Legisladores de larga siesta cobran como si fueran muy productivos

Comenzó una dura polémica sobre los sueldos de los legisladores. Parte de la sociedad parece tener un punto de vista crítico sobre el monto que ganan, pero sobre todo por lo poco que hacen.
EMILIO MARIN
En diciembre pasado el productor agropecuario bonaerense Julián Domínguez tomó el timón de la Cámara de Diputados, en tanto el vicepresidente Amado Boudou, de rápido ascenso político y patrimonial, hacía lo propio en el Senado.
Entre ambos pergeñaron un aumento del presupuesto de ambas cámaras, a ser incluido en el Presupuesto 2012. Una parte del mismo, fuera de las mejoras y refacciones en los edificios, oficinas, etc, iría a mejorar sustancialmente las dietas de sus integrantes.
Como la suba presupuestaria rondaba el 40 por ciento respecto a 2011, se creía que los salarios de diputados y senadores crecerían en esa proporción. Error. Al final fue mucho más, entre el 100 por ciento publicado por la mayoría de los medios y el 150 por ciento calculado por el hipercrítico "Clarín".
La partida de la Cámara Alta pasaba de 587 millones de pesos a 892 millones para el año en curso. Y en Diputados, de 856 millones de pesos a 1.185 millones. En diciembre, cuando Domínguez tejió ese acuerdo con los bloques opositores, prácticamente todos estuvieron de acuerdo.
Como la política es para muchos un arte de conveniencia, ahora que estalló la discusión pública, algunos legisladores hicieron constar su negativa. Por principios o cálculo político, vaya a saberse. No son muchos. Sobre un total de 72 senadores y 257 diputados nacionales, hasta ahora se ha escuchado la voz crítica del senador Alfredo Martínez y los diputados Pino Solanas, Victoria Donda y Patricia Bullrich. Casi una excepción que justifica la regla... El debate no fue en general sobre el aumento de las partidas para el Poder Legislativo sino más concretamente sobre las dietas. El mismo ha sido por lo menos del 100 por ciento, de un solo saque, sin gradualismo ni etapas, con lo que aquéllos han pasado a percibir de bolsillo una remuneración de 17.000 pesos mensuales a otra de entre 30.000 y 35.000 pesos.
El cálculo de Clarín lleva el porcentaje al 150 por ciento porque sostiene que una parte de ese aumento no estará alcanzado por descuentos de obra social ni jubilatorios ni de impuestos por superar el tope máximo sobre los que se efectúan los mismos.
A ello hay que sumarle 4.000 pesos por concepto de "desarraigo" para quienes vivan afuera de la Capital, y los pasajes aéreos y terrestres que recibe cada legislador (20 tramos de un tipo y otros 20 de otro). Si no los emplea, puede canjearlos o venderlos y tener un ingreso informal de 15.000 pesos.
Con ese dinero a la vista seguramente habrá más interesados en hacer política, rentada por supuesto. Y éstos deben estar lamentándose que el 2012 no sea un año electoral... Saben que esas cifras se volverán a actualizar este año, cuando los empleados legislativos puedan firmar su paritaria. Es que la cláusula de Boudou-Domínguez sostiene que los legisladores deben cobrar siempre un 20 por ciento más que el máximo cargo de esos empleados. De modo que si éstos logran un aumento en 2012, los diputados y senadores pedirán que también les suban. Una suerte de ley de enganche, al revés.

