos humanos es muy sensible.
"Si no renunciaron estos funcionarios de motu propio después de este escándalo, es porque se les termina la carrera política. Y también un jugoso sueldo. Si no los hacen renunciar, es porque ya Jorge tiene demasiados problemas para dedicarse a esto, o no tiene a quien poner. En definitiva, el fin de semana se sabrá cuál es su decisión", resumió una fuente consultada del vernismo en la Legislatura.

El "apretador".
Otro de los temas periodísticos de la semana fue el paro sin asistencia al lugar de trabajo por parte de los estatales, judiciales y docentes por aumentos de salarios y paritarias. Una medida de fuerza que hacía años no se observaba y que demuestra no sólo la unidad del reclamo sino que los trabajadores de la administración pública no van a dar marcha atrás en sus pedidos.
Desde el gobierno se trató de evitar los costos de un paro general con un diálogo parcial, pero hubo poca recepción por parte de los sindicalistas estatales de una negociación sin pocos temas concretos. Entonces, se intentó hacer fracasar la medida.
En la última reunión de los jefes sindicales realizada el viernes terminó por tomar forma el enojo contra el que para ellos, según sus palabras, fue "el apretador oficial". El secretario de Trabajo fue adjetivado de todas las maneras posibles por su metodología que poco tuvo que ver la posibilidad del diálogo para contener el conflicto o el trato respetuoso que tiene que tener un funcionario ante el derecho de una medida de fuerza de los trabajadores para reclamar por lo que consideran suyo. Se comportó más como un puntero en plena campaña proselitista que en honrar la institucionalidad que ostenta su cargo.
La negociación abierta por el gobierno con los empleados de áreas sensibles poco antes del paro para "quitarle" fuerza a la protesta, las chicanas varias o información que no condecía con lo que estaba ocurriendo, las amenazas de reducir sueldos o los "aprietes" varios, fueron las presiones que denunciaron los trabajadores y que tendrían como acusado al secretario, según explicaron los gremialistas.
Las maniobras del funcionario enardecieron aún más a los gremialistas, pero también a las bases. Mientras Jorge firmaba en su oficina el despacho en la mañana del jueves, el reclamo de los estatales fue el más contundente que se ha visto en años. Algo falló en la estrategia que se dio el gobierno para aplacar el descontento de los trabajadores, y ahora parece que van por más.

En la justicia.
Dos casos más se sumaron para dar cuenta del descontento hacia determinados funcionarios públicos por parte de la ciudadanía. También le tocó a la Justicia. Por un lado, el juez elegido por el gobernador Jorge para asumir en el Superior Tribunal de Justicia como el quinto integrante de ese cuerpo quedó cuestionado por un sumario que le abrieron sus pares por el supuesto plagio de una sentencia. A poco que la Legislatura tratara el pliego del juez piquense, se conoció la investigación interna iniciada contra el candidato. Un escándalo mayúsculo.
Pero el caso más grave fue el que la tiene a la jueza de la Familia y el Menor en el ojo de la tormenta por su falta de sensibilidad, según lo que se conoció públicamente. Una decisión insensata desató una tragedia familiar en el barrio Aeropuerto cuando hizo retirar, hasta con amenaza del uso de la fuerza, a una nena de tres años a una familia que estaba la cuidando y quería adoptarla. Una decisión que se tomó de un día para otro después de estar años bajo la custodia de esa familia, toda una vida para la nena, para dársela a otra.
No es nuevo esta clase de desatinos, y hasta de imprudencias, de la jueza. Su actuación en algunos casos ha sido cuestionada desde que asumió, luego de llegar a ese cargo por portación de apellido más que por antecedentes. La indolencia mostrada en éste y otros casos dejan muy mal parada a la Justicia e indignan al ciudadano común, porque lo que está en juego, más allá de cualquier trámite burocrático o el frío cumplimiento de una ley, es el futuro de una nena.
NORBERTO G. ASQUINI