Aumentos a policías: su pago en discusión por "extorsivos"

Luego del amotinamiento policial en Córdoba, donde se produjeron saqueos, se acordaron aumentos. Ahora se
discute su pago. Algunos gobernadores han dicho que no van a cumplir con los acuerdos por ser "extorsivos".
IRINA SANTESTEBAN
El 4 de diciembre pasado, poco después del mediodía, el gobernador cordobés José Manuel de la Sota, rodeado por sus ministros y colaboradores, y algunos representantes de cultos religiosos, ante una platea con algunos referentes de la oposición provincial, anunció el acuerdo al que había arribado con los policías amotinados. En Córdoba, el levantamiento y el saqueo y pillaje consecuente, tuvo un saldo de dos muertos, 130 heridos, más de mil comercios asaltados y pérdidas por aproximadamente 400 millones de pesos.
El acuerdo firmado por el representante de los policías, el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, ex diputado radical, juecista y actual integrante del GEN de Margarita Stolbizer, preveía una suma fija de 2.000 pesos para diciembre y enero, en concepto de "uniforme", y un salario de 8.000 pesos para los agentes, además de la actualización de los montos que reciben por adicionales. También se negociaron planes de vivienda, mejoramiento de los servicios de la ART y la promesa de un boleto de transporte, entre otros puntos.
La asonada policial se replicó en doce provincias, con saqueos, doce muertos y caos en ciudades como Tucumán y Concordia, Entre Ríos. El gobierno nacional salió a rechazar los planteos policiales por "desestabilizadores" y "extorsivos", reiterando su negativa a permitir que los policías se organicen en sindicatos.

 

Responsabilidad local.
A más de un mes de esas protestas y acuartelamientos, algunos de los gobernadores que firmaron los acuerdos se niegan a hacerlos efectivos, aduciendo que fueron realizados "bajo extorsión". De la Sota y el bonaerense Daniel Scioli, en cambio, ratificaron que van a cumplir lo acordado. En una postura diferente, el entrerriano Sergio Urribarri no pagará los incrementos arrancados con la metodología de sumir en el terror a la ciudadanía. José García, el jefe de los fiscales entrerrianos, afirmó que "penalmente, el acuerdo es prueba del delito, del chantaje a punta de pistola en el sentido de que se extorsionó, se forzó un arreglo a partir de la situación que reinaba en las calles. El acta no tiene ninguna consecuencia jurídica, es ilegítima, nula, independientemente de lo que administrativamente se resuelva con relación a los aumentos allí contemplados".
José Alperovich, gobernador de Tucumán, dijo que va a pagar ese aumento, pero pasó a retiro a 25 comisarios y la Justicia está investigando la participación policial en los saqueos y desmanes de esas jornadas.
En Córdoba, el fiscal Raúl Garzón ordenó la detención de 16 policías acusados de "desobediencia e instigación a cometer delitos". El funcionario judicial no descarta nuevos arrestos, según surja de las declaraciones indagatorias que comenzaron ayer martes, en plena feria judicial. Otros 23 policías incluyendo cinco comisarios jefes departamentales, fueron pasados a retiro.

 

Incrementos.
El acuerdo con los policías, según la provincia, ha significado aumentos de entre un 33 por ciento y un 100 por ciento. Esto provocó la indignación de los gremios estatales, que todos los años deben luchar para que en sus paritarias se les reconozcan apenas los mismos guarismos que la inflación. Ahora, para 2014, la mayoría de esos gremios van a pedir incrementos salariales con un piso del 30 por ciento.
En 2013, la mayoría de los sindicatos firmó acuerdos salariales, que oscilaron entre el 22 por ciento hasta el 27 por ciento, tanto para los públicos como para los privados. Pero la inflación de ese año, según el "índice Congreso" ascendió a un 28,5 por ciento, muy lejos del 11 por ciento que informa el devaluado Indec.
La excusa de los gobiernos provinciales para negarse a otorgar los aumentos que piden los trabajadores estatales, es la "falta de recursos". Sin embargo, para los uniformados, deberán destinar mucho más que las previsiones presupuestarias habituales.

 

Policías con sueldos muy bajos.
¿Es exagerado el reclamo de los policías? No. Un salario de 8.000 pesos, para un agente policial, lo mismo que para un empleado público o uno del sector privado, o un jubilado, es una remuneración justa. En un país cuyo gobierno se ufana de sostener un "modelo productivo con inclusión social" y que ha crecido sostenidamente en los últimos años, generando ganancias extraordinarias para algunos sectores, no es ninguna exageración que los trabajadores pretendan ganar mejores sueldos, y alcanzar mejores stándares de vida, a tono con el alto consumo que el propio gobierno estimula, como forma de fomentar la producción de bienes y motorizar la economía.