Paritaria sin techo.
Irónicamente, Pablo Moyano comentó en declaraciones periodísticas que el aumento logrado por los legisladores relevaba al movimiento obrero de discutir una pauta para los salarios en las paritarias por venir. Lo suyo fue chistoso, agudo pero fuera de la realidad. Es que el gobierno de Cristina Fernández insistirá en que la negociación salarial para los estatales y privados no debe sobrepasar el 18-20 por ciento para todo el año.
Esa es la gran diferencia entre los asalariados que deben discutir "a cara de perro" con sus patronales, y el caso de Domínguez, que dispuso el 100 por ciento por su cuenta, informando a los propios interesados. Estos obviamente no le iban a decir que no.
Esta diferencia en lo dado a unos y retaceado a otros, es lo que explica el malestar social con la duplicación de dietas legislativas. Los docentes, que están frente al aula todo el año, en una tarea imprescindible y desgastante, están pidiendo un retoque de haberes del 28 por ciento y todavía no tuvieron una respuesta positiva del gobierno. Y a los legisladores le dieron de golpe todo lo que ambicionaban, sin chistar.
Y no se trata sólo de los porcentajes sino de los números absolutos tan contrastantes: 35.000 pesos para un legislador, siendo que los esforzados educadores piden un salario mínimo de 3.000 pesos, trabajando de lunes a viernes y llevándose trabajo a sus domicilios. ¿Puede haber tamaña diferencia de ingresos entre uno y otro sector?
Y no se trata de bajar la dieta de los senadores a lo que cobra un docente, tal la demagógica propuesta de Raúl Castells y su reemplazante Ramona Pucheta, del MIJD, reflotada en estos días. Un ingreso de 3.000 pesos es insuficiente para cualquier argentino, si se tiene en cuenta que la Canasta Familiar debería ser de 6.500 pesos para una familia con dos hijos, según los cálculos de entidades gremiales y la CTA. El Indec, en cambio, la estima en 1.800 pesos.
No se trata de igualar para abajo, pero sí de bajar aquellos elevados sueldos de legisladores y funcionarios, y elevar más los de quienes trabajan duro y perciben ingresos muy inferiores. Eso sería justicia social, dijo a Canal 26 Julio Piumato, dirigente de la UEJN y el consejo directivo de la CGT conducida por Hugo Moyano.

Molesto ocultamiento.
Retacearle a muchos el 28 por ciento y darle a unos pocos el 100 por ciento o más, no parece algo emparentado con la justicia social.
Empezaron por darle a los que más ganan. Y en este caso el orden de los factores altera el producto..
Pero también molesta el ocultamiento. Domínguez dijo a regañadientes que el aumento llevaba la dieta de los legisladores a 28.000 pesos por todo concepto, pero luego los recibos de algunos de éstos mostraron cifras superiores.
A la vez el titular de Diputados, para justificar el aumentazo, dijo que los ministros del Ejecutivo cobran en bruto 44.000 pesos, o sea unos 10.000 dólares mensuales. El sabe de lo que habla porque hasta diciembre último fue ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Esa suma se había semiocultado, lo mismo que el salario de la señora presidenta, que a fines de 2009 había mostrado a la prensa un recibo de sueldo de 16.500 pesos. No quedó claro cuándo y cómo se engordó ese sueldo presidencial, si hoy sus ministros perciben 44.000 pesos según Domínguez.
Y no es que se trate de salarios astronómicos ni faraónicos, pero en democracia sería lindo que se conozcan y transparenten. Y que guarden cierta relación con los ingresos del resto de los argentinos de a pie, y que tengan que ver con el trabajo efectivamente realizado.
En este último sentido la señora presidenta sale favorecida, en el cotejo con los legisladores nacionales. Es que si bien su declaración de "no me tomé ni un día de vacaciones" resulta inconsistente, es verdad que ella trabajó bastante en estos cuatro años, sobre todo en relación a diputados y senadores.
Este es el otro eje del cuestionamiento popular. Los datos objetivos informan que en 2011 fue el año de menor número de leyes aprobadas desde 2007: apenas 65 normas vieron la luz en las sesiones ordinarias de 2011.
La Cámara Alta apenas sesionó ocho veces y el Senado sólo un poco más, catorce.
Como consecuencia, un montón de proyectos no fueron tratados, casos de la iniciativa de Héctor Recalde de distribución de ganancias empresarias y la de Carlos Heller para un sistema de crédito federal. Muchas otras que sí habían sido habilitadas en comisiones no llegaron al recinto y perdieron tratamiento parlamentario.
Quiere decir entonces que el aumento de dietas para Diputados y Senado no está en correspondencia con lo actuado por esas cámaras en 2010 y 2011. Esto no significa una crítica total pues el año pasado se aprobó, entre otras leyes importantes, la del papel para diarios. Pero la tendencia no fue esa sino la falta de contracción al trabajo legislativo, con muchos diputados ausentes.
Lamentablemente esa pobre realidad legislativa permite que sectores antidemocráticos, disconformes con la mencionada ley del papel, con los juicios por derechos humanos y con el alineamiento latinoamericano del gobierno, critiquen en general al Parlamento con un ánimo embozado destituyente. No se debe defender lo indefendible, pero sí a la democracia y a la política; pero ésta debe ser participativa, al servicio de la gente. La Comuna de París pedía en 1871, entre otras cosas, un gobierno barato. El actual no lo es, ni el PEN, el Congreso y el Poder Judicial. Hay que abaratarlo, en democracia.