Maniobra sigilosa y anticooperativista

En los últimos días, un conflicto que ya lleva casi dos años de desarrollo sin solución visible, volvió a sumar otro capítulo. Se trata de la pretendida confiscación de las columnas de la red eléctrica, que pertenece al movimiento cooperativo pampeano, por parte del Estado provincial.
El nuevo episodio no constituye un detalle menor o un hecho más en la larga sucesión de idas y venidas que ha caracterizado a este enfrentamiento. Estancadas las negociaciones por falta de voluntad para consensuar por parte del gobierno provincial, éste decidió poner en marcha un mecanismo legal buscando dar por hecho la apropiación de las columnas; y, por ende, cerrar cualquier posibilidad de sentarse a hablar del tema. Aunque esto sería una nueva dilación.
En su momento, la administración provincial a través de la resolución 32/12 del Ministerio de Obras Públicas determinó que las columnas, construidas, instaladas y mantenidas por las cooperativas eléctricas que tienen la concesión del servicio, eran de su propiedad. Así, el canon que pagan las empresas privadas de TV por cable que las utilizan para su red, debería ser percibido por el gobierno y repartido según su propio criterio entre las entidades solidarias. Antes de esa maniobra, eran las mismas instituciones las que percibían esos dineros.
Las cooperativas pampeanas resistieron con energía ese pretendido despojo que tiene consecuencias importantes para su desarrollo. Sobre todo porque son esas columnas las que se utilizarán para la expansión del servicio de televisión por cable, habilitado por la nueva Ley de Servicios Audiovisuales, y la apropiación podría poner trabas a esa intención.
El movimiento cooperativo eléctrico pampeano, a través de la federación que lo representa, intentó llevar adelante un acuerdo por el que, aunque no se tratara la cuestión de la propiedad de las columnas, se determinara que el canon debía ser percibido por las entidades. Esas conversaciones sufrieron no pocas dilaciones por parte del gobierno y finalmente los dirigentes cooperativos se cansaron de esperar y de la falta de soluciones. Acudieron entonces a la Legislatura para promover una ley que dejara establecido que la propiedad de la red es de las entidades solidarias.
Mientras se trataba el proyecto, los diputados convocaron al Poder Ejecutivo para que haga conocer su punto de vista, y éste envió a un asesor del gobernador. El funcionario manifestó que se podía modificar la resolución 32/12 y dejó en claro que la cuestión de fondo de esa decisión es política y no económica. La actual administración provincial nunca se destacó por mostrar políticas de promoción del cooperativismo, y este conflicto lo dejó más que claro.
En la última semana, luego de que se hablara de llegar a un acuerdo, el gobierno decidió, en forma inconsulta y con el mayor de los sigilos, que los dineros recaudados por el pago del canon establecido por el uso de las columnas fuera distribuido tal como lo estipula la polémica resolución. Esto significa, en los hechos, que no piensa dar marcha atrás con la medida. Pero hay algo más: esta vez acudió a una maniobra solapada para que las cooperativas que no estaban prevenidas cayeran en una suerte de trampa: si aceptaban esos dineros, estaban aceptando también la vigencia de la resolución 32/12.
Advertida la estrategia oficial, desde la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa se recibieron esos fondos, pero fueron devueltos al Estado provincial. Desde la Fepamco se pidió a sus afiliadas que no aceptaran las transferencias de esos dineros, porque se estaría legitimando la apropiación de las columnas.
Desde el gobierno provincial quedó en evidencia, con esa artimaña, que no habrá acuerdo posible con las cooperativas y que el rumbo que las ubica como un factor secundario -cuando no marginal- de su política, se profundizará.