 

¿Reclamo o asonada?
Que las policías provinciales y también las fuerzas de seguridad nacionales son un poder en sí mismas, se autogobiernan con mayor o menor grado de "independencia" del poder político y tienen fuertes vínculos con las redes del delito, no es novedad.
Eso no quita legitimidad al reclamo de un mejor ingreso, que se venía planteando desde hacía ya tiempo en el interior de las fuerzas policiales. Como carecen no sólo de sindicato, sino de todo tipo de mecanismo que les permita peticionar o negociar salarios o condiciones de trabajo, esas demandas se canalizan a través de las jerarquías y cúpulas policiales.
En este caso, los gobiernos provinciales confiaron en que esas cúpulas podían garantizar, como lo venían haciendo, una cierta "paz policial", a cambio de no molestarlos demasiado en los "negocios" habituales.
En Córdoba, dos meses antes del acuartelamiento, pasaron a retiro el jefe de Policía, Ramón Frías, y al ministro de Seguridad, el ex comisario Alejo Paredes, luego de que un programa de televisión, ADN, del periodista Tomás Méndez, denunciara los vínculos de policías de la sección de lucha contra la droga, con el narcotráfico. Después de esa denuncia, el jefe de esa dependencia, y varios uniformados más, fueron detenidos por orden del fiscal federal Enrique Senestrari.
Una sospecha muy fuerte es que luego de esas detenciones, hubo "faltante de droga" en los barrios, y que la policía provincial se vio privada de un negocio que, a todas luces, daba buenos dividendos que se repartían -desigualmente- desde la cúpula hasta los subordinados.

 

¿Deben ser respetados?
Está bastante claro que esos acuerdos fueron suscriptos por gobiernos débiles frente a una fuerza armada y con capacidad para organizar a la propia delincuencia, y sumir en el terror y la desesperación a la ciudadanía. La organización de verdaderas "milicias" en algunos barrios para repeler a los delincuentes provocó golpizas a jóvenes que nada tenían que ver con los saqueos, por el solo hecho de ir conduciendo una moto. Sin exagerar, fueron pequeños brotes de "escuadrones de la muerte".
Pero reconocer la falta de legitimidad, no del reclamo sino de los acuerdos arrancados "bajo extorsión", no significa que no deba exigirse, por parte de los trabajadores públicos, incluidos los policías, a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional, un salario inicial de 8.000 pesos. Si es justo que lo gane un policía, más lo debe ser para un docente. Y también para los profesionales de la salud, los judiciales o los municipales.
Es muy probable que si los gobiernos provinciales logran que la Justicia anule los acuerdos con la policía porque fueron "extorsivos", luego muchos de esos gobiernos intenten hacer lo mismo cuando se produzcan paros de los choferes del transporte o los médicos de los hospitales públicos.
Algunos periodistas no muy queridos por los trabajadores, ya lo vienen insinuando desde hace tiempo, en columnas de opinión donde se reitera la calidad de "rehenes" de los ciudadanos frente a las luchas de los trabajadores públicos, aún cuando se reconozca que sus reclamos son legítimos.
En el caso de la policía, considero correcto que se les impida la sindicalización, no sólo porque constituyen una fuerza armada, sino también por la poca democratización de la institución durante décadas. Una fuerza policial en estado de asamblea, es bastante difícil de adiestrar para la lucha contra la delincuencia o para la investigación de delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas, etc. Sí se podría permitir que elijan delegados para negociar salarios y condiciones de trabajo, sin derecho a huelga ni otras medidas de fuerza.

 

Derecho a huelga.
Avalando estas presunciones, en Córdoba, De la Sota se apresta a iniciar el año legislativo 2014, el próximo sábado 1 de febrero, anunciando un proyecto de ley para limitar el derecho de huelga en los llamados "servicios esenciales", a pesar de que esto ya está regulado por la ley nacional 25877.
El artículo 24 de esta norma permite a los gobiernos el establecimiento de "guardias mínimas", cuando se producen conflictos colectivos de trabajo en los servicios llamados "esenciales", que son enumerados taxativamente: los servicios hospitalarios, el control del tráfico aéreo, y la producción y distribución de agua potable, gas y energía eléctrica.
El mismo artículo establece que para incluir otros servicios en esta característica de "esencial", sólo podrá hacerse por ley del Congreso Nacional -no por una ley provincial-, y previo un procedimiento que debe incluir, necesariamente, una consulta o negociación con las entidades que nuclean a los empresarios y trabajadores del sector afectado.
El acuartelamiento policial quiere ser aprovechado por algunos gobernantes antiobreros para avanzar en la reglamentación del derecho de huelga, una aspiración que ni siquiera Carlos Menem, en la década del más crudo neoliberalismo en la Argentina, pudo lograr.