Quien paga cuando el Estado se ausenta

I - La semana le mostró a los pampeanos las luces y sombras de una provincia que presenta a quien quiere ver, los claros y oscuros de un Estado cuya presencia u omisión impacta en la sociedad: una estructura energética que se consolida con la inauguración de la inversión estatal en la Subestación Sur que asegura, según palabras del gobernador, la provisión eléctrica por dos décadas; la construcción también estatal del segundo gasoducto hacia la capital provincial (que se espera logre abastecer a los barrios de viviendas que se suman a la planta urbana sin ese servicio y que, además, asegure la provisión de GNC); la inauguración de la segunda (o tercera si se incluye la más artesanal de Eduardo Castex) de las plantas de biodiesel de la provincia en General Pico con una fuerte promoción industrial que incluye una exención impositiva por diez años, son las muestras de un Estado consciente de su papel dinamizador de la economía.

II - Pero por debajo de esta estructura macro, en el espacio cotidiano de la vida social menuda, doméstica, diaria, los ciudadanos advierten que el Estado no aparece atento de la misma forma a los problemas que le quitan en sueño y, en las últimas semanas, le quitó la vida a una pareja de jubilados. La sensación de inseguridad que va atada a la impunidad con la que cierta marginalidad inimputable penalmente se desenvuelve a la sombra de un vacío legal, de la negligencia de los organismos específicos y de la inacción de la justicia, pone a la ciudadanía en estado de alerta. Esta desorganización institucional, asume que es la policía el único recurso válido. Que es la policía quien debe entenderse con ellos. Pero la propia policía ha dicho en la semana que no es un problema policial la proliferación de menores en conflicto con la ley en reincidencia. Y ha dicho -coincidiendo con los actores sociales que vienen advirtiendo sobre las consecuencias del abandono de las políticas de inclusión- que hay que insistir con los programas de becas de capacitación que en el pasado reciente dieron resultado en la tarea de reencaminar adolescentes que se habían iniciado en el camino de la adicción y las conductas delictivas asociadas o propiciadas por esa enfermedad social.

III - Con una policía así ubicada ideológicamente frente a los menores en conflicto con la ley, no se entiende cómo los responsables políticos de poner en marcha los mecanismos terapéuticos se hacen los desentendidos. ¿Quién decidió el egreso del instituto de resocialización de los menores que terminaron con la vida de la pareja de jubilados? ¿De qué manera se aseguraron que concurrirían a la escuela? ¿Qué obligaciones de capacitación le impusieron? ¿quiénes eran sus tutores? ¿quiénes monitoreaban que su demostrada capacidad para hacer daño a las personas no volvería a emerger? ¿quiénes lo protegerían del ambiente social que los indujo a caer en el delito? ¿quienes los devolvieron a ese mismo ambiente sin resguardo? en definitiva ¿quién tomó la decisión de liberarlos de la acción terapéutica y cómo es posible que no haya siquiera un pedido de informes para determinar responsabilidades?

IV - En este marco de un Estado ausente y sin políticas, o presente con políticas inadecuadas o insuficientes, que el Ipesa esté acéfalo y su papel relegado a un simple depósito de menores, es todo un símbolo del fracaso al que nos han llevado funcionarios ejecutivos y judiciales que no están ni se pusieron nunca a la altura de la responsabilidad que asumieron. La marcha de vecinos, pese a que su número no superó los dos centenares de participantes, debe ser una señal para quienes tienen el poder de cambiar este estado de cosas. Que los candidatos de casi todos los partidos que se presentan en las primarias de agosto aseguren que el principal reclamo de los vecindarios es el de la seguridad debe llamar la atención sobre el problema. Porque, aun admitiendo que hay en ese estado de opinión mucho de la influencia que los medios nacionales imponen como agenda y cierta proyección de sobredosis televisiva, no menos cierto es que la sociedad pampeana está avisando que lo que ocurre es distinto de lo que se conocía. Que hay menores muy chicos, drogas muy pesadas y conductas no vistas antes. Por eso exige una acción estatal urgente ahora que se está a tiempo de invertir en recuperar conductas desviadas y no quiere esperar de brazos cruzados que estallen nuevos casos como el del ataque a la pareja indefensa. (LVS